En el marco del 92° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), llevado a cabo en Santa Rosa, provincia de La Pampa, los rectores de las universidades públicas de todo el país manifestaron su profunda preocupación por los serios recortes en ciencia y tecnología que afectan al sistema universitario. En este contexto, urgieron al Senado de la Nación a aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
Durante la reunión, los rectores destacaron la necesidad imperiosa de contar con un presupuesto adecuado para el año 2025, que incluya una inversión del 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en el sistema de educación superior.
En un comunicado emitido al finalizar el plenario, expresaron que la cifra estimada para este presupuesto asciende a aproximadamente 7.190 billones de pesos, lo que consideran esencial para garantizar el normal funcionamiento de las universidades públicas en el país.
Acuerdo plenario
Además del pedido de financiamiento, los rectores hicieron hincapié en la urgente necesidad de abordar la problemática salarial que afecta tanto a docentes como a no docentes.
Señalaron que en 2024, estos sectores han experimentado una significativa pérdida salarial, lo que agrava aún más la situación de las universidades. En ese sentido, acordaron un proyecto de presupuesto que contemple incrementos razonables para el próximo año.
El plenario culminó con la aprobación de un «acuerdo plenario» en el que se insta a las autoridades universitarias a llevar adelante gestiones con los senadores de cada provincia.
El objetivo es explicar la importancia crucial de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo tratamiento está previsto en la Cámara de Senadores en los próximos días.
El proyecto de ley establece que los fondos destinados al sistema de educación superior en 2024 deben ajustarse a la variación del índice de precios al consumidor (IPC).
Además, incluye un artículo específico sobre salarios, que encomienda al Poder Ejecutivo la recomposición salarial de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, acorde con la inflación acumulada informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).