El veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria generó un profundo debate en la sociedad argentina, dividiendo opiniones y planteando serios interrogantes sobre el rumbo de las políticas sociales del Gobierno.
Mientras el Ejecutivo defiende su decisión como una medida necesaria para el equilibrio fiscal, los jubilados y sus representantes ven en ella un ataque a sus derechos más fundamentales.
Es por esto que Julio García, abogado y representante de la Mesa Coordinadora de Jubilados, presentó una acción judicial de inconstitucionalidad. Según García, esta medida es «una decisión del Poder Ejecutivo carente de razonabilidad y de fundamentos», y representa un ataque directo a los derechos de los jubilados.
En contacto con Radio Natagalá, Julio García afirmó que el veto presidencial es un acto que puede y debe ser revisado por el Poder Judicial, subrayando que «el veto es un acto revisable como cualquier otro acto jurídico».
Asimismo, remarca que el Estado de Derecho no puede permitir que decisiones como estas sean tomadas de manera arbitraria o sin justificación suficiente.
«Nuestro Estado de Derecho, nuestro sistema constitucional y convencional, prevé el reconocimiento a la jubilación digna», sostuvo García, haciendo referencia al artículo 14 bis de la Constitución nacional y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protegen los derechos de los jubilados. «Entendemos que el veto es una decisión del Poder Ejecutivo carente de razonabilidad y de fundamentos», agregó.
Por otra parte, también criticó duramente al Presidente, a quien acusó de gobernar «como si fuera un rey» y de actuar con desprecio hacia los sectores más vulnerables del país. «El Presidente que vive viajando al exterior, que no conoce el interior ni la vida de nuestra gente, vetó es un acto de desprecio, honestamente», manifestó el abogado.
retroceso
en los derechos
Uno de los puntos más fuertes del discurso de García fue la denuncia de que el veto presidencial implica un retroceso en los derechos adquiridos por los jubilados, lo cual es inconstitucional según el marco legal vigente.
«Nuestra Constitución dice, y las convenciones internacionales de derechos humanos aplicables, que una vez que se reconoce un derecho no puede volverse hacia atrás, no puede ser regresivo, sino progresivo», explicó.
El abogado también fue enfático al señalar que el veto presidencial no solo afecta a los jubilados, sino que se enmarca en una serie de medidas regresivas tomadas por el Ejecutivo, que también han impactado negativamente en otros sectores, como el de la educación superior. «Ayer vimos el veto al incremento del presupuesto universitario, y ya hay antecedentes en la Corte Suprema de Justicia revisando estos vetos», recordó García, mencionando específicamente la Ley de Educación Superior.
«Jactarse de que han despedido a casi 100 mil trabajadores es un acto de crueldad absoluta», continuó el abogado, denunciando que las políticas del Ejecutivo no solo perjudican a los jubilados, sino también a los trabajadores y estudiantes.
Un recurso
de defensa
En cuanto al camino judicial que han decidido emprender, García explicó que la presentación ante la Justicia Federal busca la declaración de inconstitucionalidad del veto, basándose en la falta de fundamentación y en la violación de derechos adquiridos. «El sistema jurídico prevé una serie de acciones positivas, específicamente en relación a algunos sectores, y en especial a los sectores que están estructuralmente damnificados por políticas regresivas, y esto es prohibitivo», señaló.
El abogado destacó que, en situaciones como esta, el Poder Judicial tiene la facultad de revisar los actos del Poder Ejecutivo, asegurando así el funcionamiento del sistema de equilibrios y controles propio del Estado de Derecho.
«El Estado de Derecho funciona con un sistema de equilibrios y con un sistema de controles. El Poder Judicial, por lo tanto, puede revisar cualquier acto del Poder Ejecutivo», afirmó.
En este sentido, recordó que ya existen antecedentes en los que la Corte Suprema de Justicia ha fallado en contra de vetos presidenciales, como en el caso de la Ley de Educación Superior, lo que refuerza la posibilidad de éxito de la acción judicial que se ha presentado.
Los tiempos procesales
Consultado sobre los plazos judiciales, García explicó que se trata de una acción de inconstitucionalidad, por lo que los tiempos procesales son «sumarísimos», según lo establece el Código de Procedimiento. «El proceso ya está en marcha y debería expedirse la Justicia Federal», indicó, confiando en que la resolución llegue en breve.
Sin embargo, el abogado también reconoció que las demandas contra el Estado suelen tener ciertas demoras, debido a la necesidad de notificar a la Procuración General, lo que alarga los plazos. «La Justicia está habilitada para resolver una cuestión meramente jurídica», expresó.
Un llamado
a la reflexión
En sus declaraciones, Julio García no solo hizo un fuerte llamado a la justicia para que revierta el veto, sino también a la reflexión sobre el rol del Estado en la protección de los derechos de los sectores más vulnerables. «Nos parece a nosotros que el Poder Ejecutivo es un poder más del Estado, que tiene que dar fundamento y razones de sus acciones», dijo, subrayando que el gobierno no puede actuar de manera unilateral en cuestiones tan delicadas como las jubilaciones.
El abogado cerró su discurso con un mensaje claro: «Será el Poder Judicial, conforme a derecho, quien dirá si estas medidas de restricción presupuestaria, de equilibrio fiscal, como se denomina ligeramente, pueden ir sobre los jubilados, sobre la vida de las universidades, sobre la vida de los trabajadores». Con estas palabras, García dejó en claro que la lucha por los derechos de los jubilados está lejos de terminar y que la Mesa Coordinadora de Jubilados seguirá defendiendo sus intereses hasta las últimas consecuencias.