A una semana de 2024, la provincia lleva en su haber tres femicidios, dos de los cuales fueron con seis horas de diferencia.
Yenifer Obregón (15) de General Pinedo y Mirta Irazabal (51) de Tres Isletas engrosan la cuenta de víctimas de la máxima expresión de la violencia machista. 2023 cerró con 14 femicidios en el Chaco, mientras que en todo el país se contabilizaron 308 de estos casos.
Ante esto desde diferentes espacios y colectivos feministas hicieron un llamado de atención a las autoridades, y reforzaron sus demandas al estado para redoblar los esfuerzos contra este flagelo.
Desde Mumala Chaco pudieron justicia y exigieron la presencia del Estado, «que es el que debe garantizarnos seguridad para vivir libres de violencia, es urgente que se destinen recursos económicos y humanos para la implementación de correctas y eficientes políticas públicas que logren prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista en el Chaco», señalaron.
Mientras que la secretaria de Diversidad y Género de ATE Chaco, Andrea Azzetti, en contacto con LA VOZ DEL CHACO sostuvo: «Dos femicidios en un mismo día, en una misma provincia, debería ser un llamado de atención para los gobiernos y para el conjunto de la sociedad».
Para la dirigente gremial no es casual que el aumento de la violencia, ante los discursos políticos que imperan actualmente: «En la Argentina, el presidente Javier Milei niega la brecha salarial y la desigualdad de género, y la diputada de su bloque Lilia Lemoine avala y legitima el acoso callejero e intenta desacreditar la lucha de los feminismos contra el acoso diario que padecen las niñas, jóvenes, mujeres e identidades feminizadas en la calle. Pero las muertas las seguimos poniendo nosotras».
«Es muy fácil asegurar que no existe la desigualdad desde el privilegio patriarcal, cuando las muertas las ponemos nosotras», aseguró.
Es por esto que consideró: «Seguimos necesitando políticas públicas concretas, con presupuestos que venimos exigiendo también a los gobiernos anteriores. Que el ajuste y el achicamiento del Estado no signifique la desprotección de las víctimas de violencias de género y el aumento de los femicidios.
Pero también necesitamos un Estado nacional y estados provinciales con perspectiva de género. No como concepto abstracto, sino como práctica diaria de cada funcionario y funcionaria. Que se vuelva a poner en la agenda pública, de los gobiernos y de los medios, la denuncia y desnaturalización de las desigualdades de género».
Como contracarta de esta situación, Azzetti destacó «el trabajo intenso del personal de la Subsecretaría de Género y Diversidad de la provincia y particularmente de los trabajadores de la Línea 137 para la contención y respuesta estatal inmediata a las familias de las víctimas. «Nuevamente queda en evidencia la importancia de las trabajadoras del Estado para garantizar las políticas públicas, que son los derechos de la ciudadanía», dijo.
Discursos y polÍtica
Asimismo, más adelante recordó: «En los últimos meses hubo campañas masivas en los medios hegemónicos intentando desacreditar y deslegitimar la lucha de los feminismos. Tenemos un gobierno nacional que hizo campaña electoral en contra de los feminismos, que nos declaró la guerra a las feministas por visibilizar y luchar en contra de las desigualdades como la salarial, un gobierno al que le preocupa más el lenguaje inclusivo que las muertas».
Ante lo cual resaltó: «El femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias hacia las mujeres y diversidades, la invisibilización es el primero».
Y añadió: «El discurso es una decisión política, y muchas veces una decisión política demagógica, cuyo único sustento es la aceptación popular. Se entiende entonces que la invisibilización de las mujeres en los discursos de los funcionarios sea una estrategia de aceptación popular. Pero la política pública no puede ser regida por la lógica de tik tok, donde el único objetivo de los contenidos es la cantidad de likes. Porque el Estado debe garantizar los derechos a todas y todos. Aunque para ello, ponga en riesgo la cantidad de likes».
Al tiempo que indicó: «La comunicación de cada funcionario y funcionaria no es ajena a la responsabilidad institucional que les compete. La comunicación es una política pública en sí misma. Una política que debe promover el respeto por las leyes y los derechos vigentes, la inclusión social, la igualdad, equidad y convivencia pacífica».
«Más allá de las acciones y responsabilidades individuales de los femicidas y de las particularidades de cada caso, seguimos diciendo que todo femicidio es responsabilidad del Estado. Del Estado como cosa pública que nos pertenece a todos. Cada femicidio es un feminicidio, y nos debe interpelar», finalizó.
Pelea de elefantes
Mientras que la escritora y activista, Cecilia Solá, a través de la Revista Sudestada, resaltó que fueron tres los femicidios en dos semanas y señaló el reciente veto a Ley 3982-B, que institucionalizaba el Sistema de Protección Integral de DDHH y Géneros.
También dedicó un análisis a las internas políticas partidarias que existen dentro de las organizaciones de la provincia en el cambio de signo del gobierno provincial: «Mientras que las funcionarias salientes acusan a la nueva gestión de paralizar la atención de los casos de violencia de género, las entrantes denuncian drives borrados, información errónea o negada y contraseñas oculta as para dificultar el trabajo de la reciente Subsecretaría.
En medio de estas disputas recordó que «hace una semana mataron a Érica, y ahora a Yennifer y a Mirta».
Tras lo cual recordó que desde su creación, antes aún de la ley de 2012 que la convirtió en programa, «la Línea 137 ha funcionado con trabajadoras precarizadas. La decisión política de brindar estabilidad laboral a las mujeres encargadas de ser la primera línea ante el horror no la tomó ninguna gestión, de ningún signo político. Como ahora, la excusa es la misma: no hay plata. Nunca hay plata para nosotras», aseveró.
En este contexto Solá señaló: «El peor escenario se materializó: mataron a dos mujeres con pocas horas de diferencia, en el interior del Chaco».
Por último indicó: «Dicen en África que cuando los elefantes se pelean, el que sufre es el pasto. Si el movimiento de mujeres no logra superar el partidismo, desapareceremos, engullidas en las lógicas que tanto hemos denunciado: si no es mío, lo rompo. Y las que terminamos rotas somos nosotras. A tiros, a golpes, a estrangulamiento».
Una mujer asesinada cada 28 horas
Asimismo desde el observatorio Ahora que si nos Ven, recordaron que 2023 cerró «con una mujer asesinada por el solo hecho de ser mujer cada 28 horas. En 2023 desde Ahora Que Sí Nos Ven registramos 308 femicidios, 351 intentos de femicidio y 52 intentos de femicidio vinculado. Esto nos refleja que una de nosotras es asesinada porque el varón tiene la posibilidad, porque hay una sociedad que cada vez más avala las desigualdades y prácticas machistas».
Además, añadieron: «Este año registramos al menos 6 transfemicidios/travesticidios, cifra que sabemos que está sobrerrepresentada, dado que los medios de comunicación, nuestra fuente, no considera noticiables estos asesinatos por odio de género».
También explicaron: «En este contexto político en que el Presidente y su gabinete apuestan a la revalorización de las fuerzas de seguridad y armadas, este año relevamos que 11 femicidas eran policías (2 de ellos retirados), 1 militar, 1 gendarme y 1 pertenecía al Servicio Penitenciario.
Sabemos que los ajustes económicos vienen acompañados de represión, sobre todo en los barrios populares y hacia mujeres, jóvenes y personas trans, y que los agentes de seguridad ejercen su profesión con el machismo como regla. Valorizar las fuerzas armadas y de seguridad positivamente es capacitarlas en derechos humanos, géneros y diversidad».
Al tiempo que indicaron: «Muchas veces nos preguntan qué es lo que hay que hacer para terminar con los femicidios. Si bien la violencia machista como fenómeno es complejo, transformar las instituciones es indispensable para lograrlo.
En 2023 registramos que en el 20% de los casos la víctima había realizado al menos una denuncia y el 12% tenía una medida de protección judicial, sin embargo, las asesinaron.
En las últimas horas nos enteramos que la intención del gobierno de Javier Milei es modificar la obligatoriedad de la Ley Micaela de capacitación en género a todos los agentes del Estado, este hecho refleja el poco interés que Milei y equipo tienen en nuestras vidas. Si te indigna que jueces y juezas tomen decisiones que desprotegen y exponen a las mujeres, te debería indignar que se nieguen a implementar la Ley Micaela».
Por esto entendieron que «a 40 años de la vuelta de la democracia estamos viviendo momentos en que la libertad es concebida como el sálvese quien pueda y ser libre para violentar, en que la igualdad de género es demonizada y en que los derechos se creen privilegios, nosotras vamos a seguir gritando Ni Una Menos».