La presentación de un nuevo proyecto de ley para la colegiación obligatoria de abogados, por pate del bloque oficialista en la Legislatura del Chaco, vuelve a dividir las aguas entre las instituciones que los representan a estos profesionales, el Colegio y el Consejo, ya que los primeros rechazan esta posibilidad mientras que los segundos la respaldan, retomando así sus posturas históricas.
Mientras que, desde el Colegio de Abogados, su presidente Sergio Soucasse, explicó el motivo de la oposición del sector que representa al señalar que la colegiación obligatoria limitaría el ejercicio de la profesión para más del 50% de los abogados, atento a que dispondría nuevos costos, no solamente para ejercer, sino también para cualquier trámite que se realice, restringiendo el acceso a la justicia de los ciudadanos. Al tiempo de recordar que la ley que se encuentra en vigencia fue sancionada en 2014 después de un año de consultas en todo el territorio.
Por su parte, desde el Consejo, encabezado por Ricardo Urturi, afirman que «la mejor forma posible de organización del ejercicio profesional de la Abogacía, como de cualquier otra profesión liberal, es la «colegiación legal», entendiendo que de esta forma el control de la misma ya no sería delegada al Estado, como sucede actualmente, sino que serán los propios matriculados los que ejerzan el control del ejercicio de su profesión. Al mismo tiempo aseguraron que los costos que esto representen serían ínfimos, en comparación de los beneficios.
la postura
del colegio
En contacto con Radio Facundo Quiroga, Sergio Soucasse, presidente del Colegio de Abogados, consideró que se busca instalar este tema «en plena pandemia, donde las profesiones liberales fueron las más castigadas», y señaló se vuelve a insistir en «un proyecto en el que doce diputados de la bancada oficial, entre ellos nuevamente Jesica Ayala, que el año pasado ya intentó avanzar en soledad en este tema, pretendiendo en un texto extenso, de 87 artículos, la colegiación compulsiva, es decir en concreto, que la matrícula la regulen los colegios de abogados, pero que se cobre para ejercer, va a imponer una carga monetaria importante en cada causa que se presente, y en cada diligencia que se presente, cada cédula, escrito de urgencia o lo que fuera, se va a pagar para poder litigar, o sea se va a encarecer y con esto denegar o restringir el acceso a la justicia, por un lado al justiciable y por otro lado corporativizar y sectorizar la profesión, porque obviamente va a limitar al 50% de los abogados porque les va a ser imposible e insostenible poder llevar adelante esos costos», detalló.
También recordó que fueron varios los intentos de avanzar en este sentido, siempre rechazados por los abogados que «en su mayoría no queríamos la colegiación compulsiva obligatoria, y sectorizada» y destacó que «en 2014 se sancionó la última ley, para lo cual se recorrió toda la provincia, las seis circunscripciones, se escucharon todas las voces, es decir la ley llevó todo el año, hablar con las circunscripciones, con los colegios de abogados, con todo el mundo, se aprobó por unanimidad la nueva ley de ejercicio profesional, que hoy tiene un poco más de siete años, fue votada y consensuada por toda la provincia y está en su plenitud, tiene poca vida y no hay ningún problema con la nueva ley, todo lo contrario, trajo grandes soluciones y reconocimientos legales a los siete colegios de abogados existentes, es decir a los dos de la primera circunscripción y los cinco del interior», describió.
«Apelamos a que se rechace este proyecto, si no tenían conocimiento de la sanción de una ley vigente, plena, donde reconoce a todos los abogados y muchísimos derechos de los abogados, donde están previstas las sanciones para los abogados en el caso de incumplimiento y además», recordó.
Asimismo, destacó que la iniciativa fue elaborada sin previa consulta. «Nadie sabía de esto, nos enteramos por la presentación».
Soucasse también comentó que comenzaron las gestiones para sentar su posición: «Hemos mantenido una reunión ampliada con todos afiliados de todos los sectores, informalmente hemos tenido contacto con las autoridades, y formalmente se presenta a cada bloque, al presidente de la Cámara de Diputados, y a cada diputado una nota formal de pedido de audiencia y obviamente una campaña de difusión pública para informar de esta situación, por la desinformación que hay».
A modo de reflexión final el referente de los letrados sostuvo: «Nuevamente se vuelve a insistir con que la profesión no está regulada y no hay ningún respaldo normativo, y es todo lo contrario, hay una ley plena nueva vigente donde están expresamente contemplados todos los impuestos, y obviamente lo primero que se respeta es el libre acceso de los justiciables, o sea los ciudadanos, y de los abogados de litigar libremente sin tener que pagar porque directamente sería imposible sostener los costos, que era difícil antes de la pandemia».
Y añadió: «Tiene que haber una campaña de información de que hay una ley reciente que fue debatida durante un año, y se aprobó el 10 de diciembre de 2014, llevó todo un año trabajar en esa ley, es absolutamente falso que no exista, lo que hay es sectores corporizados con intereses económicos muy fuertes que están a la vista».
Tras lo cual añadió: «obviamente vamos a dar batalla en todos lados, como tiene que ser respetando el libre ejercicio de la profesión».
La posición
del consejo
El Consejo de Abogados, a través de un comunicado, sentó su posición: «La mejor forma posible de organización del ejercicio profesional de la Abogacía, como de cualquier otra profesión liberal, es la colegiación legal», y explicaron que «esa forma de organización supone que el Estado delega en una organización que crea al efecto el Colegio Público, la competencia para la organización de la matrícula profesional y para que sean los propios matriculados los que ejerzan el control del ejercicio de su profesión». Y entendieron que «se trata de realizar en los ámbitos profesionales los mismos principios de autogobierno democrático y de gobierno representativo que rige en los ámbitos más elevados de la comunidad política, otorgándoles la posibilidad de tomar sus propias decisiones, en libertad y mediante el intercambio racional de ideas».
Más adelante recordaron que «es curioso que hasta ahora hayamos sido precisamente los abogados quienes en el Chaco más resistimos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones como grupo profesional, prefiriendo la tutela del Estado, negándonos a todo control efectivo sobre la ética de nuestro ejercicio profesional y desinteresándonos de toda alternativa para trabajar juntos por el mejoramiento de nuestras condiciones profesionales».
Por esto celebraron que «ahora podamos nuevamente discutir el modelo de organización que queremos para nuestra profesión a partir del proyecto de ley presentado por gran parte del bloque del Frente Chaco Merece Más, proponiendo la derogación del régimen legal hoy vigente e instaurando la colegiación legal de la Abogacía en la provincia».
» Sobre los costos y el control del ejercicio
Desde el Consejo respondieron también a la principal crítica de sus opositores e instaron a «dar una discusión seria y productiva sobre los aspectos reales de la colegiación legal, dejando de lado las críticas que, no por rancias, llegan a ser verdaderas, a saber: la colegiación legal no es inconstitucional, en tanto que ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de forma unánime».
«También esperamos que se abandone el fantasma de la onerosidad del sistema, porque el proyecto de ley que se ha presentado contempla un monto absolutamente mínimo, tanto porque cualquier base económica es discutible y su decisión queda, además, siempre, en manos de los propios matriculados. Muy distinto a lo que pasa hoy donde nuestra matrícula es una tasa más de las que unilateral y discrecionalmente fija el Estado, en este caso el Superior Tribunal de Justicia, sin consultarnos ni participarnos», recordaron. «En igual sentido, el proyecto de ley presentado consagra una solución que siempre propiciamos para desalentar cualquier obstáculo económico en los momentos iniciales del ejercicio profesional: la exención del pago de la matrícula para los noveles profesionales, por un plazo razonable que les permita comenzar y asentarse en el ejercicio profesional», añadieron. «Para el resto de los profesionales, prevé el pago de una suma anual ínfima, con la salvaguarda de que la propia ley fija un tope que nunca podrá superarse salvo que medie reforma legislativa, es decir que los aumentos no están siquiera al alcance de los órganos directivos del Colegio Público que se crea», aseguraron. «La cuestión económica es simplemente una excusa que se ventila con fines de asustar a quienes piensan que la colegiación legal encarecerá el ejercicio profesional, sin detenerse en contar los enormes beneficios que reporta para los profesionales matriculados y desconociendo en el caso concreto la regulación que propone una suma anual accesible para todos, limitada además por un tope legal que le impide incrementarse».
Por otra parte, desalentaron a que «no se agite el mito de la imposibilidad de que los abogados podamos juzgar nuestra propia ética, prefiriendo así que la ética de los abogados sea impuesta por los jueces. La ética profesional se nutre de las pautas que una comunidad de profesionales entiende como las ideales y aceptables para el adecuado y correcto ejercicio de esa profesión liberal, razón elemental por la cual en su juzgamiento deben intervenir los que practican esa profesión, no quienes son abogados, pero no ejercen esa práctica», entendieron. Los abogados debemos abandonar ese mismo elitismo que confía más en los jueces que en nuestros propios colegas», opinaron.
Añadieron también que «debe advertirse que esta regulación del ejercicio profesional no puede quedar presa de la oposición corporativa de una parte de la Abogacía que resiste la adaptación al sistema de autogobierno y control de la ética profesional por los propios pares de la profesión. Es que se encuentra implicado aquí el interés público que excede notablemente al simple interés de quienes no quieren verse controlados.