Luego de cinco intentos fallidos y fuertes cruces políticos, finalmente ayer la Legislatura aprobó la cesión del parque Caraguatá y otros cinco espacios públicos a manos del municipio de Resistencia.
La normativa contó con el aval del bloque radical/macrista que venía inpidiendo el debate desde agosto pasado.
Sin embargo, un acuerdo político entre las bancadas mayoritarias posibilitó los consensos necesarios para el OK parlamentario al proyecto impulsado por el sector del gustavismo.
Así las cosas, la Ley 3434-A -aprobada ayer- autoriza la transferencia en carácter de donación a favor de la comuna capitalina del parque Caraguatá y otros predios públicos, entre estos el parque Tiro Federal, el Laguna Argüello, el autódromo, el Paseo Sur y una franja lateral al canal Soberanía Nacional.
La iniciativa -propiciada por las diputadas Elida Cuesta, María Elena Vargas y Andrea Charole, todas del subloque Corriente Encuentro por Resistencia (CER) que responde al intendente Gustavo Martínez- establece que todos los gastos que demande el traspado estarán a cargo del municipio de Resistencia.
A su vez, indica que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Escribanía General de Gobierno u organismo vinculados a tal fin, adoptará las medidas pertinentes para la conclusión de los trámites necesarios y el otorgamiento de las respectivas escrituras traslativas de dominio.
La normativa establece que la comuna capitalina no podrá cambiar, modificar o alterar en todo o en parte el destino de uso que tienen los inmuebles recibidos en transferencia, que continuarán siendo ocupados para esparcimiento y recreación pública, y para el desarrollo de las actividades sociales, artísticas, culturales y deportivas.
En el caso de incumplimiento, el domino volverá en forma plena y automática a la esfera del Poder Ejecutivo.
El Estado provincial conservará la propiedad superficiaria de las áreas e instalaciones existentes o en ejecución en los inmuebles y un derecho prioritario de uso de los espacios cedidos, conforme las pautas que a tal efecto se fijen por reglamentación.
El Ejecutivo también tendrá prioridad de uso de los inmuebles, conforme lo determina la reglamentación.
También la normativa establece que el municipio tendrá un plazo de cinco años para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley, plazo que será computado a partir de la promulgación del texto.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La normativa aprobada ayer dispone que el municipio tomará a su cargo y será el responsable de llevar adelante y ejecutar todas las acciones vinculadas al mantenimiento, puesta en valor, adecuaciones edilicias y urbanísticas que resulten necesarias en cada uno de los predios recibidos; y que esos objetivos estarán sujetos a estándares de modernidad, sustentabilidad, seguridad, salubridad y tecnología aplicada, entre otros.