El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia comenzó el viernes a juzgar a cinco integrantes del Escuadrón 1 de Gendarmería Nacional con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña, a quienes se les acusa de conformar una asociación ilícita, mediante la cual negociaban con bandas narco para simular operativos que publicitaban con el secuestro de cargamentos de estupefacientes, pero en los que nunca lograban detener a ningún delincuente.
El caso salió a la luz por la denuncia de un oficial inferior de esa fuerza federal que delató a sus superiores y, además, aportó una grabación que fue una prueba fundamental para la acusación.
Así llegaron a la instancia de juicio los agentes Julio César Perdaza, Raúl Ernesto Schuerman, Enzo Gabriel Aguirre, Julián Matías Morinico y Brian Alejandro Corach. Se los imputa por los delitos de asociación ilícita, en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionarios público en concurso ideal con incumplimiento de la obligación de promover la represión.
UN MUERTO
Se recuerda que quien era sindicado como el jefe de la organización, a la postre el jefe del Escuadrón 1 de Gendarmería Nacional en Sáenz Peña, Cristian Marangon, falleció el día en que se ordenó su detención.
LA IMPUTACIÓN
Según la acusación, «los imputados formaron parte de una organización criminal en el seno del Escuadrón 1 en el que estaban asignados para el cumplimiento de su tarea y que en lugar de desplegar las labores propias en la prevención y represión de delitos, deliberadamente, con malicia y desprecio por su función, se dedicaron a fraguar procedimientos de prevención mediante una clara connivencia con personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, que aún hoy operan en la zona».
En una de las grabaciones aportadas por uno de los agentes, se oye al imputado Scheurman reconocer que los procedimientos eran fraguados por los integrantes de la organización y para ello colocaban en los sitios la droga que luego simulaban encontrar y que, fundamentalmente, era él quien conseguía ese material estupefaciente.
En ese contexto, el requerimiento fiscal advierte que «a través de su accionar también se dedicaron a influenciar y a deformar la preparación de oficiales y suboficiales, con menos experiencia, que llegaban al Escuadrón; que eran destinados a funciones de prevención en reemplazo de quienes cuestionaban el proceder ilícito de los causantes».
Además, el escrito acusatorio revela que «ha quedado demostrado que la dinámica desarrollada implicó que en oportunidades los funcionarios emitieran y suscribieran en primera persona la documentación relativa a los procedimientos simulados y, paralelamente, hubo supuestos en los que dirigían a otras patrullas hacia los lugares donde habían colocado o dejado el material estupefaciente para que otros funcionarios, ajenos a la operatoria ilícita, labraran la documentación pertinente».
ESCUCHAS
En una de las escuchas incriminatorias de esta causa aparece la voz del sargento primero José Noguera, quien era por aquel entonces chofer y custodio del exconjuez Miguel Aranda.
Ambos fueron procesados en desprendimientos de esta causa, al igual que el ex jefe del Escuadrón 1 de Gendarmería de Sáenz Peña, Cristian Marangon, además del comandante principal Alberto Farías, la cuñada del conjuez Aranda Clarisa Galissier, su pareja Rafael Martín, y los también imputados en esta causa Scheurman y Aguirre.
EL TRIBUNAL
Para este juicio, el TOF se encuentra integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Fabián Cardozo (Misiones).
En tanto, por la acusación intervienen el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; y el secretario del Ministerio Público Fiscal, Horacio Rodríguez.
Asimismo, se recuerda que del desarrollo de esta investigación se advirtió la posible presencia del ex conjuez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, quien había intervenido en las primeras etapas de esta investigación y llegó a dictar dos veces la falta de mérito para dos de los agentes que ahora están siendo juzgados a partir de una investigación del Ministerio Público Fiscal en colaboración con la Procunar.