El juez agradeció «a la Policía del Chaco por su correcto accionar, así como a la Asociación de Magistrados, al Superior Tribunal de Justicia, a mis colegas y muy especialmente al personal de mi juzgado que me acompaña día a día».
El viernes, un grupo de personas pertenecientes a un movimiento social agredieron y amenazaron al juez del fuero penal de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Lubary, por negarse a otorgarle la libertad inmediata a un menor de edad imputado y detenido por un delito. El adolescente fue detenido por estar involucrado en un robo piraña, y el juez resolvió que sea trasladado a la Aldea Tres Horquetas. Un grupo de personas intentó persuadir al juez a la salida del juzgado amenazándolo.
Tras el hecho, el magistrado se pronunció y aseguró que «no vamos a ceder ante prácticas extorsivas de grupos piqueteros o de otro tipo que afectan la institucionalidad y la seguridad de la sociedad toda».
Además, Lubary agradeció «a la Policía del Chaco por su correcto accionar, así como a la Asociación de Magistrados, al Superior Tribunal de Justicia, a mis colegas y muy especialmente al personal de mi juzgado que me acompaña día a día».
Y finalizó «de inmediato estuvimos trabajando para la identificación de todos los autores de los hechos delictivos acaecidos el día de la fecha para realizar las denuncias correspondientes. Muchas gracias».
Posición del STJ
A través de un comunicado a raíz de lo ocurrido este viernes en el Fuero de Niñez, Adolescencia y Familia Penal, ubicado en la avenida Las Heras 320, donde intentaron agredir al juez Lubary, el Superior Tribunal de Justicia expresó: «el camino debe ser siempre el del diálogo en la búsqueda de los consensos y las respuestas y soluciones posibles, rechazando todo hecho de violencia o uso de la fuerza sobre las personas y bienes».
Asimismo manifestó que «se solidariza con quienes han vivenciado situaciones de esta índole que deben evitarse y no contribuyen a la paz social tan necesaria para el bienestar de nuestra sociedad, el respeto a las instituciones y el ejercicio de la función judicial como presupuestos de la república democrática».