El Presidente avanza. En todos los frentes, y sin pausa. Sin equipo propio, no ha cumplido un mes de gobierno y está claro que no responde, sino a su propia iniciativa. Aunque en no pocas oportunidades ha agradecido el apoyo del ex presidente, Mauricio Macri, no ha dudado en calificarlo de desinteresado, quizás como forma de que quede en claro que no ha habido compromisos como se supuso en algún momento y se descontó puertas adentro del ala dura del PRO. La iniciativa de Milei, particularmente primero con el DNU; y luego, con el megaproyecto de ley ha acentuado la crisis en los bloques legislativos con idas y vueltas en procura de redefinir una estrategia a la hora de encarar el tiempo que se viene. Los que tienen detrás responsabilidades de gestión, sean intendentes o particularmente gobernadores, se diferencian de las cúpulas de los espacios a los que pertenecen y de sus propios partidos. Apuestan en sus propias responsabilidades de administrar el pragmatismo a que los legisladores entiendan que la retórica discursiva encuentra sus límites en la realidad de los números con los que mueren las palabras.
Por CONFUCIO
Hace varias décadas, la frase de un célebre ex Ministro de Economía, también liberal, luego devenido a menemista, pasó a la historia: «Hay que pasar el invierno». Por estas horas, no hay dudas, frente a los calores de enero y febrero, el desafío es pasar el verano de 2024, que es el desafío que tiene por delante más que el gobierno el país, cuya suerte está depositada en el acierto de las medidas tomadas y a tomar por un Presidente que parece tenerla clara. Que no duda a la hora de avanzar, con una decisión que desconcierta, pero que a la vez genera confianza, incluso en los sectores que sienten en carne propia el efecto de las medidas ya establecidas.
Argentina está en la vidriera del mundo. Los mercados externos responden con una cuota de confianza que se manifiesta por distintos indicadores, mientras el FMI, como el Gobierno de Estados Unidos muestras simpatía por el rumbo de la política económica del novel Presidente.
La encuesta de una reconocida firma del medio divulgada en las últimas horas, señala que el primer mandatario mantiene una elevada imagen, mientras algunas cuestiones, como las del costo del combustible, las tarifas o las prepagas, así como el precio de artículos de consumo masivo registran aumentos con signos -en algunos casos como la carne- que, luego de registrar una importante suba, ha entrado en una baja sostenida, producto de la retracción de la demanda.
El Gobierno, en los hechos, lo había anticipado. En una economía fuertemente indexada como dejó el ex Ministro de Economía, con una inflación contenida, era previsible una etapa de sinceramiento que comenzó con el ajuste del dólar oficial. Una medida necesaria para asegurar la vuelta a la normalidad progresiva y el ingreso de dólares frescos, única posibilidad de enderezar las cuentas oficiales y enfrentar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. A ello, la recomposición, a valores internacionales de los combustibles con alta incidencia -como el nuevo dólar- en productos de la vida diaria de los argentinos.
La distorsión que dejó el Gobierno que se fue estaba a la vista de todos. Quienes viven en las fronteras advertían el flujo permanente de vecinos de países limítrofes que ingresaban al país para abastecerse de combustible con un drenaje diario de millones de dólares que alteraban aún más los números de una economía cortoplacista en la que el objetivo fue, primero, llegar y luego, tratar de ganar cueste lo que cueste, con políticas a plazo fijo, como los precios cuidados o negociaciones con diversas cámaras empresarias, a costa de acuerdos -en muchos casos- gravosos, que tenían una fecha límite, coincidente con el cambio de gestión.
Ese es el país que recibió el Presidente. La indexación de la economía tiene como efecto principalísimo una alteración formidable de los precios relativos. Lleva a que un producto, que normalmente se equipara a ciertas pautas de correlación con otros, de golpe valga mucho más o mucho menos en la serie histórica.
El Gobierno apuesta al funcionamiento de los mercados. A restablecer la ley de la oferta y la demanda. Y aquí surge la responsabilidad no individual, sino de la sociedad en su conjunto de saber comprar. De mirar precios. De recorrer comercios en búsqueda de menores valores. Las diferencias que existen, aun en las cosas más triviales y en negocios ubicados en una misma ciudad, a pocas cuadras, es realmente demostrativo de la necesidad de hacer valer «el poder de compra» no sólo en beneficio de la familia, sino de la sociedad en su conjunto. Es, en los hechos, un control de precios no efectuado de manera policiaca a través de organizaciones sociales, gremiales o militantes, sino por el ciudadano común que hace valer su propio dinero, obligando a que los precios busquen su propio nivel. Es el caso del valor de la carne, de otros productos de uso masivo que en diciembre se distribuyeron con aumentos considerables porque los proveedores buscaron un margen adicional de cobertura del que luego debieron volver.
Intertanto, hay aspectos de la vida diaria que están a la vista. El dólar «blue», que llegó a pasar los 1.200 pesos en las postrimerías del gobierno K, se ancló en los 1.000 pesos. El dólar oficial se mantiene alrededor de los 800. La brecha entre ambos, que alcanzó a casi el 200 por ciento, con quince tipos de cambios diferenciados, se reduce al día de hoy al 25 por ciento, lo cual facilita enormemente la recuperación del proceso económico, mientras se espera ansiosamente la llegada de miles de millones de dólares que aportará particularmente una cosecha gruesa que, a estar de lo que se prevé, será récord en cantidad y en volumen de dinero.
Este periodo que se transita estaba previsto. Fue anunciado por el Presidente el día que habló frente a la Plaza de los Dos Congresos. Advirtió que, antes de verse los resultados de las medidas a tomar, se conviviría con altos índices de inflación causados por sinceramiento de las variables económicas, que recién después comenzaría un proceso de inflación decreciente y progresiva que sería la respuesta del mercado a la dureza de las medidas a adoptar.
Anunció medidas fuertes que alcanzaron privilegios enraizados en un empresariado prebendario acostumbrado a vivir del Estado. Alcanzó a sectores del campo, motor de la economía nacional y aliado fundamental en el tiempo que se viene, que debe entender la necesidad de adaptarse a una época en la que debe acompañar la morigeración del efecto inflacionario sobre los precios. Algo lógico si se advierte que se inicia un proceso de recuperación y reconocimiento de la importancia del sector.
Los medios de prensa, un sector que ya venía de una crisis estructural en los últimos años, en progresiva caída, fueron alcanzados por la decisión de suspender por un año la pauta nacional que, como muchas de las provinciales, llegaron a ser fuente de financiamiento espurio para la llamada casta política, en desmedro de las empresas instaladas con costos demostrables, cuya existencia y subsistencia no sólo hace a la conservación de las fuentes de trabajo, sino a la preservación del funcionamiento de las instituciones democráticas con vigencia de la libertad de expresión, reconocida en los tratados internacionales.
Otro sector que, en definitiva, deberá poner el hombro en búsqueda del necesario equilibrio en las cuentas públicas que, controlando el proceso inflacionario, haga de Argentina un país viable, con previsibilidad para invertir y crecer. No pocos son los que creen que la pauta es un beneficio gracioso de los gobiernos.
En los hechos, son estos quienes necesitan más de los medios que estos de los gobiernos de turno. Es que, como tales, tienen fecha de vencimiento, mientras los medios con arraigo y tradición sobreviven a estos, mantienen su vigencia, incidencia e influencia en que muchos políticos -atados a la confusión que les genera el ejercicio temporal de los cargos- olvidan la diferencia sustancial que existe entre lo que es poder y la función de un cargo público, a cuyo término -no pocas veces- deben responder desde el llano.
Importa recordar aquella frase de un hombre de los quilates del ex gobernador, Juan Ramon Vidal, cuando decía: «Un día en el llano es una eternidad, treinta años en el poder son un suspiro». Es habitual y muchas veces se paga el no entender la naturaleza misma del poder y el carácter de servidor público que tiene quien pasa por la función pública.
POLÍTICOS Y JUECES QUE HAYAN ESTADO
DEL OTRO LADO HACEN FALTA EN UN PAÍS DONDE
ABUNDAN LOS OPINÓLOGOS
Hay algo que es importante definir. El concepto de «la necesidad y la urgencia». La reforma constitucional de 1994 avanzó bastante en esta cuestión en términos del Derecho constitucional y dejó determinada la legalidad de esa norma excepcional, en tanto una de las cámaras del Congreso las apruebe. Es decir que para que un DNU sea dejado sin efecto debe tener el rechazo de los dos recintos parlamentarios de la Nación. Es este un primer paso. La Justicia debe ajustarse al proceso temporal que la propia Constitución fija.
En este marco, el Presidente, con criterio acorde a una realidad que -guste o no- no puede soslayarse, porque está a la vista de todos los argentinos «una real emergencia económica y social» que exige medidas duras y urgentes. Urgentes, porque todo tiene que ver con todo y para la eficacia del programa en curso lo peor que podría pasar sería que, frente a una situación terminal que exige cirugía de fondo, se entre en un debate interminable en los medios y en el Congreso, donde muchas veces quienes toman la palabra no tienen la mínima preparación, buscan protagonismo mediático y desconocen la realidad práctica porque llegaron a las bancas sin haber trabajado y sin saber hacer un 931, que es el ABC de todo hombre de empresa.
En este contexto, de acuciante gravedad económica, con una negociación en curso con el FMI y con una impresionante cantidad de vencimientos que deben ser afrontados, la responsabilidad del Gobierno está en «no perder tiempo» para que las medidas adoptadas comiencen a surtir efecto.
Entre otras muchas, se ha tomado la decisión de suspender toda obra pública nueva. Otra decisión claramente realista en cuanto a que apunta a gastar lo que se recauda, sin convalidar un Presupuesto donde se vuelva a quedar con los números en rojo. Ese rojo, que se llama déficit fiscal, obliga a emitir dinero sin respaldo o a buscar una financiación que no hay en el mercado.
Pareciera claro entonces que la suspensión de la obra pública es otra de las medidas que, además de impedir la salida de fondos que no hay, contribuye a impedir la lamentable desviación de recursos en beneficio no sólo de la llamada casta política con los llamados retornos, sino los sobreprecios a los llamados empresarios prebendarios que se enriquecieron a costa de los argentinos.
EL MÁS PERVERSO
DE LOS AJUSTES
«Ajuste» ha quedado como una mala palabra para el común de los argentinos. En un contexto de precisión terminológica, hay que tener en claro que el peor de los ajustes es el que produce la propia inflación, que destruye el poder adquisitivo del salario y perjudica a las clases más necesitadas.
La graciosa liberalidad de otorgar planes, de facilitar el ingreso de extranjeros a los que se les costea los estudios, se le paga la salud pública y hasta se le otorgan planes sociales termina pagándolo el conjunto de los argentinos. El Estado, en definitiva, somos todos y la administración de ese dinero no debe llevar al país ni a emitir dinero, ni a contraer deuda.
LOS GOBERNADORES «CON
LAS BARBAS EN REMOJO»
Algunos creen que el problema de la aprobación o no del DNU, o del llamado megaproyecto que ingresó en la Cámara de Diputados, son algo que ocupa y preocupa sólo al Gobierno.
Craso error. Para no equivocarse, antes que nada, es necesario, absolutamente necesario, conocer y estudiar el perfil del hombre sobre cuyos hombros reposa el futuro de los argentinos. Es, como se dice, un hombre que no viene de la política, que no conoce a los actores de la misma, no comulga con los códigos de ella y, de hecho, es poco afecto al cuidado de las formas. Todo ello es una realidad.
Alguien que cree que lo suyo es una misión, que está dispuesto a llevarla a cabo, sea como sea, que no le preocupa pagar costos y que, si tiene logros y es reconocido irá por su reelección. Aunque admite que está dispuesto a irse a su casa no sin antes cumplir con lo prometido. Alguien que, contrariamente al común de los políticos, no tiene nada que perder.
Bajo este análisis, fundamental en un contexto de realidad y responsabilidad, están los gobernadores, sean del signo que sean. Ellos son los más vulnerables y el Presidente lo sabe. Por eso mantiene bajo la manga el proyecto de restituir el Impuesto a las Ganancias que tendrá «su costo». En este marco, pareciera claro que los libres pensadores de la política, legisladores cuyo número es determinante en ambas cámaras del Congreso de la Nación, no pueden desentenderse de gobernadores e intendentes que sí están llamados a bailar con la más fea si el círculo no llegase a cerrar.
QUÉ SE ESPERA
DE LOS TIEMPOS
Por un tiempo, está claro que las formas están llamadas a pasar a segundo plano y está claro que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le corresponde poner orden en el accionar de jueces de distinta jurisdicción que puedan crear un estado de complejidad e incertidumbre que afecta la estabilidad económica, social e institucional del país.
El Presidente tiene la convicción de que juega contra el reloj. Que los tiempos y el círculo cerrará si la política y la Justicia entienden que no es momento de poner palos en la rueda.
Apela a que los argentinos le dieron un contundente aval el 19 de noviembre para la ejecución de un plan en el que prometió lo que está haciendo. También, a que el resultado dependerá de que la inflación comience a bajar sin necesidad de un retoque fuerte de la paridad del dólar, que vuelva a empujar para arriba los números de la economía, particularmente los precios.
De lo que se trata es el entendimiento de la necesidad de que la estabilización evitará que los recurrentes aumentos de salarios empujen a nuevas subas. Si se logra éxito en la ecuación buscada, se producirá una revaluación del peso. Así, con un dólar planchado en torno a los 1.000 pesos, se llegará a que el valor del salario medido en dólares sea significativamente mayor.
EL DEBATE PUERTAS
ADENTRO DE LA UCR, Y
ENTRE LOS VIEJOS
EXPONENTES DE LA POLÍTICA
Los gobernadores son realistas. Son pragmáticos. Admiten la cuestión de las formas. Admiten y comparten que el Gobierno no se deja ayudar. Que no hay canales de diálogo fluidos, más allá de que no ha sido un hecho menor el viaje a Santa Cruz.
El Gobernador quedó exultante. Con otra imagen del Presidente que asegura que la misma relación entablará con el resto de los mandatarios proclives al diálogo. El tiempo dirá.
Lo cierto es que los que administran provincias o municipios no quieren que esto estalle, y es lo que ocurrirá inevitablemente, como efecto de la economía, si es que la agudización del debate político en las cámaras legislativas conlleva a que el dólar paralelo vuelva a tener una paridad política, que el riesgo país vuelva a subir y que el Fondo Monetario endurezca su posición.
Son ellos, en definitiva, gobernadores e intendentes quienes quedarán en la primera línea de riesgo, pasando por primera vez en años de tener superávit a tener déficit, al menos la mayoría de las provincias con excepción de algunas como Buenos Aires, La Rioja o Santa Cruz que arrastran desfasajes sólo corregibles con la buena voluntad del poder central. Algo que pareció entender claramente el mandatario santacruceño, que se deshizo en elogios hacia el Presidente.
Algo está claro. Milei, contrariamente a su predecesor, está dispuesto «a usar la birome» y no pareciera temblarle el pulso ni someterse a las presiones. Por lo pronto, está dispuesto a dar batalla a la ofensiva cegetista que analiza volver atrás en el anunciado paro del 24 de enero. Aunque si las señales son conciliadoras, está dispuesto a conversar.
Como dice el refrán: «Poderoso caballero don dinero». Ahí mueren las palabras. Les queda a los gobernadores hacer entender a sus terminales que están todos en el mismo barco, cuyo «capitán» es el Presidente.