La alimentación es un derecho humano que forma parte de la visión de un país sin hambre, donde todas las personas puedan alimentarse por sus propios medios con dignidad, teniendo acceso de forma permanente a una alimentación adecuada y suficiente.
Nuestro país tiene multiplicidad de normas que reconocen la alimentación como un derecho humano. Se han dictado leyes y creado distintos programas como por ejemplo el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria o el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los argentinos, en especial de los sectores más vulnerables. También hay normas que reconocen el derecho a la alimentación adecuada de las personas con celiaquía, asegurando que sea segura, variada y saludable a través del acceso a los productos sin T.A.C.C., y obligando a las obras sociales a brindar cobertura de premezclas y alimentos especiales.
Sin embargo, en la práctica, a la hora de garantizar esos derechos y esas necesidades evidenciadas en los múltiples programas antes mencionados, solo se recurre a distintas técnicas de control de precios cuyo objetivo pareciera ser que las personas únicamente puedan acceder a productos de consumo masivo (en su mayoría harinas, embutidos, golosinas, snacks, bebidas alcohólicas o gaseosas con nulo aporte nutricional), dejando de lado los alimentos saludables y variados que realmente atienden las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.
Los diversos programas de control de precios a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno nacional no solo no contemplan la calidad nutricional ni la lucha contra el hambre como objetivos generales, sino que tampoco tienen presentes las necesidades de las personas con problemas de salud tales como hipertensión, diabetes o intolerancias alimentarias como la celiaquía, para quienes el acceso a productos sin gluten es el único tratamiento.
Una política pública alimentaria seria, adecuada y eficiente, que realmente garantice la alimentación como un derecho humano, no consiste solo en tener la panza llena, sino que debe ser pensada con perspectiva nutricional, promocionando y asegurando estilos de vida más saludables y previniendo problemas de salud relacionados con la malnutrición de la población.
Debemos ir en dirección a políticas alimentarias integrales, que distribuyan equitativamente aquellos alimentos que producimos y que garanticen el Derecho Humano a la Alimentación, la Seguridad Alimentaria y la Soberanía Alimentaria en nuestro país.