Diputados del interbloque UCR solicitaron al fiscal de Estado la intervención urgente sobre todos los bienes muebles o inmuebles que se hayan otorgado desde el Estado provincial a fundaciones y cooperativas asociadas a la familia Sena.
Lo hicieron a través del proyecto de resolución 1505/2023, ingresado el pasado lunes a la Legislatura provincial. Al mismo tiempo solicitaron el acompañamiento de sus pares de otros espacios políticos para la aprobación de este y otros proyectos anteriores de pedido de informe.
«Pedimos que tome intervención urgente en el expediente judicial y que tome todas las medidas precautorias que sean necesarias a los efectos de que todos los bienes de la cooperativa de Emerenciano Sena, la fundación de Sena y de todos y cada uno de los implicados en este aberrante crimen para asegurar los bienes», explicó la finalidad el diputado Livio Gutiérrez y seguidamente justificó: «Medidas precautorias porque la fundación o cualquiera de ellos se puede insolventar, puede sacar del patrimonio de la fundación o de la cooperativa o de ellos mismos los bienes que están dentro de este circuito», indicó. «Ya hemos visto que el Estado provincial le ha entregado de todo, tractores, camionetas, retroexcavadoras, camiones y todo eso tiene un valor, entonces la idea es pedir al fiscal de Estado que asegure todos estos bienes hasta que se termine la cuestión judicial, siempre en el marco de la investigación», describió.
A lo que añadió: «En realidad la mayoría de los bienes de todo el clan Sena dependen de Bienes del Estado, es decir, el Estado le dio dinero y ese dinero tiene que volver al Estado o asegurar la responsabilidad civil que le corresponde a la familia de Cecilia en el marco de la investigación».
retrocesión
Gutiérrez continuó justificando la solicitud: «Acá lo que le pedimos es que el fiscal de Estado actúe, porque si hay un convenio, por ejemplo, que tenga que ver con un inmueble o que tenga que ver con un campo y ese campo no cumple los objetivos sociales por los cuales fue entregado, siempre hay cláusulas que se denominan de retrocesión, es decir, que vuelvan los inmuebles al Estado provincial y que se le dé a gente honesta, obviamente».
Ante esto, el diputado de la UCR añadió: «Lo que pedimos es que el bloque oficialista en Labor Parlamentaria apruebe este proyecto de resolución como otros proyectos que tienen que ver con la cuestión educativa y que fueron ingresados desde 2017, pedidos de informe, situaciones que durante mucho tiempo veníamos denunciando».
Consultado sobre el dinero secuestrado en los allanamientos, Gutiérrez recordó: «El fiscal federal en el tema del lavado de dinero está investigando estos bienes. Las publicaciones periodísticas hablan de dos inmuebles, dos terrenos, dos campos, una casa. Bueno, yo mismo investigué, la casa está a medias entre Marcela y su hermana en un sucesorio, es decir, no depende del Estado provincial», diferenció.
Ante lo cual reiteró: «Lo que sí necesitamos es que el fiscal de Estado de la provincia intervenga porque existe una gran cantidad de bienes que evidentemente han salido del Estado provincial».
Pero además los legisladores solicitaron que «todo lo que son los contratos y los servicios que tiene el Estado provincial con distintas empresas y que tienen que ver con estas fundaciones, con esta cooperativa y con Emerenciano, sean suspendidos y que esta suspensión no implique molestar o quitarle bienes a gente honesta que vive en el barrio. A la gente que vive en el barrio lo que hay que hacer es tarde o temprano entregarle su título de propiedad y que dejen de depender de los Sena», consideró.
pedidos
de infiorme
La diputada Zulma Galeano recordó que «desde 2017 se han presentado pedidos de informe sobre el por qué, por ejemplo, Emerenciano Sena y su señora figuraban como directores de la institución sin ser docentes, cuáles son los haberes que cobraban cada uno de ellos. Nosotros hemos pedido también en este proyecto que detalle los fondos que el Ministerio de Educación transfiere a la fundación para el pago de salarios y cuáles son otras cuestiones económicas que reciben para el sostenimiento de los distintos niveles de la institución y proyectos y dinero que sale del sistema educativo del Ministerio de Educación», describió. «Este proyecto lo presentamos. Algunas cuestiones se hicieron, por ejemplo, la intervención. Incluso hemos manifestado que la intervención nos parece muy subjetiva».
En este punto la legisladora se explayó: «Me parece que, si hubiéramos querido ser un poco más objetivos y transparentes, hubiéramos convocado a alguien de la oposición también para que pueda actuar en los distintos niveles, resguardando siempre el accionar de los docentes que no tienen que ver, de los estudiantes que están ahí en las instituciones educativas y de las familias, por supuesto».
A su vez, también informó que «hemos pedido que se nos remita la copia de las bajas, las desafectaciones que se han realizado tanto a Emerenciano, a Marcela, a César y a los otros implicados que todos cobran por el sistema educativo provincial».
Intervención subjetiva
Mientras que a su turno, el diputado Leandro Zdero indicó: «Nosotros tenemos posición tomada frente a esta situación, no solamente de ahora, con esta medida precautoria que se ha referido el diputado Livio Gutiérrez respecto de todos los bienes del clan Sena, a efectos de clarificar, sino también que hemos sido consecuentes con varios pedidos de informe, como lo ha informado la diputada Galeano, que tiene que ver con una escuela de gestión social, que evidentemente no hay información precisa», repasó.
«Por otro lado, dejar en claro desde nuestro bloque que no compartimos la subjetividad de una intervención que es parte del mismo gobierno que es socio político del clan Sena. Simplemente nosotros dejamos en claro que no compartimos en absoluto una intervención que tiene carácter subjetivo y que no roza en nada la objetividad», afirmó.
Por lo que entendió que «si se quieren clarificar las cosas en la provincia deberían actuar no solamente a través de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sino la posibilidad de convocar a otras organizaciones, como por ejemplo las universidades, los consejos profesionales, me parece que la política no debe entrar en este tema, ni siquiera nosotros que por ahí podemos ser parte de esta intervención, para que haya realmente una objetividad», consideró.
«Uno debería convocar a todas las organizaciones del medio, digo, consejos profesionales que pueden garantizar la participación, no mandar a militantes que en realidad eran parte del mismo proyecto político», sostuvo.