El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados con el objetivo de aprobar la emergencia hídrica y energética de la provincia, y un pedido de endeudamiento por 150 millones de dólares para invertir en obras necesarias para hacer frente a la demanda actual.
Así lo informó esta mañana en conferencia de prensa el ministro Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, tras brindar precisiones sobre el déficit energético e hídrico de la provincia, de cara al próximo verano.
El proyecto contempla, además, la posibilidad de efectuar sistemas de contratación rápida a través de Secheep, Sameep y el Ministerio de Infraestructura. También prevé un programa de créditos a tasa subsidiada destinados a domicilios particulares, pequeñas y medianas empresas, y grandes empresas que deseen implementar sistemas de energía renovable (paneles solares, generadores eólicos, y otras tecnologías limpias).
«Ingresamos este proyecto a la Legislatura para tomar determinaciones con urgencia; estamos próximos al verano y debemos realizar importantes inversiones, por ejemplo, para sustituir el déficit de energía», apuntó.
Informó así que el sistema nacional, al que Chaco está conectado, brinda 266 MW a través del equipamiento existente, pero el consumo real de la provincia es de 324 MW. Esa diferencia de 54 MW era compensada a través de la generación distribuida que prestaba la empresa Aggreko, la cual retiró recientemente sus equipos (generadores de energía) de la provincia.
«Tenemos que salir a buscar estos 54 MW con urgencia; podemos conseguir instalaciones eléctricas, pero lleva demasiado tiempo hacer nuevas líneas y conseguir de dónde sacar esa energía. Estamos en una verdadera emergencia porque disminuyó casi un 17% la prestación energética y eso resentirá la prestación en el verano», advirtió el funcionario.
«No hubiésemos querido llegar a esto; saben bien que una de las prioridades de gestión viene siendo el desendeudamiento de la provincia, pero estamos ante una emergencia importante de una situación que tampoco es responsabilidad nuestra», enfatizó. Y recordó que «durante mucho tiempo se mintió a los chaqueños diciendo que esos generadores de Aggreko eran nuestros, una inversión del Chaco, y no era así». La firma aportaba generadores para el funcionamiento del sistema eléctrico provincial, en el marco de un acuerdo con la mayorista Cammesa, en el que la provincia no tenía participación alguna.
A este complejo escenario se suma la emergencia hídrica producto de la escasez de lluvias, ríos con caudales por debajo de lo esperado, y el Fenómeno de La Niña que se viene sucediendo desde hace 4 años. «Tenemos también el problema del famoso acueducto del interior que de los 6 mil metros cúbicos que tendría que bombear por hora, solo bombea 1.800 litros», acotó. Para extraer el agua del acueducto y que llegue a otras localidades del interior, es necesario elevarla a decenas de metros, y eso conlleva energía, por lo que la situación se torna más grave aún. En ese marco, precisó que el pedido de endeudamiento contempla también obras hídricas de vital importancia, como la terminación del acueducto, para el cual se requiere una inversión de 50 millones de dólares.
«Esperamos celeridad en el trámite, un debate racional y técnico; estamos a disposición para consultas y para dar las explicaciones necesarias», dijo Gutiérrez en un mensaje dirigido a los legisladores.
El funcionario recordó que en gestiones anteriores acompañó varios decretos de endeudamiento para terminar el acueducto. «Es hora de mirar a los ojos a los chaqueños y ver sus necesidades y los incumplimientos desde que se empezó a hacer el acueducto, que aún no está terminado», apuntó.
Escenario provincial
Respecto a la emergencia energética, Gutiérrez señaló que se trata de una situación de larga data, agravada por la quita de los equipos generadores de Aggreko. En 2010, a través del decreto 05, se declaró la emergencia energética por quien era el entonces gobernador. «Evidentemente, ese decreto no fue suficiente; seguimos con déficit energético, como también hídrico», sostuvo. A ello se suma la advertencia de la mayorista Cammesa sobre dificultades para la prestación del servicio en el próximo verano. «El propio gobierno nacional nos está advirtiendo. El escenario es muy complejo, necesitamos salir a completar obras, conseguir, alquilar o comprar nuevos generadores, y abastecer con energía solar a Misión Nueva Pompeya, que está desconectada del sistema general», aseveró.
Por otro lado, indicó que el proyecto de ley presentado se fundamenta en una situación de fuerza mayor que está prevista en el inciso D del artículo 133 de la Ley 1.092 A, y en el artículo 2 de la Ley 1.241 A, que considera el transporte y distribución de energía como un servicio público; y en materia de agua potable, se fundamenta en el Código Alimentario y en la Ley nacional 18.284.