LA VOZ DEL CHACO accedió al requerimiento que realizó este miércoles el fiscal federal Patricio Sabadini a la jueza federal Zunilda Niremperger y que tiene que ver con la denuncia formal que concretó en los primeros días de julio las Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Tal lo publicado por este medio, los abogados ambientalistas concretaron una denuncia penal contra la “mafia del desmonte en Chaco”, ante la Fiscalía Federal de Resistencia con elementos probatorios, en pos de conseguir justicia para los bosques y la sociedad chaqueña y de todo el país.
En esta denuncia penal que implica delitos graves contra la naturaleza, la democracia y las instituciones, están implicados el ministro de la Producción del Chaco, dos diputados, un intendente y empresarios.
“Ministros y diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron e impulsaron una ley que los enriqueció personalmente”, fundamenta los ambientalistas en la denuncia dando cuenta además a la ley que la Legislatura chaqueña aprobó entre gallos y medianoche.
“La denuncia penal que realizamos es contra funcionarios y empresarios que actúan de los dos lados del mostrador para favorecer el agronegocio y a las corporaciones madereras de Chaco”, se desprende de la denuncia penal.
La causa va tomando fuerza
En ese sentido, este miércoles, la fiscalía federal de Resistencia a cargo de Patricio Sabadini presentó “acusación” y “pedido de investigación” a los ciudadanos Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo – Chaco; Hernán Miguel Brunswig, como así contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es de los hechos que se investigan, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal), “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
Sabadini solicitó al mismo tiempo a la jueza Zunilda Niremperge “el cese de desmontes en la provincia del Chaco”.
En dicha presentación se dejó en claro además que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de responsabilidad penal contra las personas jurídicas 27401, como ser “Vicentín”; “Las Guindas” S.A; “Establecimiento Monterrey”; “Cuenca del salado” S.A; “Grupo Buratovich Hermanos”; “MSU” S.A; “Triad” S.A; “Alejandro Hayes Coni”, “Ricardo Shihon” y “Jerilderie” S.A; “Cigra” S.A; “La Nueva Pirámide”.
Dice Sabadini en el requerimiento a Niremperger “que los hechos vienen enmarcados según la denuncia que dio inicio a la presente investigación por las diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras”.
Y añade: “En este sentido, estos hechos se vieron ratificados por las conductas de parte de los acusados en el proyecto, hoy ya sancionada Ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que traería aparejado la aniquilación de bosque protegido en la Provincia, ante el beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad”.
Al mismo tiempo, se pide investigar posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia del Chaco con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.
El requerimiento fiscal contempla y destaca la encíclica del Santo Padre, el Papa Francesco “Laudatio sí”, como gran llamado a los gobernantes y a la humanidad toda a velar por la protección del medio ambiente ante la posible extinción humana si no se detiene la crisis climática actual, independientemente de las religiones.
¿Quiénes son los denunciados e imputados?
1-Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
2-Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
3-Atlanto Honcheruk. Diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
4-Miguel Ángel López. Exdirector de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS.
5-Zenón Cuellar, intendente de El Espinillo.
6- Hernán Miguel Brunswig. Exministro de Ambiente.
7-Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU.
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