En horas de la madrugada de ayer, en una votación con amplio respaldo opositor, el Senado de la Nación sancionó una ley que aumenta y actualiza el presupuesto destinado a las universidades nacionales.
La medida, aprobada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, fue impulsada por diversas fuerzas políticas, entre ellas, radicales, kirchneristas, partidos provinciales y bloques menores.
La ley establece la actualización mensual del presupuesto universitario en base a la inflación, con retroactividad al 1 de diciembre del año pasado, garantizando una distribución de fondos en función del número de estudiantes, egresados, hospitales y escuelas a cargo, y la actividad científica de cada institución.
El costo fiscal de la norma es de aproximadamente $780 mil millones, lo que equivale al 0,14% del PBI. Los sectores oficialistas criticaron criticado la medida, señalando que no define claramente las fuentes de financiamiento, acusando a la oposición de demagogia en un tema clave como la educación.
Los firmantes del proyecto incluyen a Fernando Carbajal, Juan Carlos Polini, Pablo Cervi, Danya Tavela, Marcela Antola, Atilio Benedetti, Pedro Galimberti, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Manuel Aguirre, Roberto Sánchez, Melina Giorgi, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Martín Tetaz.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
EN IGUALDAD
El proyecto de ley propone que la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria sea declarada como un servicio estratégico esencial en la República Argentina.
Esta medida garantizará el pleno derecho a la educación en igualdad de oportunidades, conforme a los artículos de la Constitución nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Para asegurar el derecho a la educación durante el ciclo lectivo, el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) deberán garantizar la apertura de los establecimientos educativos y los servicios de alimentación escolar, así como un porcentaje mínimo de personal, incluso en casos de paros o huelgas docentes.
Este porcentaje variará según la duración de la medida de acción directa, con incrementos en caso de que las medidas se extiendan más allá de 48 horas o cinco días.
Además, se modifica a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26061).
Puntualmente, se agregan párrafos e incisos para asegurar la continuidad del servicio educativo en situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, garantizando también la apertura de los establecimientos educativos y sus comedores.
El proyecto también dispone en la Ley de Educación Nacional (Ley 26206) reconocer la educación como un bien público y derecho social, subrayando su carácter de servicio estratégico esencial.
Para tal fin se establecen alternativas institucionales para asegurar la obligatoriedad escolar y el funcionamiento de los servicios educativos, incluso en contextos de conflictos laborales.
Por último, se modifican artículos de la Ley 25864 para establecer un ciclo anual mínimo de 190 días de clase y definir las horas mínimas de clase.
Se implementan mecanismos para asegurar el cumplimiento del ciclo lectivo y se abordarán garantías laborales relacionadas con el derecho a la educación. Además, se deroga el artículo 7° de esta.
«Veto total»
Horas luego de la sanción de la ley, el presidente Javier Milei anunció en su cuenta de la red social X (exTwitter) que la vetará.
Acto seguido, por la mañana de ayer, en conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, agregó que el tema estaba en análisis.
A ello, lejos de la prudencia de Adorni; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantó también en su cuenta de la red social X: «Se viene el veto». El propio Presidente lo ratificó. «Veto total», le respondió a Álvarez.
De ahora en más, el Gobierno tiene 10 días hábiles para torcer la decisión parlamentaria, un punto sobre el que hacían alusión hoy en la sede del Gobierno.
En Balcarce 50 sostenían que el tema universitario es, más allá de lo presupuestario eminentemente «político». Apuntaban a que el tema «ya se había hablado y había acuerdo con los rectores y esto (por la ley) modifica eso».
En el Gobierno agregaban que no los condiciona la advertencia del sector universitario respecto de una nueva y multitudinaria marcha como la que se registró a fines de abril pasado. «Si quieren marchar, que vuelan a marchar», dijo un funcionario libertario.
El veto será el segundo en la era libertaria, luego de que hace dos semanas el mandatario firmara el último 30 de agosto la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Garantizar recursos suficientes a las universidades
El senador nacional por la UCR, Eduardo Vischi, destacó la importancia de asegurar recursos para las universidades en una declaración antes del inicio de una sesión en el Congreso.
El legislador indicó que, tras haber conversado con diversos rectores, quedó en evidencia que la disponibilidad de fondos es fundamental para que las instituciones académicas puedan seguir funcionando con normalidad y garantizar el pago de salarios.
«Es una cuestión muy importante para las universidades», afirmó Vischi, añadiendo que este tema también será central en las discusiones para el próximo presupuesto.
«Este financiamiento permitirá a las universidades gestionar los aumentos necesarios e incluso negociar en el próximo presupuesto lo que requieren para 2025», aseveró.
El senador explicó que el apoyo parlamentario masivo del bloque de la UCR en torno a esta cuestión, surge como medida para garantizar el funcionamiento de las universidades, lo cual el radicalismo considera clave para el desarrollo del país.