El 10 de noviembre pasado, el fiscal de Investigación 6, Roberto Villalba, requirió a la Cámara Segunda en lo Criminal la citación a juicio de la causa en la cual están imputados los comerciantes Javier U. y Ignacio G. Ambos están imputados por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, con una pena que va de los 3 a los 6 años de prisión. La investigación fue iniciada tras una denuncia presentada por Paulo Pereyra, en calidad de representante legal de Sameep.
De acuerdo a la fiscalía, en fecha y hora no determinada, pero anterior al 10 de agosto de 2023, Javier recepcionó con conocimiento de su procedencia ilícita, 73 llaves maestras, 24 llaves de paso; 8 llaves esféricas; 5 cuerpos de medidores; 3 medidores de agua distintas marcas y medidas todos usados y 20 cuerpos de medidores los cuales se hallan rotos.
Además, en misma fecha, pero a las 11, recibió más mercadería irregular: 8 tapas de forma circular de material plástico Asteria, con retazos de carcazas azul y 6 relojes de medidores, los cuales fueron sustraídos por personas desconocidas, a través de distintos hurtos y/o robos a los usuarios de la empresa estatal de agua.
Estos elementos fueron secuestrados al empresario el 10 de agosto de 2023, en un allanamiento en avenida Alvear 3000, en Fontana, lugar donde funciona la «chacarita» de reciclaje.
Según la imputación, el empresario no pudo justificar su legítima tenencia, advirtiendo además que estos elementos eran volcados posteriormente a la cadena de reutilización y/o comercialización con el fin de obtener un beneficio económico.
En cuanto a Ignacio G., el fiscal recordó que en fecha y hora no determinada pero anterior al día 10 de agosto de 2023, el empresario del reciclaje recepcionó «con conocimiento de su procedencia ilícita» veinte llaves de paso de material de bronce, los cuales fueron sustraídos por personas desconocidas a través de distintos hurtos y/o robos a los usuarios de Sameep.
Estos elementos le fueron secuestrados a G. en un allanamiento realizado el mismo día en el que se realizó el de U. (10 de agosto) pero en la intersección de calles Chamamé y Goitía de Resistencia, lugar donde funciona otra «chacarita». El dueño del lugar no pudo justificar su legítima tenencia.
Si bien tanto U. como G. intentaron brindar una explicación sobre lo ocurrido, el fiscal Villalba consideró que dichos argumentos no eran suficientes para desvirtuar la imputación.
«Al hacer efectivo su derecho de defensa material, no han esgrimido argumentos convincentes, con lo cual no desvirtuaron las pruebas de cargo que lo incriminan, las que constituyen un caudal probatorio serio y eficaz para formar la convicción en el suscripto, de que es muy probable que los imputados intervinieron en el hecho en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, tal como fuera intimado, por lo que así las cosas se satisfacen plenamente los recaudos legales para hacer viable el dictado del presente auto de elevación a juicio», concluyó el fiscal.
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