El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (Sigg), entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, advirtió sobre una crisis humanitaria que afecta a más de 5 millones de jubilados y a 1 millón de personas con discapacidad en la Argentina. Indicó que el presidente Javier Milei deberá fundamentar su rechazo a la reforma de movilidad jubilatoria para evitar ataques en la Justicia, y alertó que el sector demanda de acciones coordinadas de modo urgente para salir de la espiral de empobrecimiento en la que se ha sumido.
El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (Sigg), Eugenio Semino, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO advirtió sobre la crisis humanitaria que afecta a más de 5 millones de jubilados y a 1 millón de personas con discapacidad en todo el país.
Recordó que estos reciben ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, mientras que los costos de la canasta para mayores continúan en aumento.
Por otra parte, destacó la reciente reforma de la Ley de Movilidad Jubilatoria, aunque advirtió que esta no resuelve por completo la situación crítica de los jubilados y pensionados, y criticó los argumento del presidente Javier Milei para vetarla.
-Doctor Semino, ¿cuál es la situación de los jubilados? ¿Puede decirse que la reforma de la ley puede remediarla?
-En términos de lo que venimos diciendo hace ya más de dos años, las personas mayores y las personas con discapacidad viven una crisis humanitaria. Tenemos más de 5 millones de jubilados cobrando $250 mil, que incluye haber y pago no remunerativo llamado bono, mientras que tenemos 1 millón más que son personas con discapacidad con pensiones no contributivas y pensiones de adultos mayores que están en el orden de los $230 mil, $240 mil.
La canasta del sector, más allá de las interpretaciones antojadizas, supera ese cuarto en términos de la canasta de personas mayores, y con gastos de vivienda, había dado en marzo $685 mil. Y si bien la próxima la vamos a estar conociendo en los primeros días de octubre, para las diversas provincias, si actualizamos utilizando un índice como el IPC, vamos a encontrarnos que estamos alrededor de los $800 mil.
No pueden cubrir ni remotamente sus necesidades básicas. A todo esto, reiteramos, y vengo señalándolo en el Congreso Mundial que se estuvo celebrando en Buenos Aires, Argentina, sobre apoyo y cuidado a personas mayores, es el sexto Congreso Mundial, y vengo de señalar la crisis humanitaria, y que no existen apoyos y cuidados a partir de lo económico, que es lo que señalaba, y lo que tiene que ver con un sistema de salud colapsado que no está dando respuesta en tiempo y forma.
El problema de vivienda también es el que se anexa a todo esto, por lo cual, por ahí la caracterización que hemos hecho y sostenemos, sigue ocurriendo.
«LA REFORMA INCORPORA MEJORAS»
-¿Qué opina de cómo se gestó la reforma de la Ley de Movilidad Jubilatoria, y su resultado?
-La gestación de la ley sancionada fue de siete meses, señalo esto porque en esos siete meses se siguió licuando el haber, no hubo un comportamiento estático del ingreso, se deterioró mucho más la situación que originó el debate. Atentos al debate, nos encontramos con la modificación en cuanto a las pautas de movilidad, que tienen algunas cuestiones positivas desde el punto de vista de lo que es el jubilado, el pensionado, la persona con discapacidad.
El beneficio actual es mínimo, porque estamos hablando de un ingreso de 18 mil pesos, y las no contributivas de $13 mil, $11 mil, es decir, que no modifica la caracterización de la situación que se está viviendo. Pero tiene dos cuestiones positivas. Vamos a una: que es incorporar el llamado bono, pago no remunerativo, disparate argentino, que es común a la actual administración, y que ha sido el gran manejo que se ha hecho, para pagar lo que se le canta al Ejecutivo, y no lo que le correspondiera por derecho.
Al punto tal que en estos siete meses de tratamiento, el haber se fue licuando, coincide con que el pago no remunerativo quedó congelado en $70 mil. Y a los 6 millones de argentinos, en realidad nunca cobraron sobre lo que reciben en el bolsillo el total del IPC. Por ejemplo, en agosto se aplicó el 4,6%, y todo ese sector no recibió más del 3% en cuanto a su ingreso. Igualmente lo digo en positivo, porque incorporarlo eliminaría las maniobras del Ejecutivo, y el cálculo sería sobre el quantum total. Es un tema que enoja mucho al Ejecutivo, porque tiene la gran herramienta para manejar conforme lo que decida de su caja en cuanto a los reajustes.
Tema dos, que me parece significativo, es el hecho de que si bien se ratifica el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que señala la sanción es que a fin de año, si supera la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el índice de variación del salario del trabajador activo, hay un reacomodamiento en marzo, del equivalente al 50% en equivalencia entre el salario activo y el IPC. Esto también es importante.
No va a generar impacto en las primeras épocas, pero si imaginamos que no existe esta cláusula y llegamos a lo que la administración quiere, que es inflación cero, el IPC daría cero, y sería neutro y quedarían congelados en la actual situación de hambre y miseria todos los jubilados. Es decir, no había posibilidad de recomposición.
60 mil sentencias
sin fallar
-¿Qué opina del argumento que el presidente Javier Milei subraya, sobre el costo fiscal de la medida?
-Sí, hay que tener presente otra cosa, el costo fiscal. El costo de esta medida va a terminar siendo neutro porque si aumenta el salario de los activos, aumenta la recaudación, con lo cual es incomprobable esos cálculos que él hace, de miles de millones de dólares.
Luego tenemos otro tema que, en realidad, es una ratificación, pero se tienen que pagar las sentencias, cosa que va de su parte, y lo evade, y sigue siendo violada la ley de pagar 120 días hábiles las sentencias.
Desde la Corte, comentaban que siguen sin pagar y que actualmente tienen 60 mil sentencias más para fallar.
«El veto puede
ser atacado»
-¿Qué opina del veto que impone la Presidencia?
-El veto me parece que es un instituto, un resabio monárquico, de la República, pero la Constitución faculta al Ejecutivo, y todos los presidentes lo han usado con diversas suertes.
Un detalle del que habla la pauta constitucional es que tiene que estar fundado, así que vamos a ver cuáles son los fundamentos por los que se da el veto del Ejecutivo.
Porque recordemos que lo que hay en el fondo de la ley es una pequeña mejora para quienes están en una situación desesperante. Porque de no existir un fundamento razonable, puede ser atacado judicialmente.
Deudas a las
provincias
-¿Cuál es su opinión sobre el desfinanciamiento del sistema previsional en las provincias? Solo en Corrientes, la Anses debe más de $153 mil millones.
-Este es un elemento fundamental, pero es una acumulación de una situación que se viene prorrogando a través de los años.
Hacia 2016 hubo un intento de renegociar estas deudas y demás, que luego quedó fallido. Esto necesita, y amerita, un acuerdo entre provincias y Nación, que está muy relacionado con la coparticipación.
Lamentablemente, estas deudas amplían el espectro de población bajo la línea de la pobreza.