En lo que va de 2024, en el Chaco se registraron 12 femicidios, convirtiéndose en la jurisdicción con mayor incidencia de casos por cada 100 mil mujeres en la Argentina. Este dato, se desprende de los informes de organizaciones feministas como Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, evidencia una problemática grave y persistente en la región y a nivel nacional.
El informe de Mumala revela que, entre el 1 de enero y el 30 de agosto pasado, se contabilizaron 146 femicidios en todo el país, lo que equivale a un femicidio cada 40 horas.
En paralelo, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró 168 femicidios en el mismo período, lo que muestra una leve disparidad en las cifras, pero que no resta gravedad a la situación.
Agosto cerró con 24 casos, un incremento del 10% en relación a la cantidad de Femicidios perpetrados durante julio.
Asimismo, se han documentado 361 intentos de femicidio durante el mismo período y al menos 155 niños y niñas que perdieron a sus madres como consecuencia de estos actos.
Recortes en Políticas Públicas
La reciente implementación de recortes en el programa Acompañar y la exigencia de denuncia previa para acceder a este tipo de asistencia han intensificado la crisis. De los 146 femicidios reportados, solo el 14% había realizado una denuncia antes del femicidio, mientras que durante el mismo período de 2023 el 20% había realizado denuncias.
Desde el inicio del mandato presidencial de Javier Milei, hemos observado un preocupante retroceso en las políticas públicas orientadas a abordar estas cuestiones críticas. La institucionalidad relacionada con los derechos de género se ha debilitado notablemente, afectando tanto el acceso a información como los derechos fundamentales que deberían estar garantizados para mujeres y diversidades.
Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumala, expresó: «Es preocupante observar que solo el 14% de las víctimas había realizado denuncias previas antes del femicidio. Este dato pone en evidencia el desfinanciamiento de los programas y el desmantelamiento de las líneas de asesoramiento para la prevención y erradicación de las violencias por motivo de género».
«Somos testigos del retroceso en las políticas públicas relacionadas con género y diversidad. En este contexto, es fundamental que el Estado garantice la implementación efectiva de la Ley 26485 sancionada en nuestro país en 2009 y los compromisos internacionales del Estado argentino», demandaron desde este espacio.
Además de los femicidios registrados, es importante resaltar que se han reportado intentos (361), muertes violentas asociadas al género (9), muertes violentas bajo investigación (24), feminicidios por narcotráfico/crimen organizado (13) y suicidios feminicidas (6). Esta situación ha dejado a 135 niños y niñas sin sus madres.
«Es imperativo que el gobierno nacional reconsidere su decisión política respecto al desfinanciamiento o eliminación de políticas públicas destinadas al fortalecimiento de los derechos de las mujeres y diversidades», aseveró.
La Realidad
en el Chaco
El Chaco, con 12 femicidios registrados en lo que va del año, enfrenta una situación alarmante. La incidencia de casos cada 100 mil mujeres es la más alta del país, lo que refleja la gravedad de la crisis de violencia de género en esta región.
Este contexto se ve agravado por la falta de políticas públicas efectivas y por la burocracia que dificulta la implementación de medidas de protección para las víctimas.
«El negacionismo frente a esta problemática solo perpetúa acciones violentas e incrementa situaciones de peligro para las mujeres», afirmó Aguirre. Esta situación es particularmente crítica en la provincia, donde la implementación de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha sido insuficiente para frenar la escalada de violencia.
Causas y Dinámicas de la Violencia
De acuerdo con el informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, el 61% de los femicidios fue cometido por parejas o ex de las víctimas, y el 36% ocurrieron en la vivienda de la víctima, lo que resalta el peligro que muchas mujeres enfrentan en sus propios hogares.
Además, un 18% de las víctimas había realizado al menos una denuncia y el 10% tenía medidas de protección en vigencia, lo que cuestiona la eficacia de las herramientas legales disponibles para prevenir estos crímenes.
Otro dato preocupante es que, de los femicidas identificados, 8 pertenecían a fuerzas de seguridad o armadas, lo que sugiere un problema adicional relacionado con el acceso a armas y el poder coercitivo de los perpetradores.
Reclamos y Exigencias
Ante este panorama, las organizaciones feministas han reiterado sus demandas al gobierno nacional. Exigen la implementación efectiva de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, y la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos que protegen a las mujeres y diversidades sexogenéricas.
«El negacionismo de las brechas y desigualdades por motivos de género junto con el retroceso en materia de políticas públicas no hacen más que promover el recrudecimiento de la violencia machista hacia las mujeres y LGBTIQ+», denunció el Observatorio en su informe.
«En tanto el Gobierno sigue negando las violencias motivadas por el género observamos cómo los medios siguen espectacularizando los casos de femicidio. Este es el caso de Liliana Alegres en La Plata quien fuera violentada por su agresor en la vía pública sin que nadie interviniera para socorrerla.
Las imágenes circularon por todos los medios, pero nadie actuó a tiempo. El accionar del femicida continuó en la vivienda de la víctima hasta asesinarla. En el 61% de los casos el agresor es pareja o ex de la víctima», recordaron.
Además indicaron que «como denunciamos mes a mes la violencia de género es una problemática de orden social y político que está presente de manera transversal en todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, no distingue edad, creencias religiosas, clase social ni ideología partidaria. La denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández así lo demuestra».
Otro ejemplo de que la violencia machista está presente en todos los partidos políticos involucra al jefe del bloque de LLA en el Senado, Ezequiel Atauche, quien tiene una causa penal por contratar sicarios para asesinar a su ex pareja. Además, el ex legislador de Misiones por el partido Activar aliado de LLA, Germán Kiczka, fue capturado luego de profugarse tras ser acusado de integrar una red de pedofilia, repasaron.
«Como si esto fuera poco, el ministro de Justicia, Cuneo Libarona, a instancias de haber sido citado por la Comisión de Mujeres y Diversidades de la HCDN, negó la existencia de las diversidades sexogenéricas, violando las leyes y tratados internacionales de DDHH vigente en nuestro país», comentó.
«Exigimos una vez más la urgente implementación de la Ley Micaela a todos los funcionarios, en todos los cargos y sectores del Estado y la implementación de las leyes y tratados internacionales de DDHH de las mujeres y diversidades sexogenéricas», relató.
Además, las organizaciones han solicitado que se reconsidere el desfinanciamiento de programas esenciales como la línea 144 y el programa Acompañar, argumentando que estos recortes no solo ponen en peligro a las mujeres que ya están en situaciones de riesgo, sino que también perpetúan un ciclo de violencia estructural que afecta a toda la sociedad.
La situación de los asesinatos contra las mujeres en la Argentina, y particularmente en el Chaco, refleja una crisis profunda en la lucha contra la violencia de género. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones feministas y de derechos humanos, los recortes en políticas públicas y la falta de denuncias previas por parte de las víctimas indican que se necesita un enfoque más integral y efectivo para abordar esta problemática.
El alarmante número de femicidios en provincia, combinado con la inacción o insuficiencia de las políticas estatales, resalta la urgencia de implementar medidas que no solo protejan a las mujeres en situaciones de riesgo, sino que también trabajen en la prevención de la violencia desde sus raíces.
Las cifras presentadas por Mumala y el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven son un llamado a la acción para que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de las mujeres y diversidades en la Argentina. Sin un compromiso real y sostenido, la violencia de género seguirá cobrándose vidas en todo el país.