Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) brindaron detalles del allanamiento realizado el miércoles en la chacra 213 de Resistencia, ubicada en Colón al 3500. Entre varios puntos, aclararon que este predio se ubica al lado de las tierras del barrio Emerenciano, no adentro.
El procedimiento fue a las 6, liberando de ocupantes y bienes del lugar que había sido tomado de manera ilegal y en forma violenta por un grupo de 300 personas.
Atento que el delito de usurpación se hallaba en curso, la intervención consistió en liberar el predio, compuesto por varias hectáreas, que estaba siendo demarcado con palos y alambres, construcciones precarias con palos y nailon, sin resultar daños materiales ni a los ocupantes.
Luego de ello se hizo entrega de los terrenos a las autoridades del Chaco, bajo apercibimiento de tomar las medidas necesarias para evitar nuevas usurpaciones, quedando encargado de la custodia.
El predio desocupado no corresponde al barrio Emerenciano, sino que es propiedad de la provincia y está destinado a dar soluciones habitacionales de numerosas familias.
La ocupación ilegal llegó a conocimiento de la fiscalía el lunes, recibiéndose la denuncia por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, habiéndose intimado a los ocupantes para que dejen libre la zona.
Ante la negativa de estos, se diagramó en pocas horas un impecable procedimiento para evitar que el delito produzca consecuencias.
INCIDENTES RESUELTOS
A pesar de recibir insultos y amenazas, el personal interviniente actuó con la debida mesura y objetividad necesarias para sortear los inconvenientes, procediéndose a la aprehensión de las personas que obstaculizaron el accionar policial y judicial, notificándoseles la detención por los delitos de resistencia, atentado a la autoridad, daños a los bienes del Estado y amenazas, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.
Es importante destacar que actos de este tipo no son tolerables en la sociedad. La invasión violenta de propiedades públicas o privadas socava el estado de derecho y la convivencia pacífica que todos anhelamos.
La solución a las preocupaciones legítimas en torno a la vivienda y la necesidad de garantizar un techo digno para todos los ciudadanos debe encontrarse dentro de los marcos legales y respetando los derechos de todos, sin recurrir a la violencia ni a la usurpación ilegal.