El Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco manifestó su preocupación institucional ante el violento hecho que se intenta encuadrar como una medida de protección de la abogada G.C. bajo los términos de la Ley de Derecho a la Protección de Salud Mental (Ley 26657), que ha tomado estado público por medio de la prensa y que ha sido ejecutado por las fuerzas de seguridad por orden del Ministerio Público de la Defensa del Chaco.
«Nos preocupa tanto el cumplimiento estricto de las normas constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias que aplican en el caso, con el fin prioritario de asegurar los derechos humanos de la persona protegida, como el modo de ejecución razonable de esa medida, con el uso justificado, mínimo y proporcional de la fuerza pública, imprescindible y como último recurso», reza el comunicado.
«La restricción de la capacidad de las personas y eventualmente el tratamiento o la internación sin su consentimiento, cuando se invocan razones de salud mental, constituyen supuestos de excepción y de interpretación y aplicación restrictiva, conforme surge de los artículos 31 y 41 del Código Civil y Comercial y de los artículos 3 y 14 de la Ley 26657 (Derecho a la Protección de la Salud Mental).
La regla debe ser siempre la presunción de capacidad de las personas y, en consecuencia, el respeto a su libertad y autonomía (artículos 18 y 19 CN).
Solo en situaciones de riesgo cierto e inminente de un daño para la persona o para terceros y con numerosos requisitos que surgen enumerados del artículo 41 del Código Civil y Comercial, es posible resolver la internación sin consentimiento de la persona afectada. Una vez dispuesta, además, se habilitan de manera inmediata las garantías del debido proceso, el control judicial y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica, en resguardo de los derechos humanos de la persona afectada».
El ejercicio y despliegue de la fuerza pública debe hacerse siempre de manera razonable, mínima y proporcional, condiciones que no se han cumplido en el caso.
Esperamos, por lo tanto, que la medida que hemos visto con pavor pueda acreditar de manera efectiva y razonable el cumplimiento de las exigencias que protegen a las personas de la intervención arbitraria del Estado en sus vidas. Exhortamos, además, a garantizar con toda plenitud el control judicial inmediato y el debido proceso y el derecho de defensa de la persona protegida», finaliza.
La Cámara de Diputados tomó partido por la mujer
En un pronunciamiento contundente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha expresado su firme condena ante el reciente incidente que involucró a Gabriela Casas, en el que se vieron violentados sus derechos fundamentales.
Samuel Vargas reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos para todos los ciudadanos, enfatizando que estos no son un privilegio exclusivo de los delincuentes.
«Los derechos humanos son universales y deben ser protegidos y promovidos en todas las circunstancias», afirmó. Además, subrayó la importancia de garantizar el derecho a la defensa de la doctora Casas ante la Corporación Judicial, prometiendo que su gestión estará al servicio de todos aquellos que sufran violaciones a sus derechos, sin distinción.
Este incidente ha generado un profundo malestar en la sociedad, evidenciando la necesidad de un sistema judicial más justo y equitativo. La Comisión de Derechos Humanos se ha comprometido a investigar a fondo los hechos y a tomar las medidas necesarias para resguardar el bienestar y los derechos de la doctora Casas, así como de todos los ciudadanos que se encuentren en situaciones similares.
«Estamos aquí para escuchar, apoyar y garantizar que se respete la dignidad de cada persona», concluyó el presidente, reafirmando su compromiso con la justicia y la igualdad.
La Comisión de Derechos Humanos reitera su disposición para seguir trabajando en pro de una sociedad donde prevalezcan el respeto y la protección a los derechos de todos.