Referente del pueblo qom de la provincia, exdiputado provincial y dirigente del Instituto del Aborigen Chaqueño, actual miembro del Comité contra la Tortura, Egidio García, analizó la historia y la situación actual de los pueblos originarios.
Ayer se conmemoró el Día del Aborigen Americano en recuerdo del Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en 1940, en Pátzcuaro, México. Allí se reunieron representantes de las culturas indígenas para analizar su situación y organizarse frente al avasallamiento de sus derechos. En este encuentro se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México y que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el Chaco el 3,9% de la población se reconoce indígena. Se trata de 41.304 personas sobre un total de 1.055.259 habitantes. Ese porcentaje supera la media nacional de 2,4%.
Ante la efemérides, Egidio García, perteneciente al pueblo qom, exdiputado provincial y exdirigente del Instituto del Aborigen Chaqueño, actual y vicepresidente del Comité de Prevención de la Tortura, analizó la importancia de este día y el trabajo que realiza desde el organismo.
-¿Cómo fue el proceso de reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas?
-A partir del Congreso de Pátzcuaro se celebra el Día del Aborigen Americano de diferentes formas en cada pueblo, con momentos de reflexión y momentos de lucha. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, el movimiento indígena tiene su alcance en la normativa vigente y en todas las esferas de los estados. Hubo un gran avance, pero siempre hay puntos clave para lograr el respeto a los derechos humanos y nuestras leyes, teniendo en cuenta el contexto global y local, como hoy que estamos padeciendo a nivel mundial la pandemia de Covid-19.
En 1945, mediante el decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional, se reconoce la celebración del 19 de abril y en 1994, por primera vez y a través de la lucha de los pueblos indígenas, en nuestro país se incluye en la Constitución Nacional el artículo 75 inciso 17 y en la Constitución del Chaco el artículo 37, con el reconocimiento a la preexistencia étnica.
-¿Usted participó de ese proceso constitucional?
-Sí, participé y estuve en el proceso previo, se hizo un gran avance en esos años. En el Congreso de Pátzcuaro se logró un gran paso y luego vinieron los procesos de dictaduras militares en nuestro país. A pesar de eso el movimiento indígena nunca se quedó quieto, nunca estuvo en silencio. En 1960 se hicieron encuentros, se formaron organizaciones que nucleaban a los pueblos indígenas del continente.
En la Argentina, alrededor de 1975, se constituyó la Asociación Indígena de la República Argentina (Aira), encabezada por dos hermanos muy sabios, el doctor Eulogio Frites, un abogado coya que ya no está entre nosotros, y el hermano Nilo Cayuqueo, del pueblo mapuche. Ellos fueron a las Naciones Unidas y cuando regresaron, participando de los derechos humanos y de los derechos indígenas, fueron perseguidos por la dictadura.
En estos momentos se repite lo mismo en nuestro país y en el Chaco. Existe una vieja práctica de persecución racial y hostigamiento a las comunidades indígenas, a los dirigentes, a los que pensamos distinto en políticas de Estado. Lo que creemos y lo que queremos es cambiar esta realidad con políticas de Estado.
-¿Faltan políticas públicas para que estas leyes se hagan una realidad concreta?
-Nuestro Chaco se puede poner en vidriera internacional, aquí se ha avanzado mucho en normas a favor de los pueblos indígenas. Pero de ahí a la práctica, al resguardo de nuestros territorios, sitios sagrados y recursos naturales, está lejos de cumplirse. Sin embargo, todavía estamos de pie para luchar por estos recursos, por salud, educación vivienda. Hay participación indígena, pero falta el acceso a espacios decisorios.
-¿Cuál es su mirada de la situación de los pueblos indígenas desde el Comité de Prevención de la Tortura?
-Formé parte de la elaboración del proyecto de ley para la construcción de un mecanismo provincial de prevención de la tortura, estuve acompañando a quienes lo elaboraron, porque en esos años estuve trabajando como diputado. El primer comité que se constituyó fue ad honorem, luego me presenté al concurso para ser miembro en representación de los pueblos indígenas. Tratamos de marcar nuestra presencia en este organismo.
Llevamos bastante tiempo y me da la posibilidad para estar en contacto con las personas privadas de su libertad que pertenecen a comunidades indígenas. Existe persecución racial y hostigamiento, lo vivo permanentemente, vemos casos. Los monitoreos en contextos de encierro nos dan pie para conocer lo que están padeciendo las personas indígenas detenidas. Por ejemplo, la situación en educación, ya que la mayoría no sabe leer ni escribir. Hay mucho por hacer y trabajar.
Debemos avanzar, afianzar la lucha y poner en discusión la elaboración de políticas públicas en conjunto, pueblos indígenas y Estado, abordando la salud, educación, economía, fuerzas de seguridad, entre otras cosas. Ahora también las mujeres indígenas de las periferias de las ciudades del Chaco, junto con Mónica Caballero, una compañera del comité, se constituyeron en asamblea por las problemáticas específicas que están atravesando.
Realidad de la población aborigen en el país, la región y la provincia
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 (Indec 2012), en la Argentina el 3,03% (368.893) de los hogares cuenta con una o más personas que se reconoce como perteneciente o descendiente de un pueblo indígena. Cuando se analiza en términos de población el porcentaje se reduce a 2,38%. La región Patagónica es la que concentra el mayor porcentaje de población indígena sobre el total de habitantes (6,91%), continúa la región del Noroeste con 3,53% y el Noreste con 2,49%. El pueblo originario más numeroso es el mapuche (205.009 integrantes), después, le siguen el pueblo qom (toba) (126.967 integrantes), guaraní (105.907), diaguita (67.410), coya (65.066), quechua (55.493) y wichí (50.419). Estos siete pueblos concentran el 70% de la población originaria de la Argentina (Indec 2012).
En la región NEA, compuesta por el Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, de un total de 3.679.879 habitantes, 91.655 personas se autorreconocen descendientes o pertenecientes a un pueblo originario. Este número representa el 2,49% de la población de la región, levemente superior al promedio nacional (2,38%) (Indec 2015). El 48,27% se reconoció descendiente o perteneciente a la etnia toba y el 20,84% a la wichí, el 31% restante se divide en mocoví, guaraní, pilagá, entre otras. En el Chaco el 3,9% de la población se reconoce indígena. Se trata de 41.304 personas sobre un total de 1.055.259 habitantes. Ese porcentaje supera la media nacional de 2,4%. El 95,1% de esos 41.304 habitantes es descendiente de los pueblos originarios que históricamente han habitado la región del Chaco, el 74,5% se autorreconoció perteneciente al pueblo toba.
El 58,6% de la población indígena de la provincia vive en áreas urbanas y el 41,4% en áreas rurales. De los tres pueblos originarios más numerosos de la provincia (toba, wichí y mocoví), solo el toba presenta una proporción mayor de población urbana (60,5%); el wichí y el mocoví, en cambio, tienen mayor proporción de población rural. Según la información censal de 2010, existen 11.534 hogares con una o más personas que se autorreconocen como descendientes o pertenecientes a algún pueblo indígena u originario, de los cuales el 81% vive en viviendas deficitarias. Entre otras características socioeconómicas pueden mencionarse que, el 26% vive en condición de hacinamiento y el 73% se abastece de agua fuera de la vivienda y el terreno (el 50% de este tipo de abastecimiento es a través de perforaciones con bomba a motor o manual; pozo; transporte por cisterna o agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia). Además, puede agregarse que: el 14% de población indígena con más de diez años es analfabeta (45% varones y 55% mujeres); el 84% no tiene una obra social, prepaga o plan estatal y el 16% de la población de más de 65 años carece de una jubilación.
En general los movimientos migratorios de la población indígena a los centros urbanos son producto de las transformaciones socioeconómicas en los ámbitos rurales, y el avance de diferentes actividades productivas, en especial ligadas al capital agroindustrial, sobre los territorios en que se asientan estos grupos. En la mayoría de los casos, el traslado de sus costumbres y estilos de vida a espacios periurbanos, sin la infraestructura adecuada, no hicieron más que aumentar la brecha de desigualdades con el resto de la población.