La responsabilidad de los medios, y también de la oposición, es ser serios en el análisis y en el ejercicio sano de la crítica cuando correspondiere para que sea la sociedad la que haga su propia evaluación escuchando todas las campanas.
Este turno electoral, quizá por primera vez en años, ha mostrado una respuesta de la gente diametralmente opuesta a la de otras elecciones.
En el ejercicio del voto ha evidenciado un grado de análisis como para saber separar la paja del trigo, y poder dar a cada uno lo suyo en una actitud que dejó en claro el hartazgo por el discurso vacío de contenido, distante de las realidades sociales.
En este marco, los medios tienen una enorme responsabilidad como formadores de opinión, tanto más en tiempos particularmente difíciles como los actuales, en el escenario de una crisis largamente incubada por decisiones de marcada irresponsabilidad por parte de quienes estaban al frente de la conducción económica del gobierno nacional como también las indisimulables diferencias en lo más alto del núcleo duro de conducción política, desde donde las señales que se daban no eran las más lógicas para llevar tranquilidad a la gente, y ofrecer un norte que la anterior gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa nunca tuvo al punto de renegar de la necesidad lógica de exhibir un programa y un plan económico que nunca apareció, seguramente porque no lo hubo.
En los últimos tiempos, y dentro de las medidas dispuestas por el gobierno nacional, se incluyó entre otras decisiones la suspensión por un año de la pauta publicitaria, algo que afecta a la libertad de expresión como que los medios nadie discute son parte de una realidad social en la que contribuyen cuando son dirigidos con responsabilidad a contribuir al orden social.
Es obvia la crisis que desde hace años vienen teniendo los medios de prensa gráfica, tanto por la incidencia del costo laboral como de los insumos todos atados a la suerte del dólar, con un crecimiento exponencial en el último año.
A ello se suma la caída de la publicidad privada y la notoria caída también de la venta del diario de papel, fenómeno este acentuado como uno de los efectos más notorios del avance tecnológico que produjo la pandemia.
Aún así, el medio escrito forma parte de la idiosincrasia del pueblo. La presencia en las calles, en las oficinas públicas, y en el resto del espectro mediático contribuye de manera decisiva a la agenda política de cada comunidad, sea a través de su difusión en las redes sociales, en la televisión, las radios de alcance provincial o la infinidad de radios de frecuencia modulada que en cada localidad toman la noticia.
En verdad está claro que los medios necesitan del reconocimiento y el apoyo de quienes gobiernan para asegurar su continuidad y las fuentes de trabajo aunque seguramente esta necesidad es quizás mayor por parte de los que tienen la responsabilidad en el día a día de la gestión.
Es el tamiz de la información que llega a las redacciones la obligación de un periodismo sano que algo no debe hacer es tirar leña al fuego en momentos de una fuerte tensión social.
Esta línea de pensamiento es la que LA VOZ DEL CHACO viene siguiendo frente a la nueva gestión presidencial, más allá de lo que implica y significa en términos económicos la suspensión de las pautas nacionales.
Y, en este contexto de responsabilidad republicana asoma una última decisión del nuevo gobierno de la provincia que se conoció ayer en el marco de las medidas de austeridad anunciadas para recorrer el difícil camino por delante, más cuando aún no se efectivizó la implementación de la modificación del Impuesto a las Ganancias que con notoria irresponsabilidad fue acompañado por manos alzadas de legisladores que votaron en contra de sus propias realidades financieras locales y hoy claman por soluciones al nuevo gobierno.
Se refiere particularmente al anuncio de la recomposición de los sueldos de los más altos funcionarios del gobierno provincial y organismos dependientes de la administración.
Algún sector de la política y de la prensa ha mostrado esta sana, saludable y transparente decisión como algo incorrecto. Algunos con adjetivos impropios cargados de subjetividad. En recuadro separado se da cuenta de cómo se refleja el incremento del 148% dispuesto mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Del análisis de las remuneraciones, respecto a las cuales algunos incluso ex funcionarios, con rango de responsabilidad que aconsejarían mayor prudencia, como el ex ministro de Economía y actual diputado, Santiago Pérez Pons, surge claramente que a las nuevas remuneraciones le caben aún nuevas decisiones de recomposición para que los sueldos de las personas con altas responsabilidades de gobierno sean acordes a los intereses que manejan.
Un sueldo mensual de un gobernador de provincia de $1.347.425 no puede ser mostrado como una exorbitancia ni mucho menos. Sería bueno para la salud de la República que los altos funcionarios tengan haberes acordes no solo a la responsabilidad que asumen, sino al nivel de gasto que le exige su función. Lo peor es dibujar sueldos, y recibir diferencias «bajo la mesa».
No puede obviarse la comparación con otras provincias. Con otros funcionarios. Un juez federal está cerca de los $4.5 millones; un juez de Cámara en más de $5 millones; un juez de la Corte en $8 millones; un legislador cruzando el río está a valores de diciembre, sin recomposición, en el doble de lo que gana el gobernador del Chaco; y un ministro del Superior Tribunal orilla los $3 millones. Ni qué decir de cada una de las pensiones de la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que superan los $8.5 millones.
Es bueno entonces, para contribución al análisis, poner las cosas en blanco sobre negro y dejar de manifiesto que sería bueno que este proceso de recomposición salarial iniciado con este incremento se acentúe en un marco de realidad y transparencia en la función pública.
Incremento del 148% para funcionarios provinciales
El gobernador Leandro Zdero se aumentó ayer su propio sueldo mediante un decreto en el que él mismo se fijó un ingreso de casi $1.350.000, un incremento del 148% para el titular del Poder Ejecutivo. La decisión de Zdero se dio el mismo día que anunció un «plan de austeridad» (ver página 3), que dictamina recortes para distintos sectores de la administración pública y la venta de bienes del patrimonio provincial.
A partir de esta decisión, el gobernador pasará a cobrar un sueldo de $1.347.425 cuando el último haber percibido por el titular del Ejecutivo había sido de $544.323 en noviembre de 2023.
La diferencia entre el sueldo que cobrará Zdero en enero y el que percibió Jorge Capitanich apenas hace un mes es de $803.102.
UPCP pide explicaciones
UPCP, el gremio más poderoso de la administración pública, se expresó ayer en contra del incremento auto-otorgado por el gobernador Leandro Zdero y pidió explicaciones por el decreto que aumenta los sueldos de los funcionarios en un 148%.
A través de un duro comunicado de prensa, el sindicato se quejó por el hecho de que el mismo día que el Ejecutivo anunciase un plan de ajuste, al mismo tiempo el gobernador sube los salarios de ministros y subsecretarios.
«Cobrar un sueldo digno no es un privilegio de pocos es un derecho de todo trabajador, el que debe ser respetado y garantizado por el gobierno provincial», afirmaron desde UPCP.
«Es evidente que la intención de este Gobierno no es garantizar los servicios públicos y que el Estado cuente con el recurso humano necesario para cumplir con las demandas de la comunidad de modo eficiente», advirtieron.
PARITARIAS
Finalmente, desde UPCP exigieron convocatoria a paritarias y el respeto irrestricto al régimen de negociación colectiva en la administración pública de cara a 2024.