El Chaco es la segunda provincia del país que registra más uniones civiles o matrimonios en los que la mujer es menor de edad y está en pareja con un hombre de más de 18 años.
Esa realidad la reveló un reciente informe de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), que relevó las uniones convivenciales en todo el país.
De acuerdo con el trabajo de la oenegé, en la provincia el 6,9% de las parejas que conviven (formalizadas o no) está conformada por una mujer que no alcanzó la mayoría de edad y un hombre que sí tiene más de 18 años.
Un panorama similar se repite en prácticamente todo el NEA (noreste argentino) y también en el NOA (noroeste del país).
El elevado porcentaje de uniones civiles con disparidad en las edades de sus integrantes plantea una serie de alertas en torno a la violencia contra mujeres e hijos y también en lo que respecta al embarazo adolescente.
«Es un tema ignorado en la Argentina y no se lo identifica como una manifestación de la violencia hacia mujeres y niñas», dijo la médica Mabel Bianco, presidenta de Feim, a la Agencia Télam.
El estudio diagnóstico que se conoció la semana pasada lo está realizando la oenegé en el marco del proyecto Matrimonios y Uniones Convivenciales en la Argentina, que se está desarrollando desde octubre de 2019 con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para Mujeres para la Lucha contra la Violencia.
En resumen, el trabajo detectó que casi el 5% de las mujeres menores de 18 años en la Argentina están casadas o en situación de convivencia con hombres mayores, y los índices más altos se registran en el Norte Grande, particularmente en Misiones, Chaco y Formosa.
El informe presentado busca visibilizar que el matrimonio infantil es una forma de violencia.
Se hizo en base a datos del último censo de 2010 «porque el de 2020 no pudo hacerse debido a la pandemia» y «mientras esperamos el nuevo censo lo vamos a completar con encuestas con niñas, población y funcionarios», detalló la profesional.
La idea «es estudiar los factores determinantes para comparar zonas de mayor y menos frecuencia de matrimonio y uniones infantiles, para plantear si hay posibilidad de elaborar un índice de riesgo familiar. La pregunta es ¿podemos encontrar determinantes familiares, sociales, para que las niñas entren en uniones y matrimonios?», analizó Bianco.
En el documento se introdujeron los conceptos básicos para entender esta problemática: el matrimonio infantil es toda unión formal o informal en la que una o ambas partes tienen menos de 18 años, y se lo considera forzado si no hay libre consentimiento.
En personas menores de 15 es siempre forzado ya que no tienen capacidad de consentir.
Esta definición la toma el proyecto de investigación, si bien la normativa argentina sobre matrimonio establece que el menor de edad que no haya cumplido 16 años puede casarse si el juez lo autoriza. y si ya los cumplió puede casarse si tiene autorización de sus representantes legales y, si no la consigue, puede recurrir a la Justicia.
Según el análisis cuantitativo, 4,7% de las niñas y jóvenes menores de 18 años del país está casado o conviviendo.
Y son ellas «las que abandonan la escuela, se convierten en niñas o adolescentes madres, tienen mayor riesgo de infecciones con VIH y están en peligro porque aumenta el riesgo de que sean víctimas de violencia de género», resumió Bianco.
En cuanto a las provincias con frecuencias más altas de matrimonio y uniones infantiles en edades de 14 y 17 años inclusive, en el informe se listó de mayor a menor a Misiones (7,2%), Chaco (6,9), Formosa (6,4%), Santa Fe y Entre Ríos (5,4%), Santiago del Estero y Corrientes (5,3%), Salta (5%) y La Rioja (4,9%).
Para mostrar la relación entre el matrimonio infantil y el embarazo adolescente, el estudio resaltó que Misiones y el Chaco presentan los mayores porcentajes de madres menores de 20 años con primaria y ciclo básico completos.
Son las mismas provincias que encabezan la estadística de matrimonios y uniones.
Formosa, la tercera en porcentajes más altos, tiene altos índices en el departamento Ramón Lista, en el límite con Salta: un 15.4%, es decir, duplica el porcentaje provincial.
«Es estas zonas, y en otras, debemos encontrar soluciones preventivas y de intervención junto a las mujeres de las comunidades, por eso vamos a avanzar en encuentros con ellas», adelantó la titular de Feim y destacó que «los problemas más frecuentes que conlleva el matrimonio o las uniones en la adolescencia están relacionados con la violencia que padecen las chicas en mayor medida, con un claro predominio en el NEA y el NOA)».
Una realidad que enciende alarmas y se vincula con la violencia machista
La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) relacionó su informe con las estadísticas oficiales sobre femicidios, es decir las que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Centró ese análisis en menores de 20 años y encontró que 119 niñas, adolescentes y jóvenes fueron víctimas de femicidio, tanto directo, como vinculado entre 2017 y 2019.
Además, 72 niñas y adolescentes de entre 14 y 19 años fueron víctimas directas de femicidio, de las cuales el 50% tenía vínculos entre parejas y ex.
También agregó cifras de llamados a la línea telefónica nacional 144 de atención, contención y asesoramiento antes situaciones de violencia de género.
Así surgió que desde 2019 y hasta el primer semestre de 2020 se recibieron allí 688 llamados que involucraban a niñas y jóvenes de entre 10 y 18 años inclusive, y que en el 50% de las situaciones, el agresor era la pareja, novio o el ex.
En 2019, el 100% convivía con su pareja/novio, frente al 98% de 2020.
Para la presidenta de Feim «es necesario un análisis sobre la interseccionalidad de las niñas y adolescentes víctimas de violencia», es decir, ver las realidades de ellas que será distinta si son migrantes o indígenas, o tienen una discapacidad.
«Si bien en el Norte Grande (NEA y NOA), el factor cultural y étnico influye en las altas frecuencias, debido a la migración a otras provincias, es difícil saber en qué medida siguen pesando estos factores en otras áreas. La pobreza es un determinante también de estas uniones o matrimonios», analizó la profesional, en diálogo con Télam.
Asimismo, alertó que «el aislamiento, la restricción de la libertad y el embarazo posicionan a las niñas y adolescentes en una relación desigual de poder con sus parejas y con la imposibilidad de poder acceder a información, atención de su salud, educación y a sus redes familiares, volviéndose un círculo peligroso de violencia. Esto último se vio incrementado con la pandemia de Covid».
El año pasado el Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló que en América Latina y el Caribe, la única región del mundo donde no se redujo el matrimonio infantil en los últimos 25 años, una de cada cuatro niñas se casa.