Diego Vigay, fiscal en la causa por la Masacre de Napalpí, se refirió al inicio del juicio por la matanza de centenares de integrantes de los pueblos indígenas Qom y Moqoit ejecutada hace casi cien años por policías, gendarmes y colonos en Chaco comenzó este martes. Los hechos serán juzgados como crímenes de lesa humanidad.
Este martes 19 comenzó en la ciudad de Resistencia, Chaco, el histórico juicio oral y público por la Masacre de Napalpí, el cual juzga como la matanza de integrantes de los pueblos indígenas Qom y Moqoit ejecutada en 1924 por policías, gendarmes y colonos en esa provincia y declarada crimen de lesa humanidad. Las audiencias iniciaron a las 8 en la Casa de las Culturas, y contaron con un amplio acompañamiento por parte de la ciudadanía.
Diego Vigay, abogado y fiscal en la causa dialogó con Radio LT7 AM 900 y brindó detalles respecto a este proceso judicial, en el cual el Estado chaqueño ocupa el rol de querellante. Vigay explicó que se trata de un «juicio por la verdad» que no tendrá imputados, ya que los responsables de esa masacre de 1924 están fallecidos, pero tendrán la oportunidad de declarar sobrevivientes y descendientes de las víctimas, haciendo uso de su expreso derecho a dar a conocer la verdad de los hechos acontecidos.
«Esto fue un hecho histórico en lo que refiere al asesinato de pueblos indígenas. Napalpí era una reducción que se asentó en 1911, era una población de alrededor de 1000 personas que se encontraban en condiciones de vida miserables, que recibían un pago con mercaderías vencidas, ropas usadas, por lo que hacen una huelga por estos trabajos forzados. Hay que recordar que en ese entonces el algodón era el oro blanco y ellos estaban en esa actividad. El Estado no iba a permitir una huelga que abogue por los derechos laborales de los pueblos indígenas», afirmó el letrado.
«Se acusa principalmente al Estado argentino, hay que recordar que Chaco era territorio nacional en esa época. Se puede reconstruir la responsabilidad del Estado, además de que es un derecho el acceso a la justicia y a la verdad aunque no haya una persona física en el banquillo de los acusados. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la justicia a los pueblos Qom y Moqoit», agregó.
El abogado detalló que en cuanto a la sentencia se busca que se apliquen principalmente medidas reparatorias. «Propusimos que el idioma Qom y Moqoit sean incluidos en la cuadricula escolar, que el lugar donde se encontraba la reducción sea convertido en un museo, que los restos de los asesinados sean restituidos a la sociedad», enunció al mencionar algunas de las propuestas.
El primer día de audiencias se dividió en dos partes: la primera, en la cual querellantes y fiscales presentaron sus alegatos preliminares, una suerte de sinopsis del contenido y formato de sus respectivas acusaciones de las pruebas que las sustentan; y la segunda parte que constó de la reproducción de una serie de cortos audiovisuales con registros de entrevistas realizadas por la Unidad Fiscal de DDHH a Pedro Valquinta, sobreviviente de la Masacre, de 105 años y a Rosa Grillo, de 114.
En la primera audiencia pudo verse una entrevista a Juan Chico, docente e historiador qom, uno de los pilares de este juicio que no pudo llegar físicamente a las audiencias a raíz de su fallecimiento por coronavirus el año pasado.
«Este fue un delito de lesa humanidad, un etnocidio, con un juicio donde un crimen como este contra los pueblos indígenas comienza a ser visibilizado. A nosotros nos movilizó el pedido de justicia de los pueblos aborígenes del Chaco, el ver que se trataba de un etnocidio, que existían sobrevivientes, como Pedro Valquinta y Rosa Grilo, ambos de más de 100 años que eran niños cuando ocurrió la masacre. Cuando uno escucha esas demandas de pedido de Justicia, hay que entender que cuando uno habla de crímenes de lesa humanidad no puede haber victimas de primera o de segunda categoría. Las convenciones internacionales que firmó Argentina ponen al país en un rol de reconocer estos hechos», subrayó.