El pedido de elevación deberá esperar, por tercera vez, que en este caso se fijó como fecha el próximo 13 de octubre. Se trata de la muerte de un detenido, y por el cual hay varios policías en la mira.
Durante el último mes se produjeron novedades en el trámite de la causa que investiga la muerte de Leandro Bravo y en la cual cuatro agentes de la Policía del Chaco se encuentran detenidos e imputados por el delito de tortura seguida de muerte desde el 5 de abril pasado.
La primera está vinculada a la tercera prórroga de la investigación penal preparatoria, esta vez por 30 días, que se extenderá hasta el próximo 13 de octubre. El pedido de la Fiscalía de Derechos Humanos Adjunta fue recibido favorablemente por el Juzgado de Garantías de Charata, a cargo de la jueza María Julieta Liva.
Entre los fundamentos, la fiscala Silvia Slusar planteó que aún queda pendiente el peritaje de tres teléfonos celulares secuestrados en la causa, que estará a cargo del Gabinete Científico de Resistencia, con el objetivo de recuperar todas las comunicaciones mantenidas por los imputados entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2022, publicó el portal Corzuela en la Web.
Según detalló la fiscalía de Derechos Humanos Adjunta, también están pendientes declaraciones testimoniales de una persona que fue citada en dos oportunidades y aún no se presentó ante esa magistratura, de otra persona y del comisario que estaba al frente de la comisaría de Charata el día de la muerte de Leandro Bravo, el 26 de febrero pasado.
Por otro lado, el jueves se realizó en el Juzgado de Garantías de Charata la audiencia de oposición contra las prisiones preventivas de dos de los agentes policiales imputados. En ese contexto, la resolución de la jueza Liva se dará a conocer durante esta semana.
Otra de las novedades que se produjeron en las últimas semanas es que el abogado de esos dos imputados, César Collado, recusó a la fiscala Silvia Slusar por supuesta enemistad con su persona.
Fue por supuestos dichos de la fiscala durante una audiencia ante la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela.
En abril, el abogado ya había denunciado penalmente a la fiscala por supuestas irregularidades en el trámite de la causa por la que imputó a sus dos defendidos por el delito de tortura seguida de muerte, que prevé una pena de prisión perpetua.
En ese contexto, la jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, rechazó la recusación contra la magistrada por considerar que esta no cumplía con las prescripciones que exige el Código Procesal Penal.