El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó ayer a 15 años de prisión a Elida Mambrín por considerarla coautora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de 70 víctimas; de un caso de abuso sexual gravemente ultrajante; y de un caso de abuso sexual simple, todos en concurso real. También condenó a Lorena Quintana, quien recibió la pena a tres años en suspenso como partícipe secundaria del delito de trata de personas.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de un vehículo y del dinero encontrado al momento de los allanamientos.
EL FALLO
El veredicto del tribunal resultó en línea con el requerimiento formulado en el alegato por el fiscal general Federico Carniel y la fiscala cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano.
Con respecto al monto de reparación a las víctimas, el tribunal señaló que se va a definir de acuerdo a «los considerandos» que se van a publicar en la lectura de los fundamentos, que se darán a conocer el próximo 13 de septiembre.
LAS ACUSADAS
Las dos mujeres fueron consideradas culpables de reclutar a las víctimas a través de la asociación civil No Me Olvides y de explotarlas sexualmente con hombres vinculados al poder chaqueño, a cambio del acceso a «becas» o planes pagos con dinero público de los que también se beneficiaban aquellos.
En vez de serles exigidas como contraprestación actividades ligadas a la función pública, se les exigía a las víctimas que tuvieran relaciones sexuales y otras prácticas humillantes con funcionarios públicos. Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2018 y marzo de 2020.
Según la investigación, Mambrín y Vallejo captaban a las víctimas con ofrecimientos de trabajos para el Estado a través de las redes sociales y avisos radiales. Una vez seleccionadas, les exigían buena presencia, físico y vestimenta y las exhibían en distintos organismos públicos donde funcionarios podían elegir a alguna y ofrecerle «otro tipo de encuentro».
De esta manera, las personas acusadas obtenían a cambio influencia políticas.
El debate, presidido por Eduardo Belforte, Juan Manuel Iglesias y Delfina Denogens, había comenzado el 12 de agosto. El 26, las partes pronunciaron sus alegatos.
Kilo Vallejo, el otro acusado que
prefirió morir antes de ir a juicio
El otro acusado del controvertido caso No Me Olvides, Rolando Kilo Vallejo, nunca llegó a juicio: fue hallado sin vida en su casa y se cree que se suicidó. Lo extraño era que todo el mundo lo buscaba, hasta tenía pedido de captura y resulta que estaba en su domicilio en el barrio 500 Viviendas de Barranqueras.
Tras abrirse la investigación por el caso de trata de personas y explotación sexual, el dirigente justicialista desapareció del mapa hasta que lo encontraron muerto a principios de mayo del año pasado.
La policía se encontró alrededor de las 15 y a través de un llamado al Servicio de Emergencias 911, con el cadáver del prófugo de la Justicia Kilo Vallejo.
Fue encontrado colgado de una soga en el garaje de su domicilio en el barrio 500 Viviendas de la ciudad portuaria.
Vallejo era altamente buscado por la Justicia Federal en el marco de la causa por trata de personas.
Un llamado al 911 alertó al servicio policial, que envió una patrulla de la seccional Tercera local que se hizo presente en el lugar mencionado y entrevistó a Damián Vallejo, hijo de la víctima, quien posteriormente manifestó haber encontrado a su padre colgado con una soga en el garaje.
LA CAUSA
Rolando Juan Vallejo fue catalogado en una red de trata de personas a través de su fundación llamada No Me Olvides. El caso surgió cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió información del paradero del sujeto y posteriormente la Justicia detuvo a dos mujeres: la pareja de Vallejo y la secretaria Noemí Quintana. Solo estas dos llegaron a juicio y ayer fueron halladas culpables.
Esta historia nació en tiempos de pandemia, luego que un grupo de mujeres se acercaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia a denunciar su situación.
Inmediatamente desde la dependencia provincial se decidió dar intervención a la Justicia Federal, teniendo en cuenta que el delito de trata corresponde a ese ámbito, y el caso quedó en manos de Zunilda Niremperger, magistrada del Juzgado Federal 1.
Entre las acusaciones, el hombre vinculado al poder político provincial presentaba a las mujeres a funcionarios y personalidades.