El jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, se jactó de la ejecución de detenciones masivas por averiguación de antecedentes en Quitilipi. Lo hizo a través de un grupo de WhatsApp, del cual participan periodistas, donde compartió una secuencia de fotos que muestra una larga fila de jóvenes detenidos. Por la aplicación de este tipo de prácticas la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Son dos fotografías que toman de distinto ángulo la misma escena: unas diez personas, todos varones jóvenes de condición humilde, ubicados uno al lado del otro, con la cabeza gacha. El lugar es el patio de la comisaría de Quitilipi. El motivo de la detención: averiguación de antecedentes.
Estas imágenes fueron compartidas el martes pasado por el propio jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero.
En un grupo de WhatsApp, con periodistas locales, el comisario no sólo se limitó a mostrar las fotos, sino que además se jactó del operativo, nombrándolo como lo que es. «Razia en Quitilipi, el que no porta DNI y no justifica presencia a altas horas de la madrugada, a la jaula», fue el comentario de la máxima autoridad de la Policía provincial, según publicó el portal Litigio.
LA LEY VIGENTE
Actualmente hay una norma que avala la detención por averiguación de antecedentes en el Chaco. La Ley Orgánica Policial 4987, en su artículo 7, inciso c, establece que los funcionarios policiales podrán «averiguar los antecedentes y medios de vida de una persona cuando no tenga domicilio en la localidad donde se encuentre, se negare a identificarse o existan motivos que lo justifiquen, a cuyo efecto la podrá demorar por el tiempo indispensable, que no podrá exceder de doce horas, debiendo ponerla inmediatamente a disposición del juez de turno».
Como se aprecia, la normativa chaqueña es prácticamente una carta blanca para detener a cualquiera, de manera arbitraria y sin justificación.
Sin embargo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura remarcó en un reciente informe que la necesidad de conocer datos personales «no es un motivo suficiente para privar la libertad», y las normas que regulan esa facultad deben ser derogadas. Indicaron que no es un criterio objetivo la actitud o apariencia «sospechosa» de una persona, sino que más bien es un acto de discriminación.
QUEDARSE
EN EL TIEMPO
El comité sostiene que el Chaco junto a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones y San Luís todavía mantienen normas que no se adecúan «al piso mínimo» de respeto a los derechos humanos que surge de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de los informes de organismos de Naciones Unidas.
Por eso, entre otras cuestiones, recomendaron a las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales de estas jurisdicciones que se avance en la «limitación al máximo de los márgenes de discrecionalidad policial» y que se asegure que la legislación que faculta a detener en la vía pública sin orden judicial previa «se base en razones objetivas».
DESHUMANIZACIóN
Las razias son operativos policiales sorpresivos que tienen por objeto rodear un predio, una población, una calle o un barrio e impedir los movimientos de las personas que quedan atrapadas, obligarlas a subir a móviles policiales y conducirlas a territorio policial, en general, a comisarías.
Según la definición que aportó la antropóloga Sofía Tiscornia, perito propuesta por la Comisión IDH en el caso Bullacio versus Argentina, las razias pueden estar orientadas a grupos poblacionales sin distinción de sexo, edad u ocupación, o grupos sectarios, jóvenes o minorías sexuales. En el caso particular de la Argentina, los sectores que se ven principalmente afectados son los jóvenes, pobres y de la clase trabajadora, como lo visto en las imágenes de Quitilipi.
La especialista sostiene que las razones que dan origen a estas prácticas policiales son principalmente tres: la primera pasa por el control represivo y disciplinante de las poblaciones, con el propósito ejemplarizante para los sectores pobres, trabajadores y jóvenes, bajo la ideología del «Estado peligroso sin delito».
En segundo lugar, estas detenciones forman parte del trabajo burocrático policial con la doble finalidad: demostrar a los superiores que se trabajó y responder a las demandas de los medios de comunicación o de determinados sectores que reclaman una «mayor seguridad».
Y en un tercer plano, con este accionar la Policía ejerce un control que permite detectar pequeñas ilicitudes, la venta ambulante, la prostitución y otros «oficios de la pobreza» y, también el cobro de cánones a cambio de permisos para ejercer esos oficios.