«Se termina Intercargo». Así explicitó el propio Javier Milei la postura oficial respecto a lo que consideraron un «ataque de terrorismo gremial», con el paro realizado el jueves 7 que afectó a miles de personas, incluyendo la retención de pasajeros dentro de aviones.
La expresión tajante del Presidente se dio luego de la reunión con sus ministros de ayer, cuando salió a saludar a la gente que pasaba por el frente de la Casa Rosada y no dudó en responder sobre el problema que afectó los vuelos en Aeroparque y Ezeiza. «Se sale trabajando, no extorsionando», manifestó sin rodeos.
Milei salió al balcón luego de una reunión de una hora con sus ministros y secretarios, para después bajar hasta las rejas para saludar a los grupos de alumnos de diversas escuelas que quisieron saludarlo.
Allí, consultado por el periodista de FM La Patriada Fabián Waldman, se refirió a la situación de Aerolíneas Argentinas y de la empresa encargada del servicio de rampas, Intercargo. Sobre esta última sostuvo que «obviamente que se termina Intercargo».
De esta manera, el jefe de Estado aprovechó para arremeter sobre uno de los puntales de la campaña que lo ubicó en el Sillón de Rivadavia. Y tuvo como exégeta a uno de los funcionarios que más injerencia tiene en este contexto.
Fue el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta aseguró: «Vamos a ir por la privatización y si no se da, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará.
Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene del Estado», para recordar que la empresa «durante el kirchnerismo le ha costado USD8 mil millones al Estado».
«TERRORISMO»
Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni el que se encargó de calificar de «terrorismo sindical» al accionar que afectó directamente a 2 mil personas. Algunas debieron permanecer por más de dos horas en los aviones, requiriendo atención médica por distintos padecimientos.
Y con este detalle se expuso la intención oficial de terminar con las estrategias gremiales, que casi siempre muestran un apego kirchnerista, que repercuten sobremanera en la ciudadanía que resulta tomada de rehén.
Así se reflejó en el pedido del Presidente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para la radicación de una denuncia penal contra los responsables del paro sorpresivo por extorsión y privación ilegítima de la libertad.
Casi al unísono, ordenó que la empresa estatal Intercargo dejara de tener la exclusividad de la prestación, seguido del despido de 15 trabajadores involucrados en el cuestionado accionar.
Todo ello fue cosechando un fuerte apoyo de la opinión pública, agotada de estas maniobras que exponen un evidente tinte político, puesto que se suceden siempre en gestiones que no son afines al justicialismo.