Procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad en la región. El 19 de abril dará inicio el debate oral por el fusilamiento de miembros de comunidades Qom y Moqoit en 1924 en el Chaco denominado Masacre de Napalpí. El 20 de abril lo hará el juicio oral de la causa “Conscriptos”, por crímenes de lesa humanidad del Terrorismo de Estado.
La segunda quincena de abril en Chaco vendrá “recargada” por partida doble; con el inicio de dos procesos judiciales emblemáticos para la memoria histórica y el juzgamiento a crímenes cometidos desde el control del Estado; el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, y la causa “Conscriptos”, por torturas a soldados durante la última dictadura.
El Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, comenzará el 19 de abril con un debate oral y público que investigará como crímenes de lesa humanidad el fusilamiento de miembros de comunidades Qom y Moqoit en 1924 en el Chaco. La fecha del inicio, en coincidencia con el Día del Aborigen Americano, fue acordada en una audiencia preliminar en la que participaron las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco y del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), la jueza federal Zunilda Niremperger y representantes de la Fiscalía Federal de Resistencia.
Allí se estableció que las audiencias serán dos veces por semana en un auditorio de Resistencia que permita la presencia de público y se transmitirán a través de medios digitales para garantizar el acceso. Durante el debate, se escucharán las voces de sobrevivientes, declararán sus descendientes y se presentarán también especialistas que realizaron investigaciones sobre la masacre. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, a través de su equipo de Abordaje Integral en Derechos Humanos, acompañó a las y los próximos testigos en el juicio para brindar apoyo y asistencia psicológica de cara al inicio de las rondas de declaraciones orales.
CAUSA CONSCRIPTOS
En la causa “Conscriptos”, noveno proceso de este tipo en la provincia, se juzgarán la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos contra Ricardo Uferer y Eduardo Luque, militantes políticos que realizaban la conscripción en el Regimiento La Liguria de Resistencia a mediados de 1976 y fueron secuestrados y confinados en el centro clandestino de detención que funcionara en la ex Brigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria.
Luque y Uferer militaban en la Juventud Peronista (JP) de Chaco, fueron secuestrados en junio de 1976 cuando cumplían el servicio militar en el regimiento del Ejército ubicado en el barrio La Liguria, de Resistencia. Estaban destinados en baterías diferentes del regimiento, y el 12 de junio se produce el secuestro de Luque, que es informado por un oficial en la Plaza de Armas de la unidad. El 22 de junio se produce la captura de Uferer, que al igual que su compañero es trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Ambos fueron torturados juntos y por separado en lugares conocidos como «sala negra» y «el sótano», y en septiembre son trasladados a la alcaldía policial, donde reconocen al oficial Lucio Humberto Caballero (condenado en varios juicios de lesa humanidad) como uno de los jefes que ordenaban las torturas. En la alcaldía permanecieron junto a otros varios detenidos, quienes no podían tener contacto entre ellos y eran sometidos a constantes requisas que terminaban en sesiones de tormentos.
En ese lugar, Luque y Uferer vieron a varios de los prisioneros que luego serían ejecutados en la Masacre de Margarita Belén, donde mataron a once militantes y otros cuatro fueron desaparecidos en un fingido intento de fuga.
En esta causa figuran imputados los militares (re) Ernesto Simoni, Ricardo Reyes , Aldo Martínez Segón y Luis Alberto Patetta y los policías de la Brigada de Investigaciones José Francisco Rodríguez Valiente , Gabino Manader, José Marín y Juan de la Cruz López de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. La nómina se completa con los guardiacárceles de Alcaidía Héctor Roldan y Miguel Ángel Vittorello.
Uferer y Luque declararon en el juicio a las Juntas sobre la Masacre de Margarita Belén y en juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en Chaco en 2011, al igual que en los debates de las causas Caballero I, II y III.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia Chaco que llevará el juicio está conformado por los jueces subrogantes Liliana Graciela Carnero, Noemi Marta Berros y Roberto López Arbgo – integrantes del Tribunal Oral de Paraná. La Secretaría de DDHH y Géneros participa como querellante en la causa.
Este será el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en el Chaco, luego de las causas por fusilamiento clandestino “Causa Masacre de Margarita Belén 1, 2(Causa Tozzo) y 3 (Causa Chas)”; las causas por torturas “Brigada/ Caballero” 1 , 2 y 3 ; y los juicios por la persecución a militantes del agro denominado “Causa Ligas Agrarias” y por complicidad judicial “Mazzoni Casco”.
MEMORIA Y VERDAD POR NAPALPÍ
El 19 de julio de 1924 la Policía del territorio nacional del Chaco produjo la acción represiva conocida como la “Masacre de Napalpí” contra un grupo de trabajadores del algodón pertenecientes a las etnias aborígenes Moqoit, Qom, Shinpi y algunos criollos correntinos y santiagueños residentes en la zona, mientras realizaban una huelga pacífica en la reducción de Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, en las cercanías de El Aguará –hoy Colonia Aborigen.
Los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron el Gobernador Fernando Centeno, el comisario de Resistencia Sáenz Loza y quien en la ocasión actuaba como su lugarteniente, el comisario de Quitilipi José B. Machado. El presidente del “Aero Club Chaco” Agustín Cabal (h), facilitó el avión utilizado en el ataque. El gobernador del territorio, dio la orden al jefe de Policía del para que vaya con 130 efectivos y algunos civiles a la zona del conflicto y que procedan a rodear la reducción donde se concentraban las comunidades en protesta.
A las 9 de la mañana de ese 19 de julio, un avión de la Escuela de Aviación del Aeroclub Chaco, piloteado por el sargento Emilio Esquivel, acompañado por el civil Juan Browls roció la espesura del monte con una sustancia química que produjo el incendio de las tolderías. Los niños, mujeres, hombres y ancianos salieron a campo abierto donde fueron brutalmente masacrados por 130 efectivos de la policía que descargaron más de 5000 cartuchos en menos de dos horas. No hubo resistencia porque no había armas. Sáenz Loza ordenó el degüello y la mutilación de los muertos y heridos. Los testículos, las orejas y los pechos fueron tomados como “trofeos de guerra”.