Tal como se adelantó, el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) se constituyó como querellante del asesinato de Josué Lago, en los autos caratulados «Fiscalía de Derechos Humanos S/ Inicia Actuaciones por Homicidio», Expediente 5337/2021-2, representado por el vicepresidente del organismo Egidio García. La calificación legal fundamentada por el Comité es la de «homicidio doblemente calificado por ser cometido por odio racial y por un integrante de las fuerzas de seguridad». El planteo se formula, en principio, contra cinco funcionarios policiales, todos pertenecientes a la comisaría de General San Martín y que al momento de los hechos prestaban servicio.
Mientras que, por otro lado, el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, explicó en declaraciones a Radio Provincia que la situación se va a clarificar cuando se concluyan los informes pertinentes del Gabinete Científico en el peritaje de los elementos encontrados en el lugar.
la investigación
Canteros, en primera medida, reconoció que «en principio pareciera que se trató de un homicidio, pero todavía hay que determinar el origen». Tras lo cual explicó: «Se está tratando de establecer si realmente hubo un llamado desde los que habían producido el enfrentamiento en el barrio al Servicio 911, porque eso fue el origen de la presencia policial al lugar. Cuando los agentes que prestan servicio en el destacamento policial se hicieron presentes en el lugar fue necesario pedir refuerzos porque la situación se puso muy compleja», describió.
«Lo que se sostiene es que hubo por parte de uno de los cinco policías una situación donde se le había trabado la Itaka que dispara postas de goma y habría utilizado un arma policial», dijo el procurador general.
El procurador destacó que durante los incidentes «no permitieron el ingreso de ningún funcionario judicial, el fiscal de turno de General San Martín, tuvo que trabajar a 400 o 500 metros del lugar dando las instrucciones al ayudante fiscal, que luego también fue corrido del lugar por parte de la gente que se encontraba muy exaltada, luego de producida la muerte de Josué Lago».
Por lo cual precisó que «el doctor Fonteina, a cargo, solicitó que se traslade la mediadora y el médico forense del Instituto Médico Forense al lugar. Luego asumió la investigación penal preparatoria la fiscala especial en Derechos Humanos de Sáenz Peña con competencia en el interior provincial, la doctora Silvia Sluzar», señaló.
Canteros agregó que según la declaración de la doctora Silvia Sluzar a medios de comunicación, «aún no se puede establecer con certeza el arma que causó la muerte de José Lago sea de pertenencia policial».
más pedidos
de justicia
Mientras que desde el Comité Provincial contra la Tortura consideraron que «la violencia y la discriminación por parte de la Policía hacia las comunidades indígenas se reiteran una y otra vez en el Chaco, como forma de criminalizar la protesta social». En este punto recordaron los hechos sucedidos durante 2020 en el barrio Bandera Argentina, de Fontana, el ataque contra la comunidad wichí y la Guardia Ambiental Washek y los sucesos en el barrio Toba de Resistencia. «Son necesarias reformas de fondo de las políticas de seguridad de la provincia», afirmaron.
Asimismo, desde la delegación provincial del Inadi se sumaron al reclamo de justicia que realizaron en forma pública familiares de Josué Lago. La delegada del Inadi en el Chaco, Nancy Sotelo, expresó el acompañamiento del organismo nacional a la familia de la víctima y solicitó el urgente esclarecimiento del hecho.
«Desde el Inadi repudiamos cualquier tipo de violencia contra las comunidades originarias y, a la vez, manifestamos el acompañamiento institucional a la familia de la víctima», señaló la delegada, destacando la necesidad de que la investigación que lleva adelante la Justicia se realice con celeridad para esclarecer lo ocurrido, encontrar a los responsables de la muerte del joven de 23 años y evitar que se produzcan nuevos hechos de violencia.
A su vez desde la organización Jóvenes de Pie participaron de las movilizaciones y marchas en demanda de justicia bajo la consigna «Lxs jóvenes estamos en peligro», con el fin de visibilizar «la extendida problemática de los abusos y criminalización de lxs jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de políticas de control por parte de los gobiernos».
Laura Cánepa, coordinadora de Jóvenes de Pie en la provincia, afirmó que «la muerte de Josué es una consecuencia más de la impunidad y el incumplimiento total de las leyes y de la doble discriminación y exclusión que se sufre al ser joven, humilde y qom».
Por su parte, Juan Soto, referente del movimiento, enfatizó: «No podemos seguir aceptando estos hechos como algo natural y cotidiano. Durante la pandemia se puso sobre la mesa la falta total de control que existe sobre la Policía en todo el país, lo que da cuenta que no son casos aislados».
En tanto Mariana Sánchez Malo, coordinadora nacional de Jóvenes de Pie, relató: «En este contexto cada vez más complejo para las/os jóvenes, con falta de trabajo formal, acceso desigual a la educación e insuficientes políticas de contención, que los gobiernos respondan con mano dura nos parece una total demagogia y falta de sensibilidad. Culpar a las/os jóvenes de los males de nuestra sociedad es tirar la pelota para afuera en una Argentina en el que más de la mitad de las/os ciudadanas/os es pobre».