Como sucede con los hechos de actualidad que involucran a algún personaje público, el caso de Chano Charpentier, excantante de Tan Biónica, baleado por un policía bonaerense que acudió a un llamado de su madre debido a un episodio derivado de problemas de adicción, abrió una serie de debates a tres problemáticas comunes que afectan a la sociedad y que se evidenciaron, como botón de muestra: el gatillo fácil, el consumo de drogas y la salud mental. En este sentido reflexionó la jueza de Faltas de Barranqueras e integrante de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Sandra Saidman, en contacto con Radio Libertad, y a través de una columna de opinión publicada en la revista Litigio. Para la funcionaria, este caso demostró las falencias del sistema al momento de la contención, donde ese evidencia la falta de recursos de Salud Pública para la asistencia como así también la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad ante estas situaciones.
«El episodio de Chano espero que sirva para reflexionar acerca de cómo se trabaja y qué está pasando con tantas miles de víctimas anónimas del desmanejo que hay en relación a las adicciones. Nosotros que estamos en la trinchera y trabajando con estos temas desde siempre, yo veo esto como una oportunidad de reflexión y de reacción, sobre todo, en cuanto a las políticas públicas», manifestó.
qué establece
la ley
La magistrada recordó que en el país se encuentra vigente «la Ley de Salud Mental tiene casi once años, el Chaco adhirió a esa ley y se pusieron en marcha muy de a poquito algunas cuestiones en relación al cumplimiento de la ley. El eje fundamental de la ley es sacar al adicto, a la persona consumidora, de la órbita de la Justicia, de la criminalización o punición, y trasladarlo al sistema de salud y de contención social», explicó.
Asimismo, reconoció que el cumplimiento de este objetivo «es muy difícil porque los dispositivos de salud mental se abren en la provincia muy a cuentagotas, a veces no tienen recursos, el personal está mal pago, veremos si con la nueva ministra de Salud, Carolina Centeno, conocedora de la realidad de lo que está pasando en salud mental, podemos avanzar un poquito», sostuvo.
En base a su experiencia, Saidman detalló: «La verdad que la familia, cuando hay una descompensación, ya sea por consumo o por abstinencia, porque es muy común que los chicos roben a su propia familia, o hagan desórdenes porque no tienen más dinero para consumir, y no hablamos solamente de sustancias ilegales, porque el alcohol es legal, lo venden en cualquier esquina y también produce adicción, el alcoholismo es un problema histórico que no es abordado seriamente desde las políticas públicas», aclaró. «La cuestión es que uno llama al 911, a la Policía, porque los servicios de salud mental no cuentan con ambulancias o equipos de contención, si uno pide asistencia en una emergencia porque mi hijo está desbordado, está intoxicado, produciendo desórdenes», describió.
Saidman explicó que el caso ideal «es que la Policía debiera acompañar únicamente al personal especializado de salud mental y eso no ocurre».
La funcionaria destacó además que la provincia este año, «en marzo y abril, elaboró un protocolo de seguridad para la fuerza policial y para el personal de salud, porque hay otra cuestión también, salvo la guardia del hospital Perrando, que es el más grande de la provincia, la Policía se queja de que llevan a los chicos a los centros de salud o los hospitales de otras ciudades o localidades y no lo quieren recibir. Entonces lo que termina haciendo el adicto descompensado o el alcohólico con intoxicación a veces en segundo grado, es ser depositado en las celdas de las comisarías, esto es lo que la ley viene a evitar o pretende evitar. Nosotros tenemos un protocolo a partir de este año de cómo deben intervenir las fuerzas de seguridad y el personal de salud ante estos casos», comentó.
Para la jueza de Faltas «no es mala la ley, ni son malos los protocolos, lo que es malo es que venimos siempre atrás, la fuerza de seguridad, el sistema de salud, en cuanto a recursos y capacitación. Creo que tiene que pasar como con género», consideró
Parte de la solución de esta problemática, para Saidman, pasa por la capacitación: «Hay que capacitarlos, contarle a la Policía que existe esto, está firmado por su ministra de Seguridad, por la ministra de Salud, que está esta ley, que deben conocer, practicarlo y hacerlo. Por ejemplo, el protocolo tiene medidas de disuasión, generalmente cuando las personas ven a la Policía se calman, muchas veces no resulta difícil este aspecto, porque con la sola presencia de la Policía y el personal de salud, tanto las personas con padecimiento mentales o el que está en estado de intoxicación sube a la ambulancia, pero bueno todo eso son tácticas, que sabe la Policía, que conoce, para eso practica, sabe cuáles son las tácticas para reducir una persona y no terminar tirando un tiro como sucedió», señaló.
También alertó de los riesgos que conlleva esta falta de asistencia médica en hechos como estos: «Muchos casos terminan lamentablemente en la celda y con suerte que no haya una descompensación, que no le suceda algo grave. Lo ideal es que la Policía traslade a la persona al hospital o centro de salud más cercano, y el médico hará lo que corresponde para su desintoxicación y ahí también la gente de los servicios sociales deberá tomar el caso, para que un equipo de salud mental contacte a la familia, para comenzar a abordar la problemática», detalló.
Por esto entendió que se debe «empezar a hacer docencia, a reunirnos con la Policía, pasarle a la gente de salud pública de cada localidad, la ley, el protocolo y hacer como pasa con género».
Otro inconveniente que detectó la jueza en estas situaciones es la falta de centralización de las áreas específicas abocadas a la temática: «El problema que tenemos es que este sector en el hospital Perrando, que debería tener una ambulancia, no depende de la Dirección de Salud Mental de la provincia, depende del hospital, y cuesta articular porque por ejemplo los dispositivos con los que trabajamos en Barranqueras, que son La Lomita y Don Orione, que sí dependen de Salud Mental, hasta a ellos les cuesta articular con el hospital porque depende de la dirección del hospital, en vez de estar todos concentrados en una sola área, se encuentran dispersos», aportó.
La magistrada reconoció que «son muchísimos casos los que se dan como estos. Vamos a seguir llamando al 911 y la Policía cada vez tiene que estar más capacitada para más problemas y más asuntos que la sociedad está teniendo y son a los que siempre acude».
Red Provincial de Salud Mental
La Ley Nacional de Salud Mental 26657 dispuso la instrumentación del modelo de cooperación interministerial y la asignación de recursos humanos y financieros, junto con equipamiento en materia de infraestructura edilicia, para abordar integralmente la atención de personas con padecimientos mentales y fortalecer la ejecución del programa provincial.
Con la sanción en noviembre de 2010 de esta norma, en el mismo año, se creó de la Dirección Nacional de Salud Mental, que permitió encarar un trabajo articulado y cooperativo permanente en la materia entre Nación y Provincia.
En materia de salud mental local, la organización del sistema provincial tiene aproximadamente 465 efectores directos y 51 hospitales, de los cuales 260 establecimientos integran la Red Provincial de Salud Mental, confomado además por cerca de 172 profesionales y agentes sanitarios.
Entre los dispositivos se encuentra el Centro de Salud Mental de La Lomita (en Barranqueras) que es una unidad integral de atención primaria con un equipo interdisciplinario y con asistencia ambulatoria; las casas de medio camino (en Resistencia y dos en Presidencia Roque Sáenz Peña); la comunidad terapéutica La Eduvigis, una unidad de atención que asiste a la población masculina que presenta conductas adictivas, posee servicio de internación y rehabilitación y cuenta con 20 camas; y el Centro de Medida de Seguridad Curativa que es una unidad de atención integral de tratamiento de adicciones. A su vez, La Lomita es la primera residencia para pacientes crónicos con padecimientos mentales, en Barranqueras. Se trata un hospedaje para personas con problemas de salud mental que, pese a estar estabilizadas, siguen internadas frente a la imposibilidad de contar con familiares que puedan alojarlas.
En 2009 se contabilizaron 58.809 usuarios que pertenecen a salud mental ambulatoria y el número de niños y adolecentes menores de 17 años asistidos en servicios de atención mental ambulatorios es de 8.199, representando al 14% de los usuarios.
A nivel nacional arrojó la ocupación de 10.475 camas de atención de salud mental en mayo de 2010, discriminados por provincias. El porcentaje calculado sobre el total de personas menores de 15 años según patologías seleccionadas arrojó que el 27, 5% de los casos se desprende del alcoholismo, mientras que un porcentaje similar responde a depresión mayor con el 26.5% de los casos. A estos se suman, con menores porcentajes, patologías como trastornos postraumáticos, ansiedad, agorafobia, trastornos obsesivos y drogas, entre otros.
La provincia desde 1986 cuenta con un sistema de salud mental, por lo que fue pionera en el país, y nunca tuvo manicomios públicos.