Días atrás se concretó una jornada virtual de sensibilización sobre la trata de personas, organizada por la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano perteneciente al Ministerio de Gobierno y Trabajo, actividad articulada con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En la jornada, que fue abierta al público, se abordó ejes como la concienciación e información, desmitificación, el rescate y asistencia a víctimas y la prevención a través de la participación de la licenciada Zaida Gatti, coordinadora del programa nacional.
«El encuentro brindó herramientas necesarias para la prevención del delito de trata de personas en nuestro país y en la región, así como la detección temprana de casos y el abordaje necesario para el rescate y para la asistencia integral a las víctimas y la restitución de sus derechos», expresó la directora de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Marcela Acquisgrana.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Raúl Bittel, en contacto con Radio Nacional Resistencia, tras participar del encuentro explicó los principales lineamientos del mismo.
«Este es un delito bastante nuevo, podemos decir, porque su ley, 26364 es de 2008 y en la provincia nos adherimos en 2009, entonces como que hay una tarea de fortalecimiento en el mensaje, de conocer de qué se trata este delito que es tan duro y difícil porque afecta a una familia particularmente por la pérdida de uno de sus miembros, pero también a la persona víctima para recuperarse», indicó.
abrir la cabeza
«En ese sentido, quienes no estamos muy cerca sobre la construcción de este mensaje nos abrieron muchísimo la cabeza con un montón de datos útiles, es necesario comprender un montón de cuestiones que uno entiende que están dadas por ciertas y por ahí no son verdad», continúo describiendo el funcionario. «El delito de trata involucra un montón de acciones desde el ofrecimiento, la captación, el traslado, la acogida, que van afectando a una persona y a su familia y hay que conocerla, conocer los mecanismos del Gobierno, del Estado», destacó.
Al mismo tiempo resaltó la amplia participación que tuvo este encuentro: «Durante toda la capacitación, más de 100 personas que estuvieron todo el tiempo no solo escuchando, sino también participando, conociendo sus opiniones, hay que conocer este delito, los mecanismos que tiene este delito», indicó. Y más adelante dimensionó: «La trata no es solamente para la prostitución como uno cree, sino que se da bajo engaño, amenaza, violencia, bajo la libertad de esta persona que es víctima de este delito, muchas veces no necesariamente puede estar atada o encerrada, sino que puede estar en libertad, pero bajo amenaza o amedrentamiento, no puede decir nada o salir del ámbito en el que la involucraron y realmente hay que conocer esto», consideró. «Nosotros vamos a acompañar desde el ministerio, a la subsecretaría, al gobernador, porque realmente le preocupa muchísimo este tema», aseguró.
En este sentido recordó que «a principio de marzo el gobernador presentó el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, donde no solamente se llevó adelante un protocolo de actuación ante las situaciones de personas desaparecidas, sino que se les dio herramientas tecnológicas y físicas, como por ejemplo lanchas para la búsqueda por río, motos, en este momento se incorporaron unidades nuevas para las búsquedas por tierra, realmente el gobernador está muy preocupado porque sabe de la congoja de cada una de estas familias al perder contacto con un familiar y creo que el Estado debe ser el primero en accionar, y rápido para que las personas en caso de ser secuestradas rápidamente se las encuentre y, en el caso de estar perdida, también volver a las familias y tener el Estado acompañando el proceso de recuperación de la situación», aseguró.
trata en
tiempo de covid
En su exposición Gatti señaló que «la trata de personas no discrimina etnia, género, edad ni estrato social. Los grupos más vulnerables son mujeres, niñas, niños, migrantes y comunidad LGBT+», aseguró. Asimismo, explicó que en este contexto mundial de pandemia esta problemática se intensificó: «En 2020, el secretario general de la ONU declaró que la pandemia Covid-19 agudizó las desigualdades y eso expuso a millones de personas a un mayor riesgo de ser objeto de trata con fines de explotación sexual, trabajo forzoso, matrimonio forzado y otros delitos. La Argentina no escapó a esa situación y, si bien la detección de casos fue considerablemente más dificultosa, se mantuvo el mismo objetivo, logrando resultados altamente satisfactorios».
Al tiempo que explicó: «Desde el inicio de la pandemia Covid-19, quienes se encontraban en un contexto de explotación se tornaron más vulnerables, lo que agudizó su situación. El aumento en los controles de movilidad, cierres de fronteras e imposibilidad de contacto con seres humanos que no fuesen sus propios explotadores, fue advertido y ágilmente utilizado por las redes delictivas. De este modo, permanecieron en condiciones de mayor aislamiento, trabajando largas jornadas y viviendo en lugares precarios y en condiciones insalubres», afirmó.
«Dentro de las nuevas formas que tomó el delito, se detectaron casos de explotación sexual a través de redes sociales, utilización de servicios de delivery de víctimas, a domicilios privados», enumeró.
Al momento de detallar las acciones, la referente del programa nacional precisó: «Desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y hasta el 31 de marzo de 2021 se rescató y asistió un total de 1.276 víctimas. En el mismo período, a través de la Línea 145, nacional, gratuita y anónima, se recibieron 1.800 denuncias por casos de trata y explotación, se brindó asesoramiento a 1.652 personas que tomaron contacto para denunciar delitos asociados al de trata y explotación. Bajo la órbita del programa nacional funciona también la Línea 149, en la cual se reciben consultas de la ciudadanía respecto de otros delitos. En esta se hicieron 1.400 orientaciones y derivaciones a otros organismos».
También recordó que «en diciembre de 2020 fue aprobado por el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, el Plan Bienal elaborado por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. El plan contempla cien acciones divididas en cuatro ejes, para el abordaje integral de la problemática: prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento y articulación institucional. Actualmente se encuentran en curso más de la mitad de las acciones, llevadas adelante por los organismos miembros y asociados».
Gatti a modo de análisis sostuvo que «la trata de personas es un delito que afecta la dignidad y la libertad de las personas, por eso invito a la sociedad a sumarse a esta lucha: las desapariciones de personas deben ser denunciadas en forma inmediata y tienen que ser tomadas en el momento, ya que podría ser un caso de trata. También denunciar los avisos de ofertas de comercio sexual (papelitos pegados en la vía pública publicitando «mujeres para pasar momentos de placer»), las mismas no son más que víctimas».
Leyes y tratados
La República Argentina asumió el compromiso de combatir el delito de trata de personas promulgando el 29 de abril de 2008 la Ley 26364 de «Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas», modificada a su vez por la Ley 26842 y promulgada el 27 de diciembre de 2012. Con la creación de esta norma el Estado nacional dio cumplimiento a obligaciones internacionales asumidas con antelación. En 2002 la Argentina ratificó el «Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional», también conocida como Protocolo de Palermo (Italia).
En concordancia con ello se promulgó la citada Ley 26364 que permitió incorporar el delito de trata de personas al Código Penal de la Nación, dotando al sistema legal de un marco preventivo, represivo y asistencial para hacer frente al delito con el fin de erradicarlo. La sanción de la ley habilitó la creación de organismos gubernamentales que se ocupan de la persecución del delito y asistencia y acompañamiento a las víctimas desde el momento mismo del rescate en los lugares de explotación, esto último abordado desde un enfoque multidisciplinario, con equipos técnicos especializados que garantizan que las víctimas reciban apoyo psicológico, médico, asesoramiento jurídico y conocimiento de sus derechos en tanto que son víctimas de un delito y no responsables por la comisión de este.