El gobierno provincial y las empresas prestatarias del transporte urbano e interurbano de pasajeros acordaron un «parche» que sostenga los colectivos en las calles hasta tanto se fije un nuevo precio para el boleto que, como se anticipó, pasará a costar más de $1.000, es decir, un feroz aumento de más del 1.200%.
Este arreglo de palabra se hizo de urgencia tras dos días consecutivos de un paro ordenado por las propias empresas y que contó con acompañamiento de los choferes nucleados en el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA)
El jueves por la noche, los ministros Hugo Domínguez (de Infraestructur, Obras y Servicios Públicos) y Alejandro Abraam (de Hacienda y Finanzas) mantuvieron una reunión anoche con empresarios pretenecientes a la Cámara de Empresas del Transporte Automotor del Chaco (Cetach) con el fin de establecer líneas generales para sostener el servicios de transporte de pasajeros sin interrupciones a la espera de las resoluciones derivadas de las audiencias públicas previstas para el lunes 26 y el miércoles 28 de febrero próximos y determinar el nuevo cuadro tarifario que implicaría una suba “considerable” del boleto, tema sobre el cual coincidieron ambas partes.
Aumento inevitable por quita de subsidios por parte de Nación
Domínguez había indicado días atrás que el aumento del boleto es “inevitable”, por la quita de la Nación del Fondo Compensador del Interio (FCI) que subsidiaba el transporte en las provincias, incluida el Chaco, con una afectación a la caja provincial que, superaría ampliamente los $3.500 millones que no ingresarán, en 2024, por ese concepto.
Por otra parte, el ministro señalaba que desde el Gobierno se reconocían los aumentos de los costos derivados de los datos y estudios realizados por su cartera, más precisamente desde la Subsecretaría de Transporte, que indican que los costos del boleto superan los $1.000, debido a los importantes incrementos que también generan un impacto directo en el cuadro tarifario, entre ellos el precio del combustible, el gasoil, que ha tenido un incremento en el mes de diciembre del 35% y 40% resultando un 145% de aumento en el transcurso del año, esperándose inclusive nuevos incrementos.
Los mismo parámetros que hicieron que ya se produzcan aumentos de precios del boleto en otras provincias de la región, en líneas urbanas e interurbanas, los que llegan hasta los $690 en Formosa, por ejemplo.
Provincias piden devolución
de fondos
El Comité Federal de Transporte (Cofetra) desarrolló ayer su asamblea plenaria en La Plata, Buenos Aires, donde debatió la eliminación del Fondo Compensador del Interior (FCI) dispuesta por el Gobierno nacional y anticipó que, en caso de no obtener respuesta, recurrirán a la Justicia.
Formaron parte de manera presencial y virtual referentes del Ministerio de Transporte bonaerense y autoridades de Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Salta, San Luis, Tucumán, San Juan, Río Negro, Misiones, La Rioja, Jujuy, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.
El ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, encabezó el encuentro y subrayó que «el Estado no puede estar ausente en el Transporte porque es una variable tan importante como su presencia en la salud, la educación, la Justicia o la seguridad».
«Queremos solucionarle la vida a los vecinos, que el ajuste no lo paguen solamente quienes tienen la necesidad de usar el transporte público de pasajeros», dijo el ministro, quien adelantó que en caso de no obtener respuesta administrativa de Nación, las provincias recurrirán a la Justicia por el FCI.
En esa línea, aclaró que «más allá de la confrontación o de lo que se diga mediáticamente, debemos encontrar los canales de diálogo suficientes y hacer entender que lo que se hizo no es correcto, no es justo y no es legal tampoco».
El debate entre los representantes de las provincias concluyó con un reclamo de mayoría que será presentado ante los ministerios de Economía, de Interior y la Secretaría de Transporte de la Nación.
Según Transporte bonaerense, «los puntos centrales del reclamo son la disminución del Régimen de Subsidios a las empresas prestatarias de los servicios públicos de autotransporte de pasajeros y la consecuente eliminación del fondo compensador».