En enero de 2021, una mujer denunció que el actual presidente del Concejo Municipal de Villa Río Bermejito, Norberto N., comenzó a abusar sexualmente de ella cuando se desempeñaba como intendente de esa localidad, en 2002. La causa fue elevada a juicio en abril, pero la Cámara Multifuero de Juan José Castelli aún no fijó fecha para el inicio y el imputado está libre. «El Estado tiene una deuda pendiente conmigo», aseguró R. en declaraciones que reprodujo el portal Corzuela en la web.
«Que aceleren y tengan en cuenta quién es la persona que va a ir a juicio, no es una persona cualquiera. Tiene autoridad y la sigue ejerciendo donde tengo mi trabajo, mis hijos, es necesario para mi salud que vaya a juicio y que de una vez por todas esto siga el camino que tiene que seguir, sin esperar tanto», pidió la víctima.
Así lo expresó R. en una entrevista telefónica con medios de la provincia, al reclamar al Poder Judicial del Chaco que fije fecha para el comienzo del juicio contra el actual presidente del Concejo de Villa Río Bermejito y exintendente de esa localidad, Norberto Beto N.
EN EL FREEZER
Hace casi siete meses quedó firme la elevación a juicio contra el ahora edil y hombre fuerte del radicalismo local por los delitos de «abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal».
De acuerdo a la acusación de la fiscal Raquel Maldonado, N. «valiéndose de su autoridad y poder como intendente en ese momento de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, como así también teniendo conocimiento y aprovechándose de la vulnerabilidad económica y familiar que atravesaba R.K.S. en ese momento, por medio coactivo, es decir obligando a su víctima a mantener relaciones sexuales para otorgarle un trabajo digno, sustento económico y hasta la ilusión de un techo digno para su familia, valiéndose de sus necesidades humanas», por lo procedió a abusar sexualmente de ella, según la funcionaria judicial.
El caso quedó radicado en la Cámara Multifueros de Castelli, a cargo de la jueza Alejandra Genovese, quien el 9 de junio pasado citó a las partes a juicio y el 14 de septiembre aceptó todas las pruebas y testimoniales que se expondrán durante las audiencias.
Sin embargo, desde aquel momento el expediente no tuvo más movimiento, a tal punto que la querellante Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco presentó sendas notas solicitando a la magistrada que fije fecha para el juicio, lo que a pocos días del comienzo de la feria judicial de verano, aún no sucedió.
Esas dilaciones judiciales son las llevaron a R. a hablar con la prensa. Teniendo en cuenta, además, que el imputado nunca fue detenido durante el proceso y sigue ejerciendo sus funciones políticas y su poder en la localidad.
«Va a terminar este año y no tenemos fecha, ya nos tendrían que haber dado. Es importante hablar de esto porque en enero va a cumplir dos años que hice la denuncia. Y que me están ateniendo desde el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia», sostiene R, quien hoy tiene 38 años y cuatro hijos, que, según lamenta, también fueron víctimas de esa situación que la marcó durante su juventud.
R. es trabajadora de prensa en radio y en un portal de noticias de Villa Río Bermejito.
Una deuda pendiente
Al tomar conocimiento de su caso, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros impulsaron una denuncia ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 2 de Castelli, Gonzalo García Veritá, quien en forma expeditiva dictó una medida de prohibición de acercamiento entre el denunciado y R.
«El juez hizo el trabajo de la manera más cuidadosa y responsable, después la Fiscalía y ahora la espera del juicio es dolorosa para mí», advirtió la víctima.
«Fue como una película de terror la primera declaración», afirmó R., en referencia al día en que tuvo que ratificar en la Fiscalía de Castelli, la denuncia que ya había realizado ante el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. «Estaba en un pasillo, con un hombre que se puso a preguntarme cosas, entré en una crisis de nervios. Contaba toda la historia y al lado le estaban tomando declaración a otras personas. Había como un biombo que nos separaba, nada más», describió.
R. también cuestionó que la Fiscalía la citó a declarar dos veces como testigo mientras que recién nueve meses después de la denuncia le tocó el turno al imputado.
Una vez que la denuncia cobró estado público, N. pidió licencia como concejal, luego volvió a su cargo. Pero siguió en libertad durante todo el proceso, gozando de su poder en un pueblo pequeño, donde todos se conocen. En noviembre de 2021, cuando por fin declaró como imputado, N. aseguró que «era todo mediático» y atribuyó la denuncia a una cuestión de política local por no haber votado la aprobación del presupuesto municipal. Reconoció conocer a sus padres, pero negó que R. haya trabajado en algún momento con el municipio mientras él se desempeñaba como intendente. También negó los abusos y que hayan sucedido en una camioneta.
Entre las pruebas que se incorporaron a la causa durante la etapa de instrucción, existe una filmación de los trabajos de prensa llevados adelante por R. para el denominado Proyecto Teuco Bermejito que documentaba el proceso de relocalización de la población criolla en esa zona de El Impenetrable. También fotografías y datos que dan cuenta de una camioneta que era utilizada por N. en aquella época.
«El Estado tiene una deuda pendiente conmigo. Necesito que el Estado me dé esa garantía», concluyó insistiendo en que el Poder Judicial defina la fecha del juicio contra el presidente del Concejo Municipal de Villa Río Bermejito.