La Defensoría del Pueblo del Chaco invitó a todos los ciudadanos y organizaciones interesados a sumarse al amparo colectivo presentado contra el aumento del boleto de transporte urbano en el Área Metropolitana de Resistencia. En este contexto, el Juzgado Civil y Comercial N.º 21, encabezado por el juez Julián Fernando Benito Flores, ordenó la difusión de esta convocatoria en virtud de la Ley N.º 770-R de Protección de Intereses Difusos.
Esta acción de amparo, presentada en el expediente N.º 11264/2024-1-C y caratulada como “Defensoría del Pueblo c/ Provincia del Chaco; Secretaría de Transporte y Servicios s/ Acción de Amparo”, tiene como propósito central anular la audiencia pública del 23 y 25 de septiembre, y declarar inconstitucional la Resolución N.º 1508/24 que avaló el aumento del pasaje sin cumplir con los principios de transparencia y participación ciudadana.
A raíz de esto, el juez Flores ordenó reducir el precio del boleto de $1150 a $710 hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. No obstante hasta el momento la orden judicial no se cumple y en los colectivos se continúa cobrando pasaje con el último aumento dispuesto.
La defensoría también destacó que además de la decisón de revertir el valor del pasaje el juzgado fijó una audiencia de conciliación para el 30 de noviembre de 2024, en la sede del Juzgado Civil y Comercial N.º 21.
Motivos del incumplimiento
Martín Marín, abogado representante de la Defensoría del Pueblo, explicó que, si bien la medida cautelar ordena el retorno inmediato al valor anterior de $710, el cambio en el sistema SUBE aún no se ha implementado. “Todavía, no se ha plasmado el precio de 710 como ordenó el juzgado civil y comercial número 21. Pero esto ya no depende técnicamente de manera directa de la Secretaría de Transportes o de algún ente regulador del Chaco, sino de un ente nacional, el que maneja las tarifas”, justificó.
Marín también indicó que la Defensoría ha seguido los procedimientos necesarios y ha notificado a las autoridades correspondientes en Buenos Aires, quienes son responsables del sistema SUBE y deben ajustar los valores en sus equipos.
Según el representante, “los representantes del Estado han presentado un escrito ante el juzgado demostrando que han cumplimentado con esta orden. Sin embargo, debido a que el ajuste técnico depende de la entidad nacional, el proceso se ha retrasado”.
confusión sobre la apelación
A pesar de la apelación presentada por el gobierno, Marín remarcó que la medida cautelar tiene “efecto no suspensivo” y, por lo tanto, debe cumplirse de inmediato, independientemente de cualquier recurso en trámite. “Hubo un error al principio, cuando algunos representantes del gobierno afirmaron que cumplirían con la medida solo cuando esta quede firme, pero eso no es correcto. Las medidas cautelares deben cumplirse desde el momento en que son ordenadas”, explicó Marín.
Marín instó a la ciudadanía a conocer sus derechos y recordó que “en el mientras tanto, por orden judicial, se tiene que volver a los 710 pesos”. Este retorno a la tarifa anterior se mantendrá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo del amparo colectivo.
participación ciudadana
En el marco del carácter colectivo de esta acción judicial, la Ley N.º 770-R permite a cualquier persona interesada adherir al amparo, presentar observaciones o expresar su oposición. Esta convocatoria busca promover una mayor participación ciudadana y permitir que todos los sectores afectados tengan voz en el proceso. Los interesados tienen un plazo de cinco días hábiles para realizar sus presentaciones, contados a partir de la última publicación de esta información.
Los escritos deberán ser presentados directamente en el Juzgado Civil y Comercial N.º 21 y deben contar con el patrocinio de un abogado. Según aclaró Marín, “los ciudadanos pueden hacer uso de su derecho de participar, pero deben hacerlo con la formalidad de cualquier escrito judicial, lo que incluye el patrocinio letrado”.
La audiencia de conciliación, pautada para el 30 de noviembre de 2024, representa una oportunidad para encontrar una solución negociada. Este encuentro será crucial, ya que permitirá a las partes presentar sus argumentos y explorar posibles alternativas que equilibren el costo del transporte con las necesidades y posibilidades económicas de los usuarios. En esta instancia, se espera la participación activa de distintos actores sociales, y la Defensoría del Pueblo ha expresado su disposición para colaborar en la búsqueda de una solución justa y equitativa.