Hoy, Día del Indio Americano, se dará apertura al juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, por lo que diferentes organizaciones originarias de toda la provincia realizarán una marcha hacia la Casa de las Culturas de Resistencia, donde tendrá lugar la primera audiencia. Nucleados en el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, Dar Vuelta el Viento, Originarios de la CCC, Federación Nacional Campesina, PTP y PCR, provenientes de Machagai, Colonia Aborigen, Makallé, General San Martín, Pampa del Indio, Las Palmas, La Leonesa, Tirol, Fontana, Resistencia, entre otros, se concentrarán en la plaza Belgrano a las 6 para llegar marchando al inicio del juicio a las 8. Asimismo, en 35 localidades del interior provincial se apostarán a las veras de las rutas en apoyo a la demanda penal bajo la consigna: «¡La Masacre de Napalpí fue genocidio! ¡Verdad y justicia! ¡Reparación histórica de nuestros derechos ancestrales y actuales!».
El fiscal federal ad hoc en Derechos Humanos, Diego Jesús Vigay, mantuvo un encuentro días antes con referentes de estas organizaciones y familiares de sobrevivientes a quienes explicó los objetivos del juicio, sus alcances y su relevancia provincial, nacional e internacional, pero también pudo escuchar y clarificar las inquietudes respecto al proceso.
En este sentido, reconoció el valor sólo simbólico de este proceso, pero destacó que sienta un precedente para que se continúen demandas civiles por indemnización para familiares víctimas, sobre demandas de territorios, y para otras masacres a pueblos originarios.
Todos involucrados
María, de Makallé, nieta de la sobreviviente Rosa Grillo que cumplió 114 años, resaltó que «nos ha contado la historia que vivieron, y gracias a su esfuerzo y lucha hoy estamos acá reclamando la verdad y justicia, y estamos en pie de lucha porque hace unos años venimos pidiendo que se reconozca este genocidio del pueblo qom, wichí y mocoví, que han dado su vida, ahí fueron asesinados niños, mujeres embarazadas, nos han matado nuestro futuro, pero gracias a los sobrevivientes hoy puedo estar acá, dando fuerzas para poder salir a luchar por mis derechos», señaló.
Olga Pinay, de Machagai, es familiar de víctimas de la Masacre de Napalpí, residente del lote 40, y dará uno de los últimos testimonios que fueron incorporados al juicio, por lo que comentó: «Somos trabajadores, luchadores, a eso vengo, yo también estoy involucrada porque mis tías son de esa parte, fueron hermanas de Melitona Enrique, todos estamos involucrados en eso, solamente no es la familia, todos estamos igual, discriminado el aborigen porque dice que no sabe nada», explicó.
«Melitona fue mi vecina, de chica he caminado el lote 40, he trabajado, estudiado, y afortunadamente estoy dando testimonio acá, nosotros somos los últimos dicen, capaz que éramos ignorantes y capaz que la juventud ya no va a ser así porque le van a enseñar”.
Alfredo Zarabia, también familiar de víctimas de la masacre, “soy hijo de sobreviviente y no estaba enterado, faltaron integrar, somos de ese lugar de la masacre y estamos sabiendo porque estuvieron nuestros abuelos y nuestros padres que eran chicos, tengo 69 años y él me lo contó por eso sé», señaló.
Sobre el juicio
A su turno el fiscal explicó que a partir del trabajo de la Fundación Napalpí del historiador Juan Chico, de la comunidad de la Colonia, que venía haciendo una reconstrucción de la memoria histórica con testimonios de Melitona Enrique que se conoció en su momento, de Rosda Chará, Pedro Valquinta, recientemente de Rosa Grillo se comenzó a visibilizar lo que había sido la Masacre de Napalpí en 1924, la dimensión que tenía, por lo que claramente fue un crimen de lesa humanidad el genocidio indígena en la Argentina», afirmó.
«En este caso, todos los responsables están muertos, entonces no se puede hacer un juicio como lo fueron de los de lesa humanidad, donde se sientan militares, policías que la mayoría están condenados a penas muy importantes hace muchos años», comparó el fiscal.
«Vimos es que la herramienta era un juicio por la verdad que la Argentina tuvo un antecedente en los 90 cuando estaban las leyes de punto final y obediencia debida, como no se podía juzgar a los responsables, se empezaron a hacer juicios por la verdad en todo el país, acá en el Chaco por la Masacre de Margarita Belén, y del Centro Clandestino de Detención, comenzaron como un juicio por la verdad, después cuando se derogaron esas leyes, con el presidente Néstor Kirchner se pudieron hacer los juicios y sentar a los responsables», recordó.
«Tomamos ese precedente y comenzamos a recoger el testimonio de los sobrevivientes, trabajo que se hizo con Juan Chico, y un equipo de docentes bilingües que han construido la memoria histórica de la comunidad. Todo ese material se incorporó al archivo, el equipo de antropología forense estuvo trabajando un mes en el lugar buscando la fosa común que lamentablemente no se pudo encontrar, se está buscando todavía, si se encontraron algunos restos que son algunos de los intentaron escapar de la masacre y quedaron atrapados a 30 centímetros de profundidad», detalló Vigay.
«Después hay mucha documentación histórica que prueba cómo era la reducción Napalpí en ese momento, reconstruyendo lo que pasó y lo que va surgir en el juicio», señaló y recordó que «la reducción Napalpí se creó en 1911, era un plan del gobierno nacional de crear las reducciones en distintas partes del país para concentrar ahí la población indigena que en el Chaco era nómada, andaba por toda la provincia, y los obligaron a estar en ese lugar, con condiciones de vida terribles, los explotaban, le pagaban con mercadería vencida, ropa usada, se morían de hambre, entonces se dio la gran huelga en 1924 en la que reclamaban alimentación, medicación, vestimenta, lo mínimo indispensable para vivir», describió el fiscal especial en Derechos Humanos.
«Ese era el reclamo de la población de la Napalpí que en ese momento tenía mil habitantes, lo que se conoce de los listados de esa época. Ahí aparece la represión con 130 hombres de la policía del territorio nacional y de la gendarmería nacional, que rodean la toldería donde estaba la protesta de todas las familias y disparan por una hora aproximadamente», detalló. «Lo que se puede reconstruir que es un trabajo que hizo de una manera muy profunda Juan Chico, con toda la gente de la comunidad, es que prácticamente un 30% a un 40% de la población de Napalpí muere en la masacre, mujeres, madres niños y esa estimación se hace porque con cada testimonio de los sobrevivientes ellos fueron contando a quienes asesinaron de sus familias, entonces en cada familia se calculaba que el 30% o 40 % de la familia murió asesinada en la masacre, el resto pudo escapar al monte y salvarse», precisó el fiscal.
Valor simbólico
Con respecto algunas inquietudes Vigay aseguró que «se buscó incorporar todos los testimonios que se tuvieran de sobrevivientes o hijos o nietos».
Al tiempo que aclaró que «este juicio no tiene ningún sentido económico, todo lo que hace a la indemnización que corresponde a los familiares de sobrevivientes de la masacre hay que tramitarlo por la vía civil, hay varios familiares de sobrevivientes que han iniciado esa demanda y hay una Asociación La Matanza que llevó adelante esa demanda que tiene una resolución a favor de la Cámara Federal de Resistencia y ahora está en la Corte Suprema de Justicia, pero la demanda civil va por otro carril».
También aseguró que «hay un montón de testimonios, son casi 30, es un número importante si bien es cierto que faltan algunos testimonios eso hay que instrumentarlo de alguna manera se puede estudiar analizar», e indicó que «el juicio va a ser con público priorizando a la población indígena, también se transmitirá por las redes para que todos puedan escuchar va a quedar registrado, y va a permitir que se reconstruya la verdad de lo que pasó en la masacre de manera bien profunda por todos los testimonios que habrá, el tema de la oralidad permite eso, hay muchos testimonios que se van a dar en sus dialectos qom mocoví que van a ser traducidos», anticipó.
Precedente
Vigay también indicó otros aspectos sociales y económicos que saldrán a luz durante el proceso: «En la investigación nos encontramos con la pérdida del idioma por el miedo, es así, es una realidad, va a surgir del juicio varios testigos lo van a contar». «Mucha gente quedó con mucho miedo a la Policía y a los maestros porque los referenciaba con la represión», ejemplificó. En este sentido resaltó que «los sobrevivientes hablaron recién a los 80 o 90 años cuando reunían a sus nietos, la mayoría de los sobrevivientes eran niños cuando ocurrió la masacre y pasaron décadas para que ellos puedan contarlo por el terror que tenían», comentó.
«Nos hemos encontrado con varios testigos que tienen miedo de declarar hoy con todo el tiempo que pasó, el terror quedó marcado a fuego en toda una población», reconoció.
«Entonces el juicio es para que se escuche la verdad la idea es que la sentencia reconstruya los hechos, que sea una sentencia dictada en qom y mocoví e incorporada en todas las escuelas, en la historia del Chaco, la idea es que la sede de la reducción, donde funcionó el Idach mucho tiempo, que es un casco de estancia, sea un museo por la memoria», adelantó. «Que esa sentencia restituya los restos que encontró el equipo de antropología forense y sean enterrados en el memorial de Napalpí que está ubicado en el lugar donde fue la masacre, hecho por un arquitecto qom», agregó. «La idea de la sentencia es que proponga a la comunidad de Colonia Aborigen que referencie el nombre con el que ellos consideren», añadió.
Si bien el fiscal reconoció que «son cuestiones simbólicas, la sentencia no va a tener una cuestión económica ni de tierras, pero este juicio y su sentencia va a sentar un precedente muy importante por un lado para que se juzgue como crímenes de lesa humanidad, como genocidio, todo lo que sean las masacres indígenas en la Argentina, en el juicio hay investigadores que van a estar hablando de otras masacres como la de El Zapallar y de Rincón Bomba contra el pueblo pilagá, para que se demuestre que fue en el marco de un gran genocidio a los pueblos indígenas que no fue un hecho aislado, sino que hubo una política de genocidio por el Estado nacional en distintas décadas y sabemos que eso siguió en el tiempo», destacó Vigay.