Se trata del galardón que es entregado anualmente por la Legislatura provincial, en reconocimiento a la persona física o jurídica que se destaque por su compromiso en la lucha contra la violencia institucional, que cuente con antecedentes comprobables.
A través de la Resolución N°446/2022, se aprobaron las Bases y Condiciones del Premio de Lucha Contra la Violencia Institucional, Dr. Mario Federico Bosch, edición 2022, estableciendo el plazo para su postulación hasta el 26 de Mayo.
La Ley 2372-A tiene como objetivo el reconocimiento de aquellas personas o instituciones que luchan contra estas prácticas sistemáticas de violación de derechos, que aun en épocas de democracia continua con absoluta vigencia, manifestándose en diversos ámbitos y modalidades, como así también apunta a hacer un fuerte llamado a quienes forman parte del Estado, invitando a reflexionar sobre aquellas cuestiones que la sociedad demanda, teniendo en cuenta que las necesidades van cambiando conforme a su complejidad.
Quedan exceptuadas del mismo, las instituciones, órganos u oficinas gubernamentales y a quienes individualmente se desempeñen en las mismas, cuyas funciones son coincidentes con los fines perseguidos por la ley.
Se reciben las nominaciones al premio con sus correspondientes antecedentes desde el jueves 28 de abril hasta el 26 de Mayo de 2022, vía presencial a través de la Mesa de Entradas y Salidas del Poder Legislativo, sito en Pueyrredón 97 de 7:00 a 13: 00 hs., y/o vía virtual al correo electrónico: [email protected], dirigido a la Comisión de Derechos Humanos.
El premio será entregado el día martes 31 de mayo de 2022, en un acto que contará con la presencia de la Presidenta del Poder Legislativo y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. El galardón consiste en la materialización de la distinción en una placa recordatoria y la impresión de material gráfico alusivo a la temática en la que se hayan destacado.
Para determinar la o el ganador se convocará a un jurado compuesto por una comisión que tendrá a su cargo la evaluación de los antecedentes y avales de las personas propuestas, previo informe de la Comisión de Derechos Humanos.