Con el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, medida decretada durante 2020 a raíz de la pandemia de la Covid-19, se restringieron totalmente las visitas en las unidades penales del país y el Chaco no fue la excepción.
En este contexto, siguiendo recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, se habilitó por primera vez el uso de teléfonos celulares como medida excepcional, mientras perdurare la restricción.
En el marco del plan de desescalada, las visitas están volviendo paulatinamente tanto en la órbita de las comisarías como del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Desde el Comité para la Prevención de la Tortura, atendiendo este escenario y a la experiencia que arrojó el uso de celulares por parte de las personas detenidas, se trabajó en la Recomendación al Estado para la Regulación Definitiva de Uso de Dispositivos Móviles Inteligentes por parte de las Personas Privadas de Libertad en el Chaco.
Kevin Nielsen, vicepresidente del organismo, explicó la importancia de la medida, y de derribar prejuicios, adentrándose, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, en los beneficios que traería la aplicación de estas recomendaciones.
«Recomendamos la regulación definitiva del uso de celulares por parte de las personas privadas de libertad. Nos referimos a regulación definitiva, ya que hasta el momento el uso de celulares se habilitó excepcionalmente como medida compensatoria ante la restricción de visitas en las distintas provincias, circunstancia que se está normalizando paulatinamente», recordó.
«Creemos que estamos en condiciones de ser pioneros en avanzar hacia la legalización definitiva de la herramienta de los celulares como un derecho por parte de las personas privadas de libertad. Es decir, que no sea solo una medida compensatoria, sino que se convierta en un derecho autónomo y complementario al de las visitas de familiares y allegados. Cuando decimos ‘derecho’ lo decimos en términos figurados, porque el uso de celulares en realidad no es un derecho en sí, sino un instrumento para acceder a derechos, como el derecho a la comunicación, a la información, a la educación, derechos culturales, acceso a la justicia, entre otros que no están- o no debieran estar- restringidos por el encierro», explicó.
«Proponemos, entonces, que el Chaco sea un ejemplo a nivel país en algo que sucederá más pronto que tarde», instó el referente.
El impacto
Al momento de analizar el panorama general que observaron desde el organismo en cuanto al uso de celulares inteligentes en los contextos de encierro del Chaco durante la pandemia, el funcionario aseguró que la «facilitación de uso de celulares trajo resultados altamente positivos. Como describimos en nuestra recomendación, no generó ningún inconveniente de los que se mencionaron, históricamente y sin base empírica, para negar este derecho.
Todo lo contrario, fueron un factor clave para mantener la paz en los contextos de encierro durante la vigencia de las medidas sanitarias. En varias provincias se generaron motines violentos con resultados letales producto del aislamiento total que significó la restricción de visitas».
«Además de permitir compensar esa restricción, los celulares fueron clave para mantener a las personas privadas de libertad informadas acerca de la pandemia, las medidas sanitarias, los beneficios de la vacunación y, en definitiva, todo lo que hace al derecho a la información», aportó.
«Esto además vino a blanquear una situación existente, lo que también implicó más responsabilidad en su uso. Las personas privadas de libertad lo entienden como un derecho conquistado y son muy recelosas del mal uso por parte de sus pares, hay acuerdos de convivencia», aseguró.
«Hoy en día, ante la paulatina habilitación de visitas, desde el Servicio Penitenciario se ha interrumpido el ingreso de nuevos dispositivos. La situación está dada para avanzar hacia una regulación definitiva del uso de teléfonos que contemple el cómo, cuándo, de qué manera, y también, cómo proceder ante el mal uso, situación imposible desde la marginalidad y la ilegalidad que siempre caracterizó a estos dispositivos. Por eso hablamos de regulación, porque el fenómeno ya existe y la decisión que debe tomar el estado es el de volver a la marginalidad o regularlo definitivamente», instó.
En esa línea, emitieron una recomendación genérica a las autoridades para iniciar un proceso dialogado y estudiado, encarado desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Defensa Pública y otros actores y a través de una mesa técnica, cuyo resultado se pueda plasmar en una resolución o, en el mejor de los casos, en un proyecto de ley. Pero además de ello, invitan a diputadas y diputados a interiorizarse en la temática y a plantear inclusive sus propios proyectos.
El beneficio de la comunicación
Nielsen, además, dimensionó el significado de la comunicación para personas privadas de su libertad en un proceso de reinserción social.
«Es fundamental. Los expertos plantean que ya es difícil pensar en la reinserción en un ambiente tan artificial y distinto al medio libre como son cárceles, de ahí la tendencia a las cárceles pueblo, donde se emula la vida en libertad permitiendo oficios, intercambios comerciales, entre otras cosas, y que dan resultados altamente positivos en términos de reincidencia. Pensar en la prohibición de uso de celulares y otras herramientas tecnológicas hoy día es una concepción desfasada», opinó.
En este punto recordó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas, conocidas como Reglas Mandela, «ya en la década del 50 hablaban sobre el acceso a periódicos y otras formas de contacto con el medio libre. Hoy en día, una reinterpretación adecuada de estas reglas (que se actualizaron en 2015) implica el uso de celulares inteligentes. Esta es la posición técnico-política que asumimos desde el Comité y lo fundamentamos en el documento», aseveró.
Seguidamente añadió: «Otra faceta es el afianzamiento de los vínculos familiares, factor clave en el proceso de reinserción social. En los monitoreos que realizamos no es nada inusual ver a los detenidos hablar, hacer videollamadas o intercambiar mensajes con sus hijos, madres, hermanos… una realidad que contrasta notoriamente con el prejuicio social que se tiene sobre el uso que le dan las personas privadas de libertad a la herramienta. Esta es una experiencia novedosa que, si avanza en su consolidación, en años tal vez se podrá analizar cómo impactará en una mayor reinserción al medio libre con apoyo familiar y comunitario».