El gobierno de Javier Milei confirmó ayer la eliminación de fondos fiduciarios por USD2 mil millones.
«Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios. Entendemos que carecen de transparencia y son parte de lo que denominamos cajas de la política», anunció el portavoz Manuel Adorni.
El vocero presidencial sostuvo que esa caja representa «cerca de medio punto del PBI, en torno a los USD2 mil millones».
«Vamos a terminar con estas cajas. Apelamos a que la política entienda que la transparencia tiene que estar por encima de todo», planteó.
Javier Milei había adelantado el martes, en una entrevista televisiva, su decisión de avanzar sobre la eliminación de estos fondos que representan, en total, una masa de recursos cercana a los $3 billones.
«Voy a hacer un decreto que elimine todos los fideicomisos, eso pone nerviosos a muchos». Reafirmó que dolarizar está «a tiro», aunque reveló pendientes para llevarlo a cabo. Y anunció que cerrará fideicomisos del Estado por decreto.
El Gobierno retomó la ofensiva después de la caída de la «ley ómnibus» en el Congreso y el conflicto que estalló con los gobernadores la semana pasada y la CGT a la que apuntó por bajo de la línea de flotación con un proyecto que es otra vuelta de tuerca sobre los jerarcas sindicales en el manejo de fondos. Avanzó en varios frentes a la vez convencido de que el efecto de la caída de la «ley ómnibus» había terminado de instalar en la opinión pública la responsabilidad de la política en el progreso de las medidas para bajar la inflación. Uno de los frentes fue con los gobernadores, con la privación de transferencias para el subsidio del transporte y del fondo docente. Otro con la CGT con el anuncio de un proyecto que hizo ruido y mucho en la sede de Azopardo.
Milei está convencido de que uno de los puntos que trabó la aprobación fue el inciso h del artículo 4 del proyecto que le daba a Milei la facultad de «transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos». Cree que para voltear ese artículo operaron poderosos lobbies interesados en mantener lo que es una de las principales «cajas de la política».
UNA JUGADA FUERTE QUE TRAERÁ CONSECUENCIAS
Adorni confirmó la medida y consideró que «es llamativo cómo la política no está de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien para qué y cómo se utilizan».
«Incluso hay cosas para ver como que alguna persona que maneja los fondos termina siendo candidato a presidente, por poner una hipótesis vaga de lo que puede ocurrir con estos fondos», sostuvo el funcionario nacional.
Prácticamente, todas las administraciones echaron mano -o intentaron- sobre los fondos fiduciarios o fideicomisos. La razón es su poca transparencia, la falta de objetivos específicos y que en algunos casos terminaron funcionando como un mecanismo para apartar fondos públicos del debate parlamentario en detrimento de otras partidas, según los especialistas.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los fideicomisos pasaron de 15 en 2012 a 28 en 2023, con un mayor ritmo de crecimiento de los recursos desde 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Estos pasaron del 1,12% del PBI en 2012 al 2,08% en 2021, mientras los gastos se redujeron casi a la mitad, lo que generó una importante expansión de sus superávit financieros.
En el presupuesto 2024 enviado por Sergio Massa en septiembre del año pasado al Congreso y que nunca fue tratado, para este año se proyectaban 29 fondos fiduciarios con recursos por $3 billones (cerca de 1,6% del PBI), más de la mitad financiados con transferencias del Tesoro y el resto con impuestos y rentas de la propiedad (intereses por créditos, inversiones y letras del Tesoro).
Los fideicomisos que están en la mira
Los equipos técnicos del gobierno nacional ya trabajan en la eliminación de al menos nueve fideicomisos y fondos fiduciarios. Si bien aún no hubo confirmación oficial, entre los fondos que se eliminarían en los próximos días se encuentran los programas Procrear (habitacional) y Progresar (estudiantil).
También Milei eliminaría el fondo del Transporte Eléctrico Federal, que permite participar en el financiamiento de las obras que la Secretaría de Energía identifique como una ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión; el fideicomiso de Desarrollo Provincial que presta apoyo a las reformas del sector público y promueve el desarrollo económico de las provincias.
En la mira están el fondo de Capital Social, que facilita el desarrollo del sector de la microempresa de menores recursos a nivel nacional; el fideicomiso de Infraestructura de Transporte para pago de compensaciones a concesionarios viales y desarrollo de la infraestructura vial; el fondo de Infraestructura Hídrica (sirve para el financiamiento de obras y el pago de compensaciones tarifarias); el Procrear (facilita el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social); el fondo de Seguridad Aeroportuaria (cuyo objeto es el desarrollo integral de proyectos de seguridad aeroportuaria y de infraestructura de seguridad aeroportuaria en los aeródromos de todo el país); el fideicomiso de Cobertura de Salud (se financia la estrategia para una Cobertura Universal de Salud y sirve para equipamiento de los hospitales de todo el país); el Progresar (genera nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de capacitación e inserción laboral); y el fondo estabilizador del trigo (garantiza un valor de referencia en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan).