La Fiscalía 4 de Sáenz Peña, a cargo de Gustavo Valero, confirmó la prisión preventiva a los detenidos por la muerte del joven penitenciario Lucas Brahaim Romero, ocurrida el pasado 21 de septiembre en la estación terminal local durante un violento robo.
En aquella fecha, Romero descendió del colectivo y, yendo a la casa de sus padres, fue abordado por dos delincuentes que lo apuñalaron por la espalda y le robaron sus pertenencias. La herida causó un sangrado y un edema pulmonar que le provocó la muerte al oficial de seguridad.
Mauricio Massin, abogado querellante de la familia, destacó en este sentido el trabajo investigativo llevado adelante no solo por el Equipo Fiscal, sino también por la División Investigaciones y la Policía.
«Tuvieron una excelente actuación por lo menos en lo que respecta hasta el momento en la investigación. También hay que ponderar el trabajo de las fuerzas de seguridad, la División de Investigaciones y la prevención policial que realizó la investigación y el seguimiento a estas personas, y que finalmente se los pudo identificar con un grado de certeza requerido en esta etapa bastante importante, con pruebas que dan prácticamente por sentado que son los autores del hecho», afirmó Massin.
El fiscal Valero dictó la preventiva el pasado 10 de octubre, pero fue confirmada «ya que no fue apelada ni se interpuso una oposición por esta resolución de prisión preventiva», aclaró el querellante.
El expediente cuenta con numerosas pruebas para finalizar la investigación. Sin embargo, hay muchas que quedaron sin realizarse porque «los imputados se negaron a realizarse el test psicológico que está dentro de las garantías constitucionales del imputado», indicó el letrado.
«Es una extensión del derecho a no declarar y no autoincriminarse. Pese a eso, también estoy analizando la incorporación o la producción de cierta prueba que pueda ayudar a que el proceso sea de mensuración de pena, como me gusta decirlo a mí, y no un proceso de análisis de autoría y participación», resaltó.
Por otro lado, el abogado recordó que uno de los detenidos ya tiene antecedentes por homicidio, con una condena de 2023. Fue detenido en 2011, y se encontraba bajo la modalidad de salidas asistidas a partir de junio de 2022. Ahora, en 2023, cometió el crimen.
Massin habló sobre la pena que le cabría a ambos detenidos, diciendo que todo se inclina a condena perpetua ya que los dos fueron imputados como coautores del hecho. «Participan de manera conjunta para desplegar esta empresa criminal por decirlo de alguna manera», señaló.
Antes de que la causa se eleve a juicio todavía restan diligencias, y la inclusión de nuevas pruebas posibles. «Entiendo que el fiscal es cauto en esta situación, pero creería que el fiscal ya estaría trabajando en este pedido», aseveró.
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