El hallazgo de dos paquetes sospechosos en los depósitos de una empresa de envío postal en Posadas, desarticuló a una organización dedicada al tráfico y distribución ilegal de armas y municiones en la región, la cual tenía como base de operaciones el sudoeste chaqueño.
Tanto quienes proveían del material como quienes lo adquirieron, fueron recientemente condenados por la Justicia Federal del Chaco, casi todos con penas leves de ejecución en suspenso, publicó el portal judicial Litigio.
EL CASO
Esta historia comenzó el 9 de marzo de 2023, cuando miembros de la División de Investigaciones Regional Aduanera Nordeste de la Afip, en Posadas, realizaron un control en la Zona Secundaria Aduanera.
Durante la inspección en los depósitos de la empresa Crucero Express, descubrieron dos encomiendas sospechosas enviadas desde Resistencia con destino a Bernardo de Yrigoyen, en Misiones.
Tras ser examinadas con equipos de rayos X, las encomiendas mostraron irregularidades. Por ello, se autorizó su apertura, obteniéndose los siguientes resultados: la primera, remitida por Darío Hernán Kondratiuk (domiciliado en Las Breñas) al destinatario Gustavo Baptista, contenía 275 municiones de arma de fuego de diversas marcas y calibres.
En tanto que la segunda fue enviada por un hombre de apellido González a Sabrina De Souza. Contenía una pistola automática calibre 22.
Bernardo de Yrigoyen, vale mencionar, es parte de la frontera seca de Misiones. Sus características geográficas facilitan el contrabando hacia la República del Brasil, ya que dos ciudades cariocas lindan con ella, calle por medio: Dionisio Cerqueira y Barracão. Sin alambrados y sin un río que divida a los territorios, unos pocos pasos separan a un país del otro.
Luego de consultar la base de datos de la Afip y analizar tanto el perfil de los involucrados con los dos paquetes secuestrados en Posadas, además de constatar la llamativa frecuencia de las encomiendas enviadas, la División de Investigaciones Regional Aduanera Nordeste presentó una denuncia penal.
Ante eso, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de una instrucción judicial y dispuso una serie de investigaciones conjuntas entre la División de Investigaciones Regionales 6 Nordeste de la Afip-DGA, la Gendarmería Nacional y la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados), requiriendo un informe detallado sobre el perfil de los implicados.
La investigación incluyó múltiples allanamientos en Chaco, Buenos Aires y Misiones donde se secuestró una enorme cantidad de armamento y municiones, algunas con irregularidades.
En Las Breñas, en el domicilio de Darío Hernán Kondratiuk, se confiscaron dos escopetas (una de ellas registrada a su nombre), un carnet de Legítimo Usuario de Armas de Fuego, registros de consumo de municiones y un considerable lote de municiones de diversos calibres. Además, se encontraron facturas que vinculan al imputado con la empresa Credin Logística.
Por su parte, en Corzuela, el allanamiento en la vivienda de Roque Fernando Oliva reveló cuatro armas de fuego, incluyendo una sin marca ni numeración, junto con municiones de distintos calibres y algo de dinero en efectivo.
Intervenciones telefónicas indicaron que Oliva pactaba precios y coordinaba envíos ilegales de armas y municiones. Según la investigación, desde 2022 realizó 12 envíos a Misiones, algunos de los cuales contenían armamento.
En Charata, en el domicilio de Enzo Emanuel Varela, se incautaron ocho armas largas, dos armas de puño, 163 municiones de diversos calibres y una máquina para recargar cartuchos. Mientras tanto, en Mar del Plata, en la vivienda de Fabio Silleta, se hallaron seis armas largas, un arma de puño y 112 municiones de diferentes marcas y calibres.
En Las Breñas, nuevamente, en la residencia de Darío Miguel Pirura, las autoridades confiscaron seis armas largas, tres armas de puño y más de 2 mil municiones. En un comercio de su propiedad, ubicado en la misma localidad, se halló un importante stock de municiones de diversos calibres, sumado a armas de puño adicionales.
En Misiones, los operativos también dejaron resultados contundentes. En Bernardo de Yrigoyen se secuestraron dos armas largas, un arma de puño y municiones en el domicilio de Gustavo Andrés Baptista. En San Antonio, la residencia de Sabrina De Souza arrojó un arma de puño y municiones de varios calibres.
Finalmente, en otros allanamientos realizados en Misiones, se incautaron armas largas, municiones y otros elementos en los domicilios de Carlos Andrés Matter y Miguel Ángel Matwejczuk.
Este último también poseía credenciales de consumo de municiones y un carné de legítimo usuario.
El juicio y las penas
El fiscal subrogante Horacio Rodríguez y los imputados, asesorados por sus defensores, arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, procedimiento judicial en el cual el imputado acepta su culpabilidad a cambio de una reducción en la pena.
Ante este acuerdo, el juez Enrique Bosch, en integración unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, homologó dicho acto a través de la sentencia fechada el 13 de noviembre pasado.
Darío Hernán Kondratiuk fue condenado como autor penalmente responsable por el delito de acopio de armas de fuego y municiones, a la pena de cuatro años de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario. Se tomó en cuenta la gran cantidad de municiones incautadas, la falta de autorización requerida para tenerlas, y la clara afectación al bien jurídico tutelado de la seguridad pública.
Roque Fernando Oliva, Fabio Silleta, y Enzo Manuel Varela fueron declarados culpables como autores del delito de provisión ilegal de armas de fuego a la pena de tres años de prisión en suspenso -en el caso de Oliva y Silleta- y dos años en suspenso -en el caso de Varela-.
El delito tratado presupone, para su configuración, la acción de «entregar», un arma de fuego, a cualquier título, a quien no reúne la condición de legítimo usuario.
Según se indicó, en cuanto al accionar típico de los imputados, se logró verificar la existencia de facturas y encomiendas dirigidas por parte de Oliva, Silleta y Varela, a terceros, en relación a los que no se logró acreditar la condición de legítimo usuario.
Varela manifestó al momento de efectuarse el allanamiento en su domicilio que vendió armas y municiones debido a su «incapacidad laboral por problemas de salud».
Finalmente, Darío Miguel Pirura, Gustavo Baptista, Carlos Andrés Matter, Miguel Ángel Matwejuczuk, y Sabrina De Souza, fueron condenados como autores del delito de tenencia ilegítima de armas Souza de fuego, a la pena de dos años de prisión en suspenso (para Pirura, Matwejuczuk y Baptista) y seis meses de prisión en suspenso (en los casos de Matter y De Souza).