Tras el anuncio realizado por el gobernador Jorge Capitanich, quien confirmó para el Chaco y en gran parte del Norte Grande el incremento del tope de consumo para el nuevo esquema de subsidio en 550 kW/h, un tope mayor que los 400 kW/h del resto del país, el defensor del pueblo de la provincia, Bernardo Voloj, calificó en primera instancia de positiva la medida. El ombudsman hace más de un año se sumó a la demanda de una tarifa diferencial para la región.
Con esta ampliación, la medida alcanzará a unos 248 mil hogares chaqueños, de los cuales 197 mil, que tienen ingresos bajos y/o que actualmente perciben la tarifa social, mantendrán el 100% del subsidio más allá del consumo; en tanto que otras 51 mil familias de ingresos medios, percibirán el subsidio hasta un consumo de 550 kW/h mensual.
En contacto con la Voz del Chaco, Voloj analizó este anuncio y sostuvo: «En principio dio claridad a un tema confuso, con muchas idas y vueltas, entonces esta declaración que hicieron los funcionarios del área de energía, por lo menos da claridad sobre qué va a venir», señaló. Al mismo tiempo consideró: «Es alentador también que se haya ampliado el límite de 400 kwt hora por 550 kwt, que serán subsidiados y a partir de allí va a ir pagando más como si fuera una tarifa plana o común», destacó. «Si nos genera algunas cuestiones o dudas, nos hubiera gustado que sea 600 el límite, porque entendemos que es una base para cualquier familia que hace un gasto residencial en una época en la que necesita aclimatarse, ya sea para refrigerar o aclimatar», reconoció.
No obstante esto, el funcionario instó: «Necesitamos también seguir discutiendo la ley de zonas cálidas, es decir que estas provincias tengan un esquema diferencial de energía eléctrica, al ser provincias electro dependientes en el NEA, es decir que se usa solamente la energía eléctrica para abastecerse y hacer nuestra vida, que esto también surja de una decisión política», reiteró su demanda.
«También vemos como muy positivo que la tarifa social va a seguir manteniendo todo el esquema de subsidios, y eso es bueno porque en nuestra provincia la tarifa social tiene una buena cobertura de usuarios. Por lo pronto seguir avanzando en estos dos ítems, ver si se puede ampliar en el corto o mediano plazo el límite de 550 y seguir discutiendo la ley de zonas cálidas», trazó sobre el camino a seguir.
«Algo fundamental, a partir de este momento, que se comience a explicar al usuario que significa 550 kwt, para darle un uso más racional de la energía, que comience a tener equipos eléctricos más eficientes en sus casas. Muchas veces hablamos de zonas cálidas y tenemos equipos acondicionadores que realmente no tienen un buen funcionamiento o para calefaccionarnos utilizamos caloventores que son altos consumidores de energía eléctrica, por eso implica una nueva secuencia que es educación en el consumo eléctrico a los usuarios», consideró además.
Con respecto a la actividad comercial e industrial, Voloj indicó: «Hoy escuchábamos al subsecretario de Energía Eléctrica que planteaba que los comercios van a tener una suerte de esquema distinto que no entraría en la parte de segmentación que está pensado como un derecho de la familia y el consumo del que ejerce una actividad industrial o comercial, en definitiva tiene un fin de lucro», diferenció. «Volvemos a la misma discusión, la segmentación es una medida positiva porque apunta a que aquella persona que tiene alta capacidad de ingreso o alta carga de ingresos puede afrontar el consumo de la energía eléctrica, sin embargo, todas estas idas y vueltas y vaivenes, en nuestra zona, donde la pequeña pyme el pequeño industrial tiene un sistema electrodependiente donde prácticamente vive en base a la energía eléctrica, sería bueno tener una mirada diferencial para nuestra zona», reiteró.
demanda
de larga data
Desde el año pasado este organismo viene demandando al gobierno nacional que se establezca por ley una tarifa energética diferencial para las provincias que integran el Norte Grande. El planteo considera que la energía es un servicio público y debe prestarse en condiciones de igualdad, universalidad, generalidad, regularidad y continuidad. «El pedido se funda en las características geográficas de nuestro territorio y en la situación de pobreza energética que tiene nuestra población», explicó el defensor del Pueblo Bernardo Voloj.
Desde el organismo se considera que el acceso a la energía constituye un derecho elemental y un presupuesto necesario e ineludible para el bienestar y confort de las personas. En ese sentido, expresaron que la posibilidad de garantizar y satisfacer los derechos humanos reconocidos resulta estéril sin el debido acceso a la energía eléctrica. La pobreza energética se observa cuando los gastos ocasionados por las tarifas de los servicios esenciales de energía demandan un elevado porcentaje de ingresos familiares. En el Chaco, si bien la cobertura del servicio eléctrico es muy elevada, según datos de Encuesta Nacional de Hogares (Engho 2017/2018) un 23% de los hogares urbanos se encuentra en situación de «pobreza energética» al utilizar más de un 10% de sus ingresos para obtener servicios energéticos adecuados.
«Consideramos un debate necesario que las provincias del Norte Grande, y en especial las del NEA, tengan una tarifa diferencial, ya que somos jurisdicciones electrodependientes», alertó Voloj. El proyecto busca compensar las asimetrías económicas en los costos de abastecimiento de energía eléctrica para las provincias que componen la región del Norte Grande, brindando mejores precios en el costo del servicio. La propuesta incluye a los usuarios de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. «Para quienes vivimos en esta región, la energía es esencial para refrigerarnos, no es un lujo sino una necesidad para poder vivir y trabajar en condiciones dignas», agregó.
De acuerdo con el proyecto, el beneficio se dará por Precios Diferenciales del 50% del Precio Estabilizado de la Energía (PEE), 50% del Precio de Referencia de la Potencia (Potref) y 50% del Precio por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, por lo que el impacto real en la factura de los usuarios dependerá de la estructura de costos de cada agente distribuidor.
Dentro de los argumentos, se plantea que estas provincias presentan factores climáticos que requieren de un mayor consumo energético por las altas temperaturas. Además, se señala que la región no cuenta con fuentes de energía sustituta en los hogares y en las industrias (gas de red), por lo que el consumo de energía eléctrica tiene gran relevancia durante todos los meses del año, tanto para calefacción de ambientes como para cocción de alimentos. También se aduce que estas provincias tienen los niveles de actividad formal más bajos, los mayores porcentajes de menores de 18 años beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y el nivel más alto de hogares con necesidades básicas insatisfechas, siendo este del 10%.
Como antecedente, el defensor del pueblo recordó que el Congreso nacional ya aprobó una tarifa diferenciada de gas para las provincias cordilleranas o frías. Además, Voloj destacó la necesidad que el Gobierno implemente y promocione políticas de uso racional de energía y de ahorro y eficiencia energética. «También es importante trabajar en la inserción de energía renovable y fortalecer la generación distribuida energética en la provincia», resaltó.
Operativo Integral
En el marco de las actividades por su décimo aniversario, la Defensoría del Pueblo del Chaco realizó ayer un nuevo operativo integral en la plaza España de Resistencia.
En la oportunidad recibieron reclamos y se brindó asesoramiento a las distintas consultas que formularon las y los vecinos. Del operativo integral participaron diversos organismos nacionales, provinciales y municipales: Anses, Incluir Salud, Pami, Secheep, Sameep, Nuevo Banco del Chaco, Secretaría de Derechos Humanos, Subsecretaría de Géneros y Violencia, Área de Discapacidad de la Legislatura, Oficina Interdisciplinaria de Violencia Laboral y Municipal, Subsecretaría de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia (venta de gas a precios acordados) y Subsecretaría de Transporte (Sube).
El defensor del pueblo de la provincia, Bernardo Voloj, destacó que de esta forma «la Defensoría del Pueblo continúa haciendo una especie de puente o conexión con la demanda de la ciudadanía y todos estos organismos estatales en un solo espacio, para que puedan venir a plantear sus requerimientos, ser escuchados y asesorados».