Pasó otro 25 de Noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en el que nuevamente miles de féminas tuvieron que a salir a la calle en demanda de una serie de reivindiaciones que ponga fin definitivamente a este flagelo que, en lo que va del año, se cobró 9 vidas en la provincia y 203 en todo el país.
En Resistencia, la Mesa Multisectorial Feminista, integrada por organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de género, se movilizaron por las calles de la ciudad encolumnadas tras familiares de víctimas de femicidios, travesticidos y abuso sexual. En su recorrido unieron las principales instituciones del Estado, como la Municipalidad de Resistencia, el Superior Tribunal de Justicia y Casa de Gobierno, hacia quienes fueron dirigidos una larga lista de reclamos que quedaron plasmados en un documento.
«El movimiento de mujeres y disidencias no pierde fuerza. Acá estamos para gritar que violencia son las políticas de género sin presupuesto suficiente, la impunidad para abusos y femicidios, la connivencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cuando encubren y favorecen a los violentos, y también la deuda impagable con el FMI y la desprotección ambiental», enumeraron.
«Dijimos basta miles de veces en todo el territorio nacional y provincial, y sin embargo la violencia crece», afirmaron.
«Este 25 de Noviembre las calles son nuestras, porque no nos permitimos retroceder, porque necesitamos más Estado, porque la deuda es con nosotras, porque necesitamos un plan integral interpoderes y presupuestos para las políticas de género debidamente explicitados y garantizados», detallaron.
Al mismo tiempo exigieron una reunión con los tres poderes del Estado, las familias de las víctimas y dirigentes de las organizaciones por la celeridad de las causas y ser parte de las decisiones de las políticas de género.
«Seguiremos luchando en cada barrio y paraje, en cada puesto de trabajo, en cada aula y en las calles, por presupuestos contra la violencia hacia las mujeres y disidencias, pero también contra el hambre, por tierra, techo y trabajo, por salarios dignos, por salud y educación».
ley de emergencia y reforma judicial
Si bien se lograron avances en la materia con la sanción de leyes e implementación de diferentes políticas desde los estados tanto nacional como provincial, los hechos demuestran que esto no es suficiente. Entre los aspectos que faltan desde la Mesa Multisectorial Feminista volvieron areclamar una ley de rmergencia en violencia de género y reforma judicial con perspectiva de género.
«Hace falta que el Estado tome real conciencia de la situación de riesgo permanente al que estamos expuestas las mujeres y diversidades y actuar en consecuencia. Por eso seguimos exigiendo la ley de emergencia nacional contra la violencia de género, que destine una partida presupuestaria extraordinaria para políticas de género de inmediato. Para refugios en cada pueblo, casas de atención y contención a las víctimas, patrocinios letrados gratuitos, etcétera. Así como también planteamos una reforma judicial feminista que termine con los juicios de credibilidad sobre las víctimas y transforme los métodos de abordaje con perspectiva de género», enumeraron.
Por otra parte, entendieron que «la rendición de cuentas es central en lo que respecta al Poder Judicial, la ciudadanía tiene derecho a conocer fehacientemente la cantidad de causas que se atienden y la calidad de seguimiento. También es importante la periodicidad de mandatos para evitar que jueces, juezas y jerarquías en general se perpetúen en los cargos en detrimento de la calidad de justicia», consideraron. «Por ejemplo, el caso de la Procuración General, la misma persona ocupa el cargo desde 1983 y hace unos días defendió la gestión del exfiscal Valdivia, quien ignoró las denuncias de Marilú Robledo, quien fue asesinada por su agresor. El procurador dijo que no se podía hacer nada, diciendo eso demuestra no tener perspectiva de género y está justificando la pésima actuación de fiscales y fiscalas que no escuchan a las víctimas a tiempo y no investigan femicidios ni transfemicidios si no se moviliza en la calle», cuestionaron desde la organización.
Relevamiento
y diagnóstico
También indicaron que «hace falta un relevamiento y diagnóstico transversal de las políticas de género: en la prevención, acompañamiento y seguimiento y un plan contra las violencias».
En este sentido consideraron fundamental «un relevamiento en cada área y nivel del Estado de la demanda y la respuesta estatal, para poder precisar el diagnóstico. Cuando hablamos del Estado, nos referimos a los tres poderes, en todos sus niveles y áreas, nacionales, provinciales y municipales».
Y continuaron explicando que «hoy las estadísticas de denuncias de violencia contra las mujeres no son precisas ni se cruzan. Hay denuncias en las fiscalías, las comisarías, comisarías de la mujer, fiscalías, la línea 137, la línea 102, que necesitan ser atendidas y no cajoneadas. No se cruzan siquiera en las fiscalías, el mayor y doloroso ejemplo de este inaceptable desorden fueron las 24 denuncias de Marilú Robledo que el Poder Judicial recién conoció después de su femicidio», recordaron.
Prevención
Asimismo, reconocieron que «no todo el problema está en las denuncias, porque entendemos que el Estado debe llegar antes de que ocurra un hecho de violencia o su máxima expresión como los femicidios o transfemicidios».
En este sentido indicaron que «la Ley Micaela y las preventoras en violencia contra las mujeres son un avance que debemos profundizar, y es clave la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas, universidades e institutos educativos, para que la lucha por infancias libres de violencias sea una batalla que la demos en toda la sociedad».
Finalmente indicaron que «desconocemos y exigimos se derogue toda resolución, como la 967/21, que intenta relativizar y confundir la aplicación de la Ley 26150 de ESI tal como la conocemos y propone enseñanzas con perspectiva científica y con valores. Quienes se oponen a la Educación Sexual Integral o intentan disfrazarla con valores están posibilitando la vulneración de niñas, niños y adolescentes. Pretenden perpetuar los valores del secreto, el silencio y la impunidad, que tanto daño ya han causado», aseguraron.
Una deuda que golpea con mayor fuerza a todas
La consigna de este año de la marcha fue «La deuda es con nosotres», en alusión al empréstito del FMI. Paula Ojeda, coordinadora de Mumala Chaco, explicó que «los posibles acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implicarán seguramente recortes en la inversión pública, profundización de las desigualdades y violencias; entendemos que la prioridad debe ser ampliar, fortalecer y no debilitar las políticas para el abordaje de las violencias machistas». Además, agregó que «en este contexto de crisis socioeconómica, con un marcado aumento de la feminización de la pobreza, somos las mujeres y disidencias las principales víctimas del ajuste, la pobreza y la represión. Expresamos fervientemente que la deuda es con nosotras, nosotres y con nuestras vidas». También expresó que «los femicidios son la manifestación más extrema de violencia machista, el Estado y los gobiernos son quienes deben de velar por nuestros derechos y nuestras vidas, es su obligación implementar políticas públicas integrales con carácter de urgencia. Exigimos, aún más en este contexto de crisis socioeconómica, presupuesto para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias machistas y declaración de la emergencia ni una menos».
«La pandemia del coronavirus dejó al descubierto la precariedad del Estado que nos dejó el gobierno de Macri para poder afrontarla. El endeudamiento más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional de miles de millones de dólares reconocidos por el propio expresidente que se fugaron los bancos amigos, dejaron al país y la provincia en ruinas. Se profundizó el hambre, la falta de tierra, vivienda, trabajo, los salarios por debajo de la línea de pobreza y una inflación galopante», describieron además el contexto general.
«Según el Indec, solo en el Area Metropolitana del Gran Resistencia existen 216.304 personas en situación de pobreza. Se registraron 70.313 personas en situación de indigencia. 52% de pobres y 17% de indigentes. Toda esta situación se recrudece en nuestro interior provincial. La crisis económica y social exige que se suspenda el pago del FMI, se investigue y se tomen medidas urgentes para dar respuestas a esta realidad de la población, donde las más perjudicadas por estas políticas somos las mujeres, las infancias, las personas con discapacidad, las personas mayores y las disidencias».
Atención, Acompañamiento
y Seguimiento
Por otro lado, señalaron que si bien existen líneas de atención y acompañamiento a las víctimas de violencias de género «las mismas no dan abasto, por falta de recursos humanos o por distintos motivos, y no llegan al interior provincial. Lo sabemos porque las propias trabajadoras nos dicen no pueden atender tantas denuncias de casos. Lo sabemos porque los propios fiscales dicen públicamente que tienen 3 proveyentes para 90 casos por mes y no pueden con todo aún trabajando 24 horas por siete días», destacaron.
«Lo sabemos porque cuando la Justicia dicta una medida preventiva, no hay botón antipánico, o la Policía no busca al agresor, se violan las perimetrales y no hay ningún seguimiento dejando a las víctimas desprotegidas», añadieron.
«Todavía esperan que lleguemos desangradas a las comisarías para tomarnos las denuncias. Siguen presentes sesgos machistas, cuando una mujer realiza una denuncia por delitos contra la integridad sexual y se le realizan pericias psicológicas a ella y no al agresor, realizando un juicio de credibilidad sobre la víctima», aportaron además.
La cuestión transversal
Otro aspecto que se demanda es que «las políticas de género sean transversales».
En este sentido también reconocieron avances importantes en algunas áreas del Estado que valoraron «en relación a que sabemos que con gobiernos neoliberales hubiéramos retrocedido. Pero en la mayoría de la áreas hay retrocesos e inacción. Exigimos que los funcionarios públicos denunciados por violencia de género y delitos contra la integridad sexual de las mujeres, sean suspendidos de sus funciones, que se dé cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador Capitanich cuando firmó el decreto 85/2020, el protocolo que se elaboró para intervenir en situaciones de violencia o discriminación que involucren a funcionarios públicos».
«También que estos casos se investiguen con celeridad, por tratarse de personas de responsabilidad política institucional. Porque ya no vamos a pagar el precio de la clandestinidad para que maltratadores, abusadores y sus cómplices puedan llevar una vida de privilegios a costa de la violación de nuestros derechos, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Nunca más calladas y obedientes», aseveraron.
«Si algún área estatal de cualquier poder cree que está exento de las políticas de género se equivoca, por acción u omisión son cómplices y perpetradores de la violencia».
Por lo cual exigieron «un plan de acción integral, interpoderes, coordinado y sistematizado con presupuestos acordes a las demandas».
Anunciaron reforma integral
de la Ley de Violencia de Género
Por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en conjunto con diputados y senadores de la Nación, anunció que trabajarán en conjunto para una reforma integral de la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales a través de un proceso participativo y federal.
La propuesta busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género.
«La necesidad de actualizar y revisar los temas que aborda la Ley 26485 pone en perspectiva la realidad dinámica de la sociedad en la que vivimos. La visibilización de las violencias de género y la forma en que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGBTIQ+ nos ofrece hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes dimensiones», señaló la funcionaria.
«Contar con leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y cómo se actualizan en distintos ámbitos, es vital para tener herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias», consideró.
Con este objetivo, la iniciativa impulsa un proceso participativo, político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras, en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos para una nueva ley. El proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros. Los debates y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre del próximo año.
Además de impulsar modificaciones en la ley actual que busquen contemplar otras identidades, incorporar la perspectiva interseccional, promover la multiagencialidad y transversalidad de las políticas de género y afianzar el paradigma de abordaje integral de las violencias, este proceso asume nuevos desafíos. En principio, permitirá abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia y evaluar qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas públicas que abordan las violencias de género. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTIQ+ en razón de su identidad de género.