Ante la resolución judicial que ordena retrotraer el valor del pasaje de colectivos en la provincia del Chaco a $710, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Bernardo Voloj, solicitó a las autoridades acelerar los trámites necesarios para implementar el cambio. Según Voloj, a pesar de las complejidades del sistema, el proceso debería ser concluido con urgencia: «No queremos que esto se dilate más», enfatizó en contacto con Radio Libertad. La medida se encuentra en suspenso a la espera de que el Sistema Nacional SUBE implemente la reconversión solicitada por la justicia.
El defensor del Pueblo aseguró que el proceso se ha visto afectado por «demoras lógicas» debido a la dependencia del sistema nacional que controla la SUBE. No obstante, insistió en que la demora podría convertirse en un incumplimiento de la orden judicial: «Queremos ser optimistas de que esta semana se pueda retrotraer el valor, porque si esto se sigue dilatando, se estaría entrando en una situación de desobediencia judicial», advirtió. La decisión judicial, que data de hace casi dos semanas, busca aliviar la carga económica de los usuarios tras el aumento del pasaje a $1150 en septiembre, una medida que fue aprobada rápidamente en medio de cuestionamientos sobre la metodología y justificación de costos.
Un Proceso de la Nación
La implementación de la tarifa reducida requiere, según Voloj, una coordinación con el Sistema Nacional SUBE, que administra la actualización de precios en las tarjetas. La Defensoría informó que tanto la provincia como la Nación han presentado los documentos necesarios para solicitar el cambio, y se espera una resolución en los próximos días. «El trámite está hecho, esperamos que más temprano que tarde el valor del pasaje vuelva a los $710”, afirmó Voloj. Sin embargo, remarcó que cualquier retraso adicional en el proceso afectará directamente a los usuarios y podría interpretarse como una acción intencional: «Una cosa son los tiempos administrativos, y otra las picardías para ganar tiempo».
Críticas al Aumento
El defensor también abordó la falta de claridad en el proceso de aprobación del incremento anterior, que elevó el pasaje a $1150. Voloj recordó que el proceso fue particularmente acelerado, ya que el aumento se confirmó apenas 48 horas después de la audiencia pública realizada el 25 de septiembre, lo que generó confusión y polémica. «48 horas después, un sábado en la siesta, anuncian el nuevo valor de $1150 sin explicar cómo ni cuánto», señaló.
En contraste, el defensor lamentó que no se diera el mismo tratamiento para implementar la rebaja ordenada judicialmente. «Es claro que cuando se trata de aumentos, el proceso es ágil; sin embargo, cuando la justicia ordena bajar el precio, los plazos se estiran», cuestionó Voloj.
Desafíos para el Sector
La cuestión de los subsidios también se ha convertido en un punto crítico. Según Voloj, uno de los factores detrás del incremento es la disminución en la contribución estatal al subsidio del transporte, lo cual ha sido cuestionado por su impacto en el usuario. Además, señaló que las proyecciones indican que el pasaje podría haber llegado a $1300 en enero, lo cual evidenciaría una reducción mayor en el subsidio provincial. «Es llamativa la disminución del subsidio porque, en última instancia, el Estado termina dejando que los usuarios absorban los costos de estas decisiones», declaró Voloj.
El defensor agregó que los costos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son notablemente menores en comparación con Chaco, donde el valor por pasajero alcanza aproximadamente los $1800. En contraste, el costo en el AMBA ronda los $1300, lo que sugiere una disparidad en la metodología de cálculo. «Nos parece necesario que ese estudio técnico de la tarifa pueda ser revisado; desde nuestro ángulo, algunos costos estaban muy sobredimensionados», comentó Voloj.
Impacto en el Uso
Otro punto relevante es el descenso en la cantidad de pasajeros, un efecto inmediato del incremento en el precio. Según estimaciones de la Defensoría, la suba del pasaje a $1150 ha reducido en un 15% a 20% la cantidad de usuarios, lo cual repercute negativamente tanto en la economía de las empresas de transporte como en la calidad del servicio. Ante esta situación, el defensor advirtió sobre las posibles repercusiones del cambio en el discurso empresarial: «Las empresas ya han insinuado que, si baja el precio del pasaje, podrían reducir la cantidad de unidades en servicio».
Voloj llamó a evitar esta politización de la discusión y enfatizó la necesidad de centrarse en soluciones prácticas para mejorar el servicio. «Lo que hace falta es buscar alternativas para que el usuario pueda viajar mejor. No necesitamos más peleas políticas; necesitamos creatividad y diálogo», concluyó.
Próxima Reunión
y Expectativas
Con la esperanza de llegar a un consenso, Voloj destacó la importancia de la próxima mesa de diálogo, convocada para el 30 de noviembre por el juez del caso. Esta reunión reunirá a representantes de la provincia, empresarios del transporte, usuarios y el área de transporte del gobierno provincial para discutir la cuestión tarifaria y la calidad del servicio. “Esperamos que esta instancia promueva un debate técnico en serio, que permita encontrar soluciones tanto en el precio como en la calidad del servicio que se ofrece», afirmó Voloj.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la protección de los derechos de los usuarios y su expectativa de que el diálogo permita una solución a largo plazo. Sin embargo, Voloj advirtió que no se tolerará ningún incumplimiento adicional: «Si no se retrotrae el valor esta semana, iniciaremos las acciones legales correspondientes», finalizó. Esta situación se convierte en un nuevo test para el gobierno provincial, en su esfuerzo por balancear la economía local y el acceso justo al transporte público, un servicio esencial para miles de chaqueños que dependen de su funcionamiento eficiente y accesible.