El gobernador Jorge Capitanich ratificó ayer el apoyo del Chaco al proyecto de ley de financiamiento de las industrias culturales mediante plataformas digitales, en beneficio de todas las disciplinas artísticas de alcance federal.
La iniciativa fue expuesta en la primera asamblea del Consejo Federal de Cultura, realizada el 19 de abril en Buenos Aires, y presentada ayer en Casa de Gobierno por sus principales impulsores, entre ellos el diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro.
El proyecto propone igualdad de condiciones tributarias para las plataformas nacionales de streaming frente a las extranjeras, reinvirtiendo y generando trabajo en la diversidad de los territorios. Esta regulación mejora la competitividad de grandes y pequeñas productoras y amplía la oferta laboral de miles de artistas en general, actores, músicos, periodistas, creadores, productores y técnicos argentinos.
«El derecho a la cultura tiene que ser un derecho donde el Estado cumpla un rol fundamental, para financiarlo y subsidiarlo. Es parte de la alimentación del espíritu, sin lo cual no se puede sobrevivir en un mundo tan complejo y cambiante como este», expresó Capitanich, quien anticipó que llevará el texto a la próxima asamblea del Norte Grande.
«La industria cultural es clave en el país: tiene hoy el tres por ciento del producto bruto interno y genera más de 500 mil empleos, con una gran cadena productiva que incluye a trabajadores de diferentes sectores. Es un gran vector de generación de empleo y crecimiento», sostuvo.
Además, aseguró que es posible generar las condiciones de vinculación del mercado de capitales con el sistema financiero para generar un mecanismo de financiamiento para la producción audiovisual.
«La Bolsa de Comercio del Chaco tiene una movilización de recursos de entre $3 mil millones a $5 mil millones por año y la verdad es que perfectamente se podrían financiar proyectos de las industrias culturales. Si efectivamente tenemos la capacidad de constituir un fondo específico para la colocación en el mercado de capitales, podemos securitizar el flujo y garantizar mecanismos de repagos como lo hacemos para el equipamiento de consorcios camineros», consideró.
La iniciativa establece que los prestadores de servicios audiovisuales de libre transmisión disponibles en la red de internet abierta, que operen o comercialicen servicios en Argentina, tributen un gravamen proporcional a su facturación bruta correspondiente a publicidad tradicional y no tradicional, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de dichos servicios: del 3% para el caso de servicios extranjeros y del 1,5 % para el caso de servicios nacionales.
El 70% del total de lo recaudado sería destinado por la autoridad de aplicación a cofinanciar proyectos de producción audiovisual nacionales y el 30% restante a desplegar proyectos de inversión de infraestructura en localidades que cuenten con servicios de banda ancha con velocidades de transmisión como mínimo dos veces más lenta que el promedio nacional.
«Eso significa descentralizar estrategias de constitución de polos audiovisuales para que tengan un sentido federal. Emprendimientos de esta naturaleza nos pueden permitir acrecentar el volumen de empleo, porque es una cadena de valor extraordinaria», sostuvo Capitanich, quien defendió la idea de fijar un gravamen a las plataformas «ya que el Estado argentino debe tener capacidad regulatoria que ponga límites al afán corporativo y que garantice distribución de ingresos para construir una sociedad abierta, plural y democrática, con distribución equitativa del ingreso».
«Las corporaciones se apropiaron de los vectores de construcción de identidad y al haber concentración mediática no hay pluralismo ni democracia. Eso se resuelve generando conciencia a través de la creatividad de los contenidos audiovisuales, con una cultura abierta con promoción de valores identitarios», afirmó, y bregó para que el tratamiento en el Congreso de la Nación avance rápidamente porque «cada día que se pierde es trabajo que no se genera».
SOBERANÍA E
IDENTIDAD NACIONAL
El diputado Carro indicó, por su parte, que en el país la cultura es «el sexto agregador de valor en la cadena productiva económica, pero actualmente los recursos son escasos».
«La forma en la que miramos películas y escuchamos música cambió, lo hacemos a través de plataformas de streaming, que son empresas trasnacionales que venden un servicio a la Argentina, a quienes pagamos en dólares, pero no pagan impuestos», detalló, y por eso acotó que «el objetivo es encuadrarlas como un servicio de comunicación audiovisual».