El Gobierno escuchará demandas de la comunidad wichí y de la familia

En horas del mediodía de ayer un grupo de personas de la comunidad wichí tomaron la sede del Juzgado de Paz y Faltas de El Sauzalito en un reclamo contra la Justicia, ya que piden mayores avances en la investigación del femicidio de Jorgelina Reinoso, hecho ocurrido el pasado 20 de marzo.
La jueza de Paz y Faltas, Noemí Pérez, intentó explicarles que su fuero no tiene intervención en el caso y avisó que la semana próxima habría una reunión con el procurador general Jorge Canteros. Esa situación desencadenó agresiones de los manifestantes, que hicieron una fogata en la entrada del edificio judicial sin permitir que nadie entre ni salga.
Recién sobre la siesta pudo entrar un médico a atender a Pérez, quien es insulinodependiente y necesitaba asistencia.
Luego de los hechos, desde el gobierno provincial se emitió un comunicado en el que en principio advierten que «tras el femicidio de Jorgelina Reinoso, el gobierno provincial lleva adelante una intervención integral del hecho con acompañamiento a la comunidad wichí de la zona». En ese sentido aseguran que «la próxima semana, representantes del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal se reunirán con familiares de la víctima para escuchar sus demandas». «En el marco de la intervención que realiza el Estado provincial en coordinación con el Ministerio Público Fiscal en la investigación del femicidio de Jorgelina Reinoso ocurrido el 20 de marzo pasado en El Sauzalito, autoridades llevarán adelante una reunión con la comunidad wichí el próximo lunes 18 de abril», agregaron.
A la vez, manifestaron que «desde el primer momento el gobierno provincial ha conformado un equipo interdisciplinario integrado por representantes de la Vicegobernación, del Ministerio de Seguridad y Justicia y del área de Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia. Este equipo se hizo presente en El Sauzalito para dialogar con vecinos y familiares de la víctima, y entrevistarse con las autoridades policiales y la fiscalía intervinientes en la investigación». Marcaron que «el trabajo investigativo realizado por el equipo fiscal a cargo, permitió hallar al principal sospechoso, quien se encuentra a disposición de la Justicia, mientras se avanza en los pormenores del crimen y en esclarecer si participaron una o más personas».
«En ese marco, el equipo interdisciplinario se comprometió a intervenir en el expediente de manera activa con ofrecimiento de pruebas y articulación con familiares y continuar el trabajo en territorio a fin de generar un nexo entre la Justicia y la comunidad wichí, siempre desde el lugar que corresponde como Poder Ejecutivo, puesto que la investigación penal del femicidio se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mientras que la Secretaría de DDHH y Géneros, a través de Litigios Estratégicos, se constituyó como querellante en la causa. También se pusieron a disposición de la familia para evacuar dudas y ser una vía de comunicación entre la Fiscalía y la familia, informándoles también sobre la Ley Brisa y ayudas urgentes del Estado para estas situaciones», añadieron.
Desde el Ejecutivo volvieron a plantear que «desde el hecho hasta el momento, la Vicegobernación ha encabezado dos encuentros con representantes de las comunidades de Nueva Pompeya y Miraflores, pero no así de El Sauzalito, quienes no pudieron concurrir en ambas oportunidades. Reuniones en las que se trató, entre otros temas, las situaciones de violencias, femicidios y otros hechos delictivos que afectan a los pueblos indígenas de la provincia».
«Sin embargo, ante los últimos acontecimientos, el gobierno provincial ha acordado que representantes de la comunidad wichí de El Sauzalito y miembros del Poder Ejecutivo se reúnan en la localidad el próximo lunes 18. Así, a través del diálogo, se escucharán las inquietudes de la comunidad y de la familia de Jorgelina Reinoso», indicaron y la vez expresaron que «la reunión estaba pactada para inicios de la semana, pero no pudo concretarse por las inclemencias del tiempo».
«En ese encuentro participarán la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, representantes de la Secretaría de DDHH y Géneros, los subsecretarios de ambas carteras y el Procurador General, Jorge Canteros», aseguraron.
Para finalizar, marcaron: «Asimismo, en virtud de los hechos de violencia que ocurrieron este miércoles contra edificios de instituciones públicas, se encuentra presente personal de la Policía del Chaco con el único objetivo de garantizar la paz social, evitar daños y violencia entre las personas. También la jueza de Paz de El Sauzalito y los trabajadores del juzgado se encuentran con custodia y acompañamiento policial».