El fiscal Marcelo Soto imputó por el delito de «homicidio doblemente calificado por alevosía y premeditado de dos o más personas, todo en concurso real» a los cuatro detenidos por el crimen de Gustavo Rufino, linchado en el barrio Santa Mónica por la muerte de otra persona.
Los mismos, por sugerencia de su abogado defensor Daniel Burlli, ejercieron su derecho a no declarar.
Al ser consultado si efectivamente fueron debidamente identificados en los videos, Burlli dijo que «no es tan así, hasta podría garantizar que una de las personas en pocos días más podría recuperar su libertad porque no figura en ningún video, inclusive no estuvo en el lugar del hecho y hoy está detenida».
El abogado defensor sostiene que en la causa «hubo mucho manoseo, mucha irresponsabilidad interna, con acusaciones cruzadas por parte de familiares de Rufino, ellos siguen manifestando que están amenazados, cuando puedo garantizar que no hay nada de eso, no permito ningún tipo de amenaza». Para Burlli, las amenazas son cruzadas y «son de la familia de Rufino y no con la familia Pereyra».
«Le tiraron el Código Penal encima porque son aborígenes», dijo el abogado en declaraciones que publicó Diario Chaco.
«Si se hubiese dado al revés no se hubiese dado esta calificación», opinó el letrado.
Ahora el paso siguiente será aportar pruebas que sean conducentes al esclarecimiento del hecho. «Estoy esperando que se incorpore la autopsia a las dos víctimas, además voy a participar en las testimoniales de la madre y pareja de Rufino como de otras personas que prestarán declaraciones en los próximos días», añadió Burlli.
Por otro lado, expresó que tomó conocimiento por testimonios de vecinos de que «en el momento que ocurría la muerte de Rufino había en el lugar personal policial, tengo que aportar los elementos para saber si estuvieron y, si así fue, por qué no actuaron. Ese hecho no tuvo que haber ocurrido, hay responsabilidades, por eso estoy viendo y analizando esos hechos para luego avanzar en consecuencia».
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