El presidente Javier Milei tomó esta medida luego de reunirse con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y con aliados en la Cámara baja. El decreto 782/2024 argumenta que la iniciativa aprobada por el Congreso es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, ya que no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina su fuente de financiamiento».
Este ha sido el principal argumento del Ejecutivo desde que la ley fue sancionada. Aunque, además, advierte «graves deficiencias técnicas y operativas» en el proyecto, que lo hacen «irrazonable» y difícil de implementar.
El Gobierno también instó al Poder Legislativo a «actuar con sensatez institucional y de forma responsable, evitando emitir disposiciones que sean inconvenientes para las cuentas públicas o que contradigan las proyecciones del presupuesto nacional».
Asimismo, destacaron que la administración de los recursos públicos debe realizarse de manera responsable, siguiendo los principios de buena administración y procurando el bien común.
El decreto advierte que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional, ya que podría generar incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento. Según el Ejecutivo, el impacto de la medida se estima en $6.160 millones para 2024 y en $15.430 millones para el año siguiente. Estos montos representan el 1,02% del PBI calculado para el año en curso y el 1,64% para el próximo año.
En cuanto al gasto previsional que implicaría para la Anses, se calcula que estos importes representarían un incremento del 18,5% para 2024 y del 29,2% para 2025.
Además, si estos gastos se compararan con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida implicaría un aumento del 8% del presupuesto en términos anuales.
EL GOBIERNO BREGA POR UN ORDEN ECONÓMICO SUSTENTABLE
El Ejecutivo recordó que su objetivo principal es alcanzar la emisión monetaria cero, para eliminar la crisis inflacionaria que afecta el poder adquisitivo de los argentinos.
En consecuencia, se señaló que la implementación de esta ley «dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas», lo que obligaría a recurrir a financiamiento extraordinario a través de deuda pública o aumentos de impuestos.
El bono se mantendrá
Mientras tanto, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de $70 mil para los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más; y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago está a cargo de la seguridad social.
Este monto se fijó en el decreto 783/2024, también publicado ayer. La normativa establece que «para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario».
El decreto también dispone que, en el caso de beneficios de pensión, sin importar la cantidad de copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional.
El Congreso puede insistir
Tras el veto, el Congreso tiene la opción de insistir en la nueva fórmula, lo que requeriría someterla nuevamente a votación y obtener el apoyo de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras. Primero será tratada en Diputados, cámara de origen, y luego en el Senado.
Desde la aprobación de la ley en el Congreso, el Gobierno ha fortalecido sus lazos con legisladores aliados, como el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
El viernes, se reunió con los principales dirigentes para explicar las razones por las que la medida no sería promulgada. En este contexto, el PRO se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo, pese a que sus legisladores habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones.
La ley vetada proponía una actualización mensual basada en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además, incorporaba una compensación extra del 8,1%, debido a que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.
Para evitar que la actualización de la canasta básica quede desfasada, se optó por impulsar un mínimo equivalente a 1,09%.
Preparan acción de amparo
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, ha anunciado que tomará medidas legales contra el reciente veto presidencial impuesto por Javier Milei.
En declaraciones recientes, Semino afirmó que «el ajuste en la economía y el superávit fiscal se viene haciendo sobre los jubilados, a ese superávit aportan los jubilados el 30%».
Respecto al amparo que prepara la Defensoría, Semino admitió en una entrevista con Radio Continental que, si bien es difícil que sea aceptado por la Justicia, existen fundamentos para proceder: «La Constitución nacional dice que el veto es una facultad del Presidente, pero muchos alegan que ese veto tiene que estar fundamentado y esos fundamentos deben ser razonables.
Vamos a ver si puede ser atacado esto y, en ese caso, iremos con un amparo colectivo. Esperamos que el Poder Legislativo mantenga su comportamiento».
Al referirse a los argumentos del amparo, señaló que podría generarse un «rechazo por inconstitucionalidad» y recordó como antecedente la medida presentada contra Alberto Fernández en 2020, cuando se suspendió la ley de movilidad: «Es muy similar a la medida que presentamos contra Alberto Fernández en 2020 cuando suspendió la Ley de Movilidad y tuvimos razón. Hay 100 mil juicios sobre esa suspensión».