El ex subsecretario de Participación Ciudadana del Chaco, Raúl Acosta, será juzgado por un jurado popular imputado por supuesto abuso de dos jóvenes becarias que se desempeñaban en esa dependencia y que lo denunciaron a fines de 2021.
Así lo informó la fiscala provisoria a cargo de la Fiscalía 15 de Resistencia, María Candela Valdez, tras quedar firme el requerimiento de elevación a juicio de la causa.
Un informe publicado por el portal especializado en asuntos judiciales, Litigio, señala los pormenores de esta situación que pone a otro exfuncionario de la gestión anterior en la mira por presuntos abusos sexuales.
SU HISTORIA
De dilatada trayectoria política, que incluyó un mandato como concejal de Resistencia, otro como diputado provincial y pasos por Sefecha y Sameep, Acosta será el tercer dirigente político chaqueño que afronta un juicio imputado por abusos sexuales y el primero que será por un jurado integrado por doce ciudadanos y ciudadanas chaqueños.
Se recuerda que ya fueron condenados por distintos delitos contra la integridad sexual el exintendente de Colonia Benítez, César Falcón, y de Villa Río Bermejito, Norberto Novak.
En un primer momento, la causa contó como querellante con la ex Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, pero luego las víctimas decidieron renunciar a la misma y contratar a abogados particulares: primero, Francisco Belle, y actualmente su colega, Juan Arregín, quien también fue querellante particular en el caso de Cecilia Strzyzowski.
EL CASO
En noviembre de 2021, las víctimas relataron que en 2017 se mudaron a Resistencia provenientes de La Leonesa, junto a sus padres, y que vivían en una habitación que se encontraba en la parte de atrás de la sede de la Subsecretaría de Participación Ciudadana que conducía Acosta, en calle Formosa al 600.
Tanto ellas como sus padres dependían laboral y económicamente de la organización que lidera Acosta, que, según revelaron, en todo momento se los hacía notar. Ese poder es el que habría usufructuado el dirigente político para abusar de las jóvenes becarias.
Durante la etapa de instrucción, el exconcejal declaró una sola vez en la que atribuyó la denuncia a un intento de desprestigiarlo y que se daba en el marco de un supuesto pase de facturas político por haber dado de baja a beneficiarios de becas provinciales. Además, el entonces vocal de Sameep se negó a que se le realice un perfil psicológico.
Luego, pidió ampliar su indagatoria en dos oportunidades en las que no quiso aportar ningún elemento que contradiga los testimonios de las denunciantes, así como tampoco de los testigos y de las psicólogas que asistieron a las dos mujeres, según Litigio.
Para la fiscala Valdez, las víctimas B. y C.K. «se encontraban inmersas en una situación de vulnerabilidad, situación que el imputado aprovechó para la consecución de sus fines».
En ese sentido, indicó que tras los testimonios de la familia K., como de los informes psicológicos de las damnificadas, se desprende que la familia en su totalidad vivía en La Leonesa, donde el padre fue contactado por Acosta, para luego mudarse todos a Resistencia, más precisamente, a la Subsecretaría, lugar otorgado por el dirigente, quien además le brindó becas y contrato de trabajo».
«Teniendo en cuenta las difíciles circunstancias sociales y económicas que atravesaba la familia K., me permiten concluir que B. y C.K. se encontraban en situación de vulnerabilidad evidente y debidamente acreditada», aseveró la funcionaria fiscal en el requerimiento de elevación a juicio de la causa.
En ese contexto, la fiscala subrayó que la modalidad utilizada por Acosta consistió en «amenazas, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o de poder».
Una denuncia penal que obligó a declinar una candidatura
La Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de Chaco confirmó la prisión preventiva de Osmar Quintín Gómez (foto), el ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich, acusado del abuso sexual de una docente y líder de un movimiento social de Resistencia.
Los camaristas Héctor Geijo, Virginia Ise y Daniela Meiriño rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado contra el decreto de prisión preventiva firmado por la fiscal Rosana Soto.
El hecho comenzó a ser investigado por el Ministerio Público Fiscal de Chaco el 17 de julio del año pasado, cuando una mujer (53), empleada de la Escuela de Gestión Social 4 de Resistencia, denunció a Gómez por un delito contra la integridad sexual ante la División de Violencia Familiar de la provincia, y se le otorgó en el acto un botón antipánico.
«Las actuaciones fueron enviadas a la fiscalía en turno y ese mismo día la mujer fue examinada por el médico forense y la Dirección de Servicio Social del Poder Judicial», informó el MPF en un comunicado.
De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió el 10 de julio de 2023, cuando el dirigente social llamó a la víctima para que fuera a Colonia Benítez para un trabajo social en la cocina de un comedor comunitario. Sin embargo, al llegar al lugar, el hombre la llevó a una habitación y la violó, según declaró la docente.
A raíz de la denuncia, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal local, «fueron solicitadas las grabaciones que puedan ser de utilidad para la investigación a las divisiones de Videovigilancia y Cibercrimen».
Según expresó la docente, el hombre la abusó sexualmente tras ser llevada engañada hasta una vivienda de Colonia Benítez, con la excusa de que tenía que cocinar para un grupo de personas.
La mujer relató que cuando llegó, la casa se encontraba vacía. Luego expresó que Quintín Gómez fue hacia una habitación y que cuando regresó estaba desnudo.
«Me tomó de las manos, me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar», dijo. Después de abusarla, la llevó de vuelta a su barrio en Resistencia. Paralelamente, renunció a la candidatura como diputado provincial y a su cargo en la Secretaría de Municipios chaqueña.