El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga encabezaron ayer la primera reunión de la mesa intersectorial de lucha contra la violencia institucional.
La jornada, que se llevó adelante en Casa de Gobierno, contó con la participación de funcionarios y funcionarias del gabinete provincial, del Poder Judicial, organizaciones civiles y familiares de víctimas.
«En cada punto abordado se propone el mismo espíritu de la Ley de Seguridad Democrática y un mayor control civil para erradicar definitivamente este tipo violencia», subrayó el mandatario.
El gobernador explicó que se trató de «una instancia muy importante de debate concreto» en que se abordaron siete ejes centrales: la creación formal de la mesa intersectorial; la reforma y mejoramiento del área de medicina legal conocida como sanidad policial; avances del órgano de control institucional; avances en las investigaciones sobre delitos de violencia institucional; regulación de la defensa policial; patrocinio de policías; y reparación económica a hijos e hijas de víctimas de violencia institucional.
La mesa se crea a través del decreto 1191-22, como ámbito de diálogo entre todos los sectores para la implementación de políticas públicas que permitan erradicar esta problemática.
El espacio está integrado por representantes de los tres poderes del Estado, el Comité de Prevención de la Tortura, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas.
La mesa será convocada cada 30 días para evaluar el avance de las medidas acordadas, informaron fuentes oficiales.
De la reunión participaron la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; la jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Isabel Grillo; el procurador general de la provincia, Jorge Canteros; la presidenta del Comité de Prevención de la Tortura, Ariela Álvarez; y Ricardo Urturi, referente del Órgano de Control Institucional de la Policía, entre otros representantes.
«Nunca más
a la violencia institucional»
«La idea es que nos una como comunidad el nunca más a la violencia institucional», subrayó Bosch, quien destacó la participación en la primera convocatoria de referentes del STJ, de la Procuración, la Defensoría General, organizaciones sociales y familiares de víctimas de violencia institucional, además funcionarios y funcionarias del gabinete provincial.
«Entre otras cosas, hablamos también sobre las formas de defensa de los trabajadores policiales, planteando una igualdad de condiciones en relación al resto de la ciudadanía, respetando siempre el derecho a la defensa», comentó la subsecretaria, citada luego en un parte de prensa oficial.
Acerca del ítem de sanidad policial, Bosch explicó que se propone que pase de la órbita de la Policía a la de Salud Pública en un proceso ordenado, «entendiendo que también es prioritaria la atención de la salud de los policías».
«Y es importante comprender también que el control de la salud de las personas privadas de su libertad debe hacerse por parte de los civiles; de esa forma también se preserva la prueba para posibles investigaciones», precisó la funcionaria del área de Derechos Humanos.
Con respecto al patrocinio de policías, la funcionaria dijo que se revisará la situación y se hará un diagnóstico con el fin de pensar un protocolo para que el patrocinio se pueda dar en igualdad de oportunidades para con el resto de ciudadanos y ciudadanas.
«La idea es no hacerlo en casos penales específicamente, de manera interna, dentro de la Policía», añadió.
«También en causas de violencia institucional se hizo un resumen de todas las querellas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y se expusieron las limitaciones en el efectivo acceso a la Justicia», agregó Bosch al listado de temas tratados en la reunión.