Tras el robo de una moto secuestrada durante un control de tránsito, mediante agresiones y amenazas de un grupo de más de 40 personas el pasado sábado a la madrugada, el municipio de Resistencia, a través del subsecretario de Tránsito, Matías Breard, y las juezas de Faltas municipales Matilde Campias y Viviana Leyes, junto a personal de la Dirección General de Tránsito, presentó una denuncia en la Fiscalía de Investigación Penal 6, al tiempo que exigieron a las autoridades del Ministerio de Seguridad que actúen en consecuencia y que, a 48 horas de los hechos y a pesar de una orden de detención librada por el fiscal interviniente, hasta el momento no se dio con los responsables. Asimismo, Breard expresó preocupación debido a la inexistencia de pronunciamientos de parte del Ministerio de Seguridad y destacó la identificación por parte de los agentes municipales de Carlos Barraza, trabajador de Sameep y referente de un movimiento social que incitó a un grupo de personas a realizar esas acciones denunciadas, en las que varios de ellos tenían su indumentaria identificatoria de la empresa estatal.
Además, desde el municipio se inició en la comisaría Primera y en la División Violencia Familiar y Género Metropolitana una denuncia penal sobre robo, amenazas y violencia de género por parte de ese número aproximado de 40 personas, cuya investigación está a cargo del fiscal en turno Roberto Villalba. Además, en el plano de la competencia municipal, está en curso en el Juzgado de Faltas 2 el proceso de la infracción cometida.
Los hechos
El subsecretario Matías Breard mencionó que parte del grupo que se hizo presente en el lugar «se subió al carretón municipal en el que teníamos distintas motos que habían sido secuestradas» y estaban liderados por quien se presentó como Carlos Barraza, dirigente social y empleado de Sameep. Con él reclamaban la restitución de varios vehículos, «uno de los cuales literalmente se lo robaron del procedimiento porque se subieron al carretón del municipio y descendieron entre forcejeos porque los empleados municipales trataron de impedir que esto sucediera».
«Entre forcejeos y golpes que han recibido los compañeros, estas personas lograron encender un motovehículo, romper la faja de seguridad porque ya estaba secuestrado y se han llevado una moto que momentos antes habría sido secuestrada por alcoholemia positiva y por la falta de todos los elementos de seguridad y reglamentarios para la circulación. Es decir que no tenía licencia de conducir, cédula verde, seguro, espejos, casco y aparte de todo eso tenía alcoholemia positiva», agregó.
inacción
policial
Por otro lado, Breard criticó que no haya detención ni recuperación de la moto, por ello sostuvo: «Pedimos a la ministra de Seguridad que disponga de todos los medios necesarios para que la Policía recupere el motovehículo que fue sustraído al personal de Tránsito y detenga inmediatamente a esta persona para que la causa pueda seguir avanzando. Es una falta de respeto».
«No hemos escuchado ningún tipo de pronunciamiento por parte del Ministerio de Seguridad, tampoco por parte del presidente de Sameep, porque todas estas personas se encontraban identificadas con camperas de esa empresa», dijo, solicitando que se les inicie sumario administrativo porque «nosotros tenemos identificadas a las personas que fueron partícipes de esta violenta acción delictiva que han sufrido los agentes de Tránsito».
«Que esto no quede impune, porque si no la próxima semana va a volver a pasar lo mismo. Estamos cansados de este tipo de situaciones de violencia. Si ellos van a permitir que le generen algún tipo de corte de calle o de manifestación, que lo hagan ellos. Nosotros, desde el Ejecutivo municipal, nunca avalamos ese tipo de reclamos», concluyó.
Mientras que la titular del Juzgado de Faltas 1, Matilde Campias, explicó que las motos una vez secuestradas están a disposición del municipio y retirarla por la fuerza «pasa a ser un delito, no una contravención».
Así, detalló que por un lado se tramita el delito cometido y, por otra parte, la falta municipal en el Juzgado de Faltas 2, a cargo de Viviana Leyes. «Está identificada la persona que retiró la motocicleta. Los datos están porque se labraron actas», fundamentó sobre las herramientas disponibles para permitir el accionar policial.
Sin detenciones
Breard destacó que «el fiscal que tiene la causa a cargo, Roberto Villalva, dispuso la atención de esta persona, Carlos Barraza, y también la restitución del motovehículo, pero han pasado 48 horas y hasta el momento no tenemos ninguna novedad por parte de la Policía, ni del Ministerio de Seguridad, es muy llamativo que esto suceda, la verdad que nos preocupa muchísimo, más aún teniendo en cuenta que en el lugar donde sucedieron los hechos se encontraban móviles policiales y personal policial, se puede apreciar en el video y no intervinieron, lo que es muy llamativo y por eso tienen la posibilidad de reivindicarse ante la sociedad y generar las respuestas que sean necesarias para que todos los vecinos, no solamente los trabajadores presentes, puedan estar tranquilos», instó el funcionario municipal.
«La verdad que no se puede entender por qué la ministra de Seguridad no dispone de todos los recursos necesarios y se vuelca directamente a dar la solución no solamente como funcionario, los empleados municipales y los vecinos están cansados de este tipo de situaciones. No entendemos por qué la ministra Gloria Zalazar no da la orden, no se ha comunicado con nosotros, no nos ha preguntado si los empleados estaban bien, si necesitábamos algo», continuó cuestionando.
«También le solicitamos al presidente de Sameep que haga lo propio, con esas personas que estaban identificadas con camperas de la empresa, la verdad que necesitamos que se inicie un sumario hacia la persona mencionada y todas las que se puedan observar en los videos que se facilitan para darle difusión, porque ese grupo de personas son delincuentes, no son personas civilizadas, porque estas no hacen este tipo de cosas», añadió.
A su vez, Breard anticipó: «Vamos a exigir el acompañamiento policial en este y todos los operativos que hagamos porque hace pocos días se celebraba por una ley que fue aprobada, de alcoholemia 0, en el que el gobierno de la provincia promueve generar que las personas no consuman bebidas alcohólicas, pero tampoco generan las herramientas necesarias para que el personal pueda trabajar y lograr de alguna forma, al haber menos siniestros, menos personas ingresando al hospital, por lo tanto tiene un efecto multiplicador esto que no solamente favorece al municipio, sino también a la provincia, a la salud, al común de la gente», reflexionó.
También explicó que «estamos analizando a través del Juzgado de Faltas, ya que tenemos identificadas a las personas que serían parte de este grupo de violentos que se hizo presente en el operativo y de ser necesario estaríamos inhabilitando la licencia de conducir; la moto que se llevaron de la persona que tenía el control no tenía absolutamente nada. Ahora vamos a investigar al resto de las personas para ver cuál es la situación administrativa y, en consecuencia, analizar si es necesario inhabilitar la licencia aparte de la multa que se le podrá aplicar».