El municipio de Resistencia suspendió ayer una serie de resoluciones dictadas por la anterior gestión y congeló, de manera provisional, ascensos, recategorizaciones y nuevos cargos de personal comunal.
La medida, comunicada ayer por el equipo de prensa del intendente Roy Nikisch, dio cumplimiento a una medida cautelar de la Justicia ordinaria, que había -precisamente- frenado las modificaciones en todo el organigrama laboral de la comuna capitalina.
En paralelo, el jefe comunal optó por dar de baja un número no determinado de contratos de servicio rubricados entre noviembre y diciembre pasados.
Desde la actual administración cargaron con fuerza contra el exintendente Gustavo Martínez por el festival de nombramientos y ascensos que firmó antes de dejar el cargo en noviembre pasado.
Además, fuentes municipales sostuvieron que las resoluciones que había suscrito el anterior jefe comunal tendrían un impacto financiero de alrededor de $120 millones para el municipio.
La medida cautelar de la Justicia se conoció el 29 de noviembre tras una presentación realizada por trabajadores de la comuna.
En aquella decisión, un tribunal provincial le ordenó al por entonces intendente Martínez se «abstenga» de realizar actos que impliquen la modificación del organigrama y el escalafón laboral de la Municipalidad de Resistencia.
En el mismo fallo, la Justicia dictaminó que Martínez, quien dejaría el cargo del 10 de diciembre y su esposa Elida Cuesta, ya había sido derrotada en las elecciones locales, debía «evitar todo acto que implique creación de cargos y/o llamado a concursos de oposición y antecedentes para cubrir vacantes de nuevos cargos y en el caso de haberse dictado se suspendan con carácter provisorio y de manera inmediata».
Según indicaron desde la administración de Nikisch, el anterior intendente no cumplió con la decisión judicial, lo que finalmente fue acatado ayer por parte del actual gobierno comunal.
LA HERENCIA DE GUSTAVO
De acuerdo con la medida cautelar, son 79 los trabajadores y trabajadoras municipales que vieron afectada su carrera administrativa a partir de las resoluciones del por entonces intendente.
Esos agentes se presentaron ante la Justicia al considerar que sus derechos laborales habían sido vulnerados y avasallados, especialmente, en lo que hace a sus respectivas carreras administrativas.
«Esa maniobra de ‘retirada’ de Gustavo Martínez le cuesta a los vecinos de la ciudad más de $120 millones mensuales; por lo tanto, la actual gestión ha decidido cumplir en forma irrestricta con los mandatos judiciales, como debe ser», indicó ayer un parte de prensa del municipio.
Además, se explicó que la decisión adoptada ayer implica suspender, de manera provisional y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en sede judicial, todas las resoluciones que hayan modificado el organigrama; el escalafón actual; las que hayan creado cargos; y las que hubieran llamado a concurso de oposición y antecedentes para cubrir vacantes de nuevos cargos, entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre de 2023.
En paralelo se detalló que el hecho de cumplimentar la medida cautelar por parte del Ejecutivo local implica que hasta tanto se resuelva la acción de amparo, el personal municipal que haya sido designado, promocionado o titularizado regresa a la situación de revista anterior al que tenía, previo al dictado de instrumentos legales suspendidos.
«Asimismo, se ha tomado la determinación de no renovar los contratos de servicio vencidos el 31 de diciembre de 2023, muchos de ellos creados entre octubre y noviembre de 2023 en pleno operativo retirada de Martínez», se explicó en el despacho periodístico.